La undécima Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial de Comercio –OMC–, realizada en Buenos Aires en diciembre 2017, marcó un momento histórico.  Las grandes corporaciones habían tratado de garantizar que la economía global del futuro, en la que el ámbito digital afectará todos los aspectos de la actividad económica, quede enmarcada en un régimen normativo pro corporativo.  Pero recibieron un fuerte golpe cuando algunos países en desarrollo, miembros de la OMC, se resistieron con éxito a nuevas negociaciones sobre "comercio electrónico".  Entretanto, los cambios que exigían los países en desarrollo para abrir un mayor espacio para políticas de desarrollo quedaron pendientes.

Los países en desarrollo, en su momento, solo habían aceptado iniciar nuevas negociaciones bajo la Ronda de Doha (incluyendo una ampliación del alcance y la cobertura de los sectores económicos sometidos a las normas de liberalización de la OMC) sobre la base de que también se abordarían sus preocupaciones sobre cómo las normas fundacionales de la organización limitaban el espacio político para estrategias nacionales pro-desarrollo.  Dado que los países desarrollados nunca han aceptado alterar las normas perjudiciales de la OMC, la ronda se ha estancado.

Nueva ofensiva tecnológica corporativa

En los últimos años, los partidarios de la liberalización se han centrado en colocar nuevos temas pro-corporativos en la agenda de negociación.  Esperaban utilizar la reunión ministerial de Buenos Aires para lanzar una nueva ronda de conversaciones, que no solo desplazaría permanentemente los esfuerzos para cambiar las normas existentes que restringen el desarrollo, sino que también incluiría una agenda pro-corporativa centrada en la futura economía digital.  Enmarcaron la necesidad de este nuevo conjunto de normas en el argumento de que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y los países en desarrollo serían los principales beneficiarios del "comercio electrónico para el desarrollo".

Los proponentes de las normas del comercio electrónico lanzaron este impulso con una propuesta de EEUU en julio de 2016.  Luego, durante los meses siguientes, se aseguraron de que al menos un país en desarrollo figurara respaldando cada propuesta de un país desarrollado, para crear una narrativa de que el comercio electrónico no es un asunto del Norte contra el Sur.  Pero hay al menos 12 razones para oponerse a las negociaciones de comercio electrónico en la OMC[1].

En resumen, los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft buscan consolidar su agenda desreguladora a nivel mundial, para asegurar que no tengan que rendir cuentas ante los trabajadores, los consumidores, las comunidades o los gobiernos de los países donde operan; que tengan un suministro adecuado de mano de obra flexible; que sus estrategias de evasión tributaria estén codificadas; que obtengan acceso irrestricto a los mercados; y así pueden controlar los datos –el recurso más valioso del mundo–, en sus respectivos sectores.  Su objetivo era obtener el mandato de iniciar negociaciones sobre el "comercio electrónico", en la reunión ministerial de Buenos Aires, y de hecho, en los meses previos, tuvimos pocas esperanzas de que este objetivo pudiera evitarse.

Otros temas muy significativos estaban también en la agenda, incluidos los esfuerzos para disciplinar los subsidios pesqueros perjudiciales; desafortunadamente, algunos países de pesca industrial también estaban utilizando las negociaciones para tratar de limitar la competencia por parte de los países en desarrollo.  Hubo propuestas sobre facilitación de inversiones y para limitar la capacidad de los países para regular los servicios nacionales en aras del interés público.

Los países en desarrollo buscaron la entrega de un mandato previo para flexibilizar las normas agrícolas de la OMC para poder alimentar a sus poblaciones empobrecidas mediante el “public stockholding” (existencias públicas o almacenamiento) de alimentos y respuestas a sus demandas de cambiar las políticas que han perjudicado a sus economías durante los 23 años de vida de la OMC (el “mandato de desarrollo").

La incidencia de la sociedad civil

A principios de 2017, los expertos en comercio que trabajan a través de la red mundial, Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS, por su sigla en inglés) y nuevos miembros especializados en derechos digitales, comenzaron a desarrollar y compartir análisis sustantivos de los posibles impactos de las propuestas de "comercio electrónico".  Ellos revelaron que la agenda de las corporaciones de Big Tech aumentaría su propio poder, al tiempo que limitaría severamente la capacidad de los países en desarrollo para aprovechar el comercio electrónico para el desarrollo.  Estos actores de la sociedad civil organizaron diversos eventos en el Foro Público de la OMC y publicaron una variedad de aportes significativos y documentos de investigación (todos disponibles en www.ourworldisnotforsale.net).

Algunos delegados y delegadas altamente cualificados, en particular de Sudáfrica y Uganda, intervinieron estratégicamente en las negociaciones a lo largo del año.  La resistencia del Grupo Africano se aceleró cuando surgieron dudas acerca de cuán favorables para el desarrollo eran realmente las propuestas de "comercio electrónico".

Poco antes de la reunión ministerial, los proponentes del comercio electrónico moderaron sus ambiciones, debido a la resistencia del bloque africano y algunos miembros asiáticos y latinoamericanos.  Acto seguido, propusieron conversaciones sobre cuestiones aparentemente más técnicas, como las relativas a los pagos electrónicos, la firma electrónica y el correo no deseado.  Parecía que tal vez no se llegaría a un acuerdo sobre un mandato totalmente nuevo para las negociaciones, pero esperaban al menos lograr algo, como "ascender de nivel" las actuales conversaciones en comités a una estructura más institucional.

Los esfuerzos de la sociedad civil, no obstante obstáculos a su participación, contribuyeron a que estos esfuerzos no prosperen. (Ver recuadro)

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La sociedad civil movilizada

Apenas unos días antes de la reunión ministerial, docenas de miembros de OWINFS y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) recibieron una notificación de que el gobierno argentino había anulado su acreditación, a pesar de que ya había sido confirmada por la OMC.  La prensa internacional cubrió extensamente esta movida escandalosamente represiva, y OWINFS exigió que se permitiera la participación de todas las OSC, o que la OMC pospusiera la reunión hasta que se encontrara un anfitrión receptivo.  Los gobiernos de los países de residencia de algunas OSC intervinieron con el gobierno argentino, y aproximadamente la mitad de los delegados y delegadas excluidos finalmente pudieron participar.

Durante la reunión ministerial, los miembros de OWINFS monitorearon las negociaciones día a día y mantuvieron reuniones de estrategia dos veces al día para compartir las últimas noticias y crear estrategias para influir en el resultado.  Realizamos movilizaciones diarias en el centro de conferencias, presentamos nuestro mensaje a los delegados, y llevamos a cabo una amplia difusión mediática y transmitimos en vivo nuestros eventos.  Reaccionamos velozmente a los acontecimientos de última hora; cuando se intentó ganar apoyo para una agenda de liberalización mediante la promoción de una agenda de "género y comercio", pasamos la noche realizando un análisis de los verdaderos impactos de las propuestas, y obtuvimos el apoyo de cientos de grupos feministas para advertir a los delegados que no usen el "género" como un caballo de Troya para las políticas neoliberales.  Abogamos constantemente por nuestras posiciones con los delegados en Buenos Aires, mientras que nuestros miembros en sus países hablaban con los tomadores de decisiones basados en sus capitales.

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Evaluación de los resultados de la Ministerial

El resultado fue casi un milagro: los esfuerzos de Google, Apple, Facebook y Amazon finalmente no tuvieron éxito frente a la resistencia de la mayoría de los países en desarrollo.  Los miembros de la OMC solo afirmaron los mandatos existentes; no hubo un nuevo mandato, ni siquiera para elevar de nivel el estatus de las discusiones.  El big business se quedó con las manos vacías.  Toda vez, tampoco se ha acordado aún una agenda positiva para el cambio.

El último día, menos de la mitad de los miembros de la OMC apoyaron una "Declaración conjunta sobre comercio electrónico".  Planean realizar un "trabajo exploratorio hacia futuras negociaciones de la OMC", a pesar de que no hay un mandato de la conferencia ministerial para llevar el comercio electrónico más allá de las "discusiones" actualmente autorizadas.  Esto representa una repetición de las tácticas utilizadas en la negociación del Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA por su sigla en inglés).  Un grupo de países auto-designado se encargó de reescribir las normas de comercio en servicios de la OMC, de formas que se inmiscuyan profundamente en el derecho de las naciones a regular y excluyan cualquier dimensión de desarrollo.  El TiSA no tenía mandato de la OMC y, en teoría, se manejó fuera de ella, pero la secretaría fue cómplice al facilitar sus reuniones.  Lo mismo no debe suceder con el comercio electrónico.

Una mayoría de los países acordó que la OMC no debería limitar aún más su derecho soberano a regular los servicios en función del interés público; un intento de los proponentes neoliberales de lograr un acuerdo sobre nuevas disciplinas de "reglamentación nacional"[2] fracasó.  Del mismo modo, una mayoría de miembros de la OMC se da cuenta de que no se justifican nuevas negociaciones sobre la facilitación de la inversión[3] y se pronunció en contra de un nuevo mandato al respecto.

Otros asuntos, como las MiPyMEs y "género y comercio" surgieron como caballos de Troya para introducir por lo bajo "nuevos asuntos" y es probable que los proponentes continúen con estas tácticas sigilosas a futuro.

A su vez, los delegados y delegadas de OWINFS estaban profundamente decepcionados de que los miembros de la OMC volvieran a perder una oportunidad crucial para abordar problemas fundamentales del sistema de comercio mundial[4].  A pesar del mandato para encontrar una solución permanente para la constitución de existencias públicas en la agricultura, los miembros no pudieron eliminar las restricciones que la OMC impone a la capacidad de los países para alimentar a sus poblaciones hambrientas[5] y mejorar los medios de subsistencia[6] de los agricultores; tampoco a asegurar un Mecanismo de Salvaguardia Especial viable (que permitiría a los países que experimentan oleadas de importaciones proteger a los agricultores nacionales); ni a disciplinar los subsidios que distorsionan el comercio[7] y afectan los medios de subsistencia[8] de los agricultores en todo el mundo.  Del mismo modo, no se avanzó en la cuestión clave de las restricciones que la OMC impone al desarrollo[9], las propuestas de desarrollo del G90 fueron ignorados por completo.

Afortunadamente, dado que no hubo una declaración ministerial, las afirmaciones previas de la agenda de desarrollo aún se mantienen.  Es lamentable que los miembros no hayan podido acordar disciplinar los subsidios a la pesca, pero dado que algunos miembros se opusieron a preservar el espacio de políticas de desarrollo en la pesca[10], es mejor que los miembros continúen las consultas en Ginebra sobre este tema.

Mientras EEUU empleaba el bullying para intentar moldear un resultado a favor de sus intereses tecnológicos corporativos, fue decepcionante ver que la UE descuidó desempeñar un papel constructivo en la reunión ministerial, y muchos países con gobiernos de derecha de América Latina y Asia también se alinearon con la agenda corporativa.  Salvaron la situación el Grupo Africano, India, el grupo ALBA de países latinoamericanos y otros que promueven un enfoque de política comercial multilateral que fomente, en lugar de limitar, las perspectivas de desarrollo.

Un cambio de paradigma potencial hacia la adopción de acuerdos "plurilaterales" surgió de la MC11.  Si bien la actual proliferación de acuerdos bilaterales y mega-regionales continuará independientemente del resultado ministerial, los intentos de lograr un acuerdo entre países "afines" sobre el comercio electrónico y otras cuestiones dentro de la OMC constituyen un nuevo desafío.  Esto debe ser monitoreado cuidadosamente, ya que los gobiernos más neoliberales se esforzarán por establecer un estándar entre ellos para luego importarlo a la OMC como una nueva obligación multilateral.  Los miembros de OWINFS continúan apoyando cambios en las normas de la OMC que perjudican a los agricultores y restringen el desarrollo; también se oponen a la expansión de las normas de liberalización comercial, ya sean bilaterales, plurilaterales o multilaterales en la OMC.

Los próximos pasos

Otra cuestión clave para la OMC este año será la ofensiva de Estados Unidos contra el Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD).  La administración Trump se opone a cualquier reducción de la soberanía de EEUU y ha tratado de interferir en los procedimientos de solución de diferencias al bloquear la confirmación de nuevos miembros del panel del cuerpo de apelación, sobre la base de que éste ha fallado contra los Estados Unidos en algunos casos clave cuando ese país violó las normas de la OMC, y por lo tanto sería parcial.  Sin embargo, el MSD sigue aplicando normas asimétricas contra los países en desarrollo y las regulaciones de interés público, y su efectividad depende de la capacidad del país querellante para tomar represalias, haciendo que sea útil para los países poderosos pero no tanto para los países en desarrollo.

EEUU no recibe un trato injusto por parte del cuerpo de apelación, como Trump alega; más bien, la OMC reiteradamente sentencia a favor de un mayor acceso a los mercados (por parte del demandante) y en contra de las regulaciones de interés nacional (por parte del acusado).  Las críticas que la administración Trump ha presentado al MSD no proponen ninguna solución, y no queda claro a dónde irá este tema, salvo que seguramente "salpicará" a las negociaciones que se realicen simultáneamente.

Al mismo tiempo, la reciente imposición por Trump de aranceles sobre el acero y el aluminio y sobre las importaciones procedentes de China por un valor de 60.000 millones de dólares, podría estimular el deseo estadounidense de contar con un sistema de solución de diferencias que funcione, ya que los países suelen recurrir a medidas de salvaguardia o a presentar casos en la OMC cuando las negociaciones no han podido resolver las diferencias de manera proactiva.

Entretanto, la sociedad civil necesita acelerar y masificar su trabajo para cuestionar y frenar la agenda corporativa de "comercio electrónico", especialmente porque nos enfrentaremos a una mayor oposición, incluso desde dentro de la propia sociedad civil.  En efecto, Google y otras empresas tecnológicas proporcionan fondos significativos a ciertas OSC que trabajan en derechos digitales o realizan campañas sobre la neutralidad de la red y otros temas.

Ahora que han enfrentado un revés en la OMC, canalizarán más fondos hacia las OSC para hacer campañas por "acuerdos comerciales para lograr los derechos digitales", incluidas disposiciones como "el acceso a Internet".  Esto puede generar una situación en la que los defensores de derechos piensen que trabajan, por ejemplo, contra la censura en Rusia al proponer la inclusión de medidas en un acuerdo comercial, sin saber que la estructura del acuerdo está organizada en torno a la consolidación de derechos para las corporaciones y la minimización de sus responsabilidades hacia las comunidades y países donde ellas operan.

Para la sociedad civil, incluyendo los sindicatos, será importante que amplíe su trabajo para crear una mayor conciencia global sobre las implicaciones de las normas propuestas de "comercio electrónico" en la OMC; y particularmente, que señale cómo afectaría una multitud de aspectos, como la política industrial, el empleo, los derechos laborales, el desarrollo, la regulación financiera, la justicia tributaria y otros, con lo que no basta verlo únicamente como un asunto de comercio o de la OMC.

También será esencial salvaguardar el desarrollo de la pesca a la vez que limitar los subsidios nocivos a la pesca, ya que esta cuestión clave volverá a la agenda.  Del mismo modo, las OSC necesitan permanecer vigilantes frente a cualquier otra expansión de la OMC, como las normas que restrinjan la regulación nacional y la promoción de la facilitación de la inversión.  Y es esencial que las OSC amplíen el trabajo sobre agricultura y desarrollo, destacando, por ejemplo, cómo las normas existentes de la OMC restringen la capacidad de los países en desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que exijan cambios para permitir una mayor flexibilidad de las normas perjudiciales.  (Traducción ALAI).

Deborah James es Directora de Programas Internacionales del Center for Economic Policy Research (www.cepr.net – Washington DC) y coordina la red global Nuestro Mundo no Está en Venta (OWINFS).