El desencuentro en apreciaciones y juicios que ventilan públicamente, por fortuna, los titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y Alberto Elías Beltrán, respectivamente, es una muestra de lo que falta por ver en este final de sexenio, que no apunta a la transparencia y honestidad en los 7.9 meses que le restan para hacer honor a su último lema propagandístico: Hagamos bien las cuentas.

Justo fue un ejercicio no propagandístico sino de rendición anual de cuentas de González Pérez, ante el inquilino principal de Los Pinos, lo que provocó la reacción del encargado interino de la PGR con una disputa burocrática por las atribuciones de la CNDH y la Procuraduría que ni en los tiempos del partido prácticamente único destacó por ser tan burda y utilizada para bajar a Ricardo Anaya del segundo lugar en las preferencias y enquistar a José Antonio Meade, como encomienda “ministerial”, misma que sólo pudo ordenar el “jefe de las instituciones nacionales”, como lo llamaba Francisco Cárdenas Cruz, el columnista estrella de 1980 a 2007.

Para el procurador “la función de la CNDH se limita a detectar si hubo violaciones a los derechos humanos, y no puede sustituir (a la PGR) en sus funciones, que están claramente determinadas en las normas jurídicas respectivas (2-IV-18), en alusión a la investigación de la matanza y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el 26-27 de septiembre de 2014. Este juicio de rivalidad institucional y en último término burocrática, es interpretado como respuesta al informe crítico que presentó la semana pasada González Pérez, y en el que señaló el incumplimiento de recomendaciones y demandó atenderlas.

La réplica del también llamado ombudsman (“defensor del pueblo” en sueco, título que le queda grande a cualquier institución mexicana), se preguntó si con lo que contesta la PGR ya está resuelta la procuración de justicia, ya se resolvió la impunidad, y pidió una reacción más seria a las observaciones por las acciones y omisiones que cometen los servidores públicos.

Cierto, la tarea de la PGR es procurar justicia y la de la CNDH es vigilar que los procedimientos no pongan en riesgo las garantías individuales. Sin embargo, múltiples señalamientos bien documentados sostienen que la investigación por la barbarie de Iguala, tiene numerosas deficiencias. Apuntan que se violentaron derechos de los inculpados, muchos de los cuales fueron víctimas de tortura para obligarlos a declarar relatos que se correspondan con la “la verdad histórica”, del entonces procurador Jesús Murillo Karam, ahora exitoso empresario de gasolinas, en cuanto a que en la agresión sólo participaron agentes policiacos locales e integrantes de una banda delictiva, y que los 43 jóvenes que sufrieron desaparición forzada esa noche fueron asesinados e incinerados en la vecina Cocula.

En tanto, la PGR sigue renuente hasta la intransigencia a emprender otras líneas de investigación que podrían llevar al descubrimiento de otros actores del ataque contra los normalistas.

No hay suplantación de funciones, sino observaciones puntuales de hechos que pueden considerarse violaciones a las garantías fundamentales, y en muchas de las cuales la CNDH coincide, entre otros, con las apreciaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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