A pesar de haber sido la Cumbre con la menor participación de presidentes desde la creación de este cónclave en 1994, y la primera en la que no participa un presidente norteamericano, lo más importante de la VIII Cumbre de las Américas, realizada en Lima, el 13 y 14 de abril, es que permitió ver con claridad las posiciones de los países del continente frente a dos temas fundamentales: la democracia en Venezuela y el bombardeo de Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, Gran Bretaña y Francia, a las instalaciones de fabricación de armas químicas en Siria, en represalia por los presuntos ataques con armas químicas a población civil, por el gobierno de ese país. Este ocurrió mientras tenía lugar la Cumbre.

Solo Bolivia y Cuba condenaron abiertamente el bombardeo a Siria y el último señaló que se trataba de una acción unilateral, ilegal, sin evidencias comprobadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), por lo que dichas acciones constituían una flagrante violación de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que contribuirán a agudizar el conflicto en la región.

Los demás países hicieron caso omiso al pedido del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, quien durante su intervención solicitó a los gobiernos su apoyo público a las acciones militares de parte de Estados Unidos y sus aliados contra Siria. Salvo Canadá y Colombia, cuyos gobiernos las respaldaron, el resto de los países del continente condenó el uso de armas químicas, pero rechazó implícitamente las acciones militares al hacer un llamado para que, a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales, se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crueles consecuencias y se hagan esfuerzos para evitar una escalada de violencia, recurriendo a los caminos del diálogo.

El otro gran tema de la cumbre fue el de la democracia en Venezuela. Basándose en la Declaración de la Cumbre de Quebec de 2001, que señala que la alteración del orden democrático de un Estado lo excluye de participar en la cita regional, el Perú, en su calidad de anfitrión, fue el encargado de retirarle la invitación al presidente Maduro en noviembre.

La acción, que no fue consultada al conjunto de los países, dio lugar a que este mantuviera en vilo al Perú durante semanas, al haber anunciado que iría a la Cumbre por tierra, mar o aire. Sin embargo, su interés terminó horas después de que Trump cancelara su asistencia cuatro días antes del inicio de la Cumbre, ante el inminente ataque a Siria, tal como lo informó la Casa Blanca. Además, Maduro ya se había tranquilizado luego de que el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se viera obligado a renunciar por la difusión de videos que develarían su participación en actos de corrupción.

A la cumbre tampoco asistieron los presidentes de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Paraguay, además de un grupo importante de países del Caribe, quienes enviaron a sus vicepresidentes o cancilleres. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, tuvo que regresar a su país luego de la aparición de fotos que mostraban los cadáveres de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados a fines de marzo en la frontera con Colombia.

Aunque Maduro no estuviera presente, la democracia en Venezuela fue el tema central y más controvertido de la Cumbre presidencial. Por el contrario, en la paralela Cumbre de los Pueblos se respaldó por unanimidad al gobierno de Maduro y se exigió la excarcelación del presidente Lula, decisiones que fueron desdibujadas por la participación de miles de migrantes venezolanos que se congregaron en las calles de Lima para exigir la salida de Maduro y el retorno a la democracia en ese país.

En la Cumbre oficial, los presidentes y representantes de los países manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria en el país, así como por los contingentes humanos que emigran en un número de cinco mil, diariamente, y se desplazan por los países latinoamericanos. Muchos señalaron que, en una nación carente de procesos electorales libres y limpios, que encarcela a quien disiente, que viola los derechos humanos y que carece de poderes independientes, no se puede hablar de elecciones transparentes. Argumentaron que no se trata solamente de votar, sino de las condiciones en las que se vota. Asimismo, coincidieron en afirmar que cuando se pone en riesgo la democracia y sus instituciones, es fundamental que la comunidad internacional se pronuncie de forma enfática.

En tono más enérgico, Colombia señaló que continuará siendo solidario con el pueblo venezolano, pero que será tajante con su régimen corrupto, y que desconocerá las elecciones convocadas para mayo por la Asamblea Nacional Constituyente, por tratarse de comicios organizados para maquillar una dictadura. Esto fue compartido explícitamente por los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos, cuyo representante, Mike Pence, calificó a Venezuela de ser un Estado fallido donde reina el caos y la pobreza, y felicitó a los países que lo aislaban por medios diplomáticos y económicos. En este contexto, agradeció al gobierno peruano por haberle retirado la invitación a Maduro e informó que Trump no cesará en tomar las medidas necesarias para que se restaure la democracia en ese país.

Solo Cuba y Bolivia hicieron una defensa cerrada del régimen venezolano y Ecuador, con menores decibeles, lamentó también la ausencia de ese país, se solidarizó con su pueblo y apeló al diálogo como la única forma de restaurar las fallas de la democracia en Venezuela. La representación de Surinam expresó su preocupación por la exclusión inconsulta de un país del continente y agregó que las diferencias debían abordarse precisamente en este foro continental mediante el diálogo, y advirtió del riesgo que sentaba este precedente en el debilitamiento de otras Cumbres. Un número reducido de países, entre ellos República Dominicana, no mencionaron el tema.

La VIII Cumbre de las Américas concluyó con un acuerdo, por aclamación, que asume un conjunto de compromisos para enfrentar la corrupción, con la más amplia cooperación entre sus naciones, así como el fortalecimiento de sus instituciones. Este se enmarca en el lema de esta Cumbre, “la gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, muy apropiado a la situación de América Latina, por Odebrecht, y a la de Trump, por las investigaciones que tiene por la trama rusa, corrupción y nepotismo.

Estados Unidos no consiguió el respaldo para apoyar sus acciones militares en Siria ni el respaldo mayoritario para aislar a Venezuela. El comunicado final sobre este país solo fue suscrito por 16 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia), de un total de 34 miembros del cónclave. En él, los firmantes rechazan la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno, y lo exhortan a presentar un nuevo calendario electoral.

En el comunicado le solicitan, asimismo, que se permita la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. También hacen referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa ese país, y a la decisión de la fiscal general de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017.

La Cumbre de Lima mostró, además, que el gobierno norteamericano no tiene un proyecto político claro en la región, y que exhibe un desinterés hacia sus vecinos, que repercute en la desacreditación del presidente Trump en América Latina. El agresivo discurso contra los migrantes, la prepotencia con la que  anuncia la construcción del muro en la frontera con México y el envío de tropas militares a esa zona, sus referencias a Haití y otros lugares de Centroamérica como “países de mierda”, el fin de programas de protección temporal de ciudadanos de El Salvador y Haití,  así como el anunció de la culminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)  han provocado la caída de la aprobación del liderazgo de EEUU en la región de 49%, en el último año de gobierno de Obama, al 24%, según Gallup.

Los resultados adversos de la Cumbre para Estados Unidos no son ajenas a esa realidad. Tampoco ayuda el estilo amenazante, prepotente y poco diplomático de la administración Trump. La intervención del vicepresidente Pence en la reunión dio lugar a una respuesta del canciller de Cuba, quien además de rechazar las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela, agregó que Estados Unidos ha sido el único país que ha usado el arma nuclear contra civiles inocentes, y que en los últimos cien años “carga con la responsabilidad por los abusos más brutales contra los derechos humanos y la dignidad humana que todos los gobiernos despóticos en la región, todos sin excepción, han sido impuestos o han recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos, incluidas las más crueles dictaduras militares”.

Lejos han quedado los tiempos en los que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos impulsaron iniciativas para el desarrollo de la región (ALCA, Iniciativa Energética Hemisférica, medidas para aminorar los efectos del cambio climático, entre otras) en función de sus estrategias de seguridad nacional. La era Trump marca un punto de inflexión y reemplaza la construcción de agendas en el continente por simples exigencias de respaldo a su política guerrerista y una actitud de intolerancia y agresión a situaciones políticas que prevalecen en algunos países de la región, que en nada contribuyen a solucionarlos.

17 abril 2018

Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994 y asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008. Es columnista del Programa de las Américas.

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