Aunque la fiscalía asegura que en el ataque contra el candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, el 2 de marzo en Cúcuta, no se utilizaron armas de fuego, las luces de alerta siguen encendidas en un país que durante 70 años el asesinato político ha sido una de las tradiciones de un poder fáctico amparado por la impunidad.

Hasta hace algunas semanas Petro era considerado por analistas como un instrumento artificialmente inflado con encuestas diseñadas a gusto de grandes jugadores electorales para meter miedo a los ricos y las clases medias presas de un pánico patológico, para agudizar el fascismo social, como lo caracteriza Boaventura de Sousa Santos, entre los segmentos más pobres y miserables.

La narrativa utilizada para el efecto es la de castrochavismo y petrochavismo, la venezuelización de Colombia por Petro en caso de llegar a ser elegido como Presidente. Sin embargo, las cosas parecen tener otro cariz. A estas alturas de la campaña, con Petro posicionado en la punta de las encuestas y de varios sondeos, su figura y liderazgo tomó otro rumbo, se agigantó y, por ende, su persona comenzó a correr más peligro.

El analista Horacio Duque afirma que Petro adquirió una consistente dimensión política, se volvió una razón social muy potente, alcanzó la forma de un avatar popular en el que se cuelan todas las rabias, todas la indignación acumulada, todas las demandas más sensibles de los pobres, de los trabajadores, de los indígenas, de los afros, mujeres, maestros, jóvenes, ambientalistas, LGBTI etc.

Lo cierto es que el asesinato político en Colombia, tiene trágicos antecedentes y para no remontarnos a la época de la independencia es a partir del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, que una y otra vez, por setenta años, el método que ha usado la “democrática” oligarquía burguesa colombiana para frenar a los candidatos adversarios –los populares- ha sido su eliminación física. Muchas veces con guion redactado en Washington, claro.

Gaitán fue asesinado por su compromiso con la reforma agraria, y porque se declaró a favor de la nacionalización de sectores decisivos de la economía, como los bancos. Pero el asesinato de líderes populares no paró ahí: el 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica (UP), quien como candidato presidencial en 1986 había obtenido una cifra récord de votos.

Casi dos años después, el 18 de agosto de 1989 “Popeye”, un sicario del narcotraficante Pablo Escobar, asesinó al candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, que era el favorito según las encuestas y el 22 de marzo de 1990 a Bernardo Jaramillo, que se sumó a la masacre de 11 congresistas y miles de militantes de la UP y el Partido Comunista Colombiano.

En ese momento, el ex movimiento guerrillero M19 (del cual Petro era militante), competía por primera vez en elecciones por la presidencia, y su candidato Carlos Pizarro Leongómez fue ametrallado dentro de un avión el 26 de abril de 1990. Veinte años después, en 2010, se determinó que funcionarios de la policía política DAS, entre ellos su exdirector, fueron partícipes del crimen.

Popeye”, quien acompaña al Centro Democrático, recientemente celebró el asesinato de Carlos Pizarro, asegurando que “si Carlos Castaño no lo mataba, hoy Colombia sería otra Venezuela”…

Manuel Cepeda Vargas, ex secretario de la Juventud Comunista y director del semanario Voz, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por suboficiales retirados del Ejército. Contra la vida de Aída Avella también se atentó obligándola a salir del país.

Los ultraderechistas Cambio Radical, Centro Democrático, y el propio presidente Juan Manuel Santos, junto con los medios hegemónicos de comunicación como Caracol y RCN, han tratado de imponer en el imaginario colectivo de que Venezuela es una dictadura castrochavista, y que todos las personas, grupos y partidos de izquierda, incluyendo a Gustavo Petro, son castrochavistas, y por ende, como decía Popeye, hay que detener la amenaza de que Colombia se convierta en una nueva Venezuela.

Mientras sigue la campaña presidencial, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos siguen siendo asesinados sistemáticamente en Colombia, con la impunidad brindada por el poder fáctico. En lo que va del 2018 se registraron 40 asesinatos, más de uno cada dos días– entre los que se destacan líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes e integrantes del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Algunos de los líderes asesinados desarrollaban actividades relacionadas con la restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, oposición a proyectos minero energéticos, defensa de los derechos humanos, defensa del territorio y del medio ambiente

La Fiscalía General reportó 2.292 personas inhumadas como no identificadas solamente en cinco cementerios de los llanos orientales. En promedio se restituyeron 15 cuerpos por año, lo cual indica que hacen falta 144 años para entregar dignamente el total de los cuerpos inhumados tan sólo en estos cinco cementerios. Encontrar e identificar a todos los desaparecidos de Colombia podría durar un milenio.

Los esfuerzos de los medios hegemónicos por enlodar y degradar la figura del exalcalde bogotano parece haber sido contraproducente para el establishment. Petro hoy representa la memoria histórica acumulada, en el camino de la paz y la justicia social. Por ahora va esquivando las balas…

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la  )