“Tenemos que reducir el déficit fiscal: estamos

gastando como Estado más de lo que tenemos,

es una carga para la sociedad y genera vulnerabilidad.

Ya bajamos 4 puntos (del PBI) el gasto público,

ahora tenemos que acelerar

y lo tenemos que hacer entre todos.”

Mauricio Macri, 16-5-18

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018) (1) junto con la posterior corrida cambiaria (2) aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento "Tocando Fondo" (3) el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

El jueves 7 de junio la Argentina y el FMI acordaron un programa stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, con el objetivo de trazar un puente financiero para llegar al año 2019 con cierta estabilidad económica. Las precisiones del acuerdo se publicaron en el documento Memorándum de Políticas Económicas y Financieras el 12 de junio (publicado sugestivamente dos días más tarde en plena sesión de Congreso e inicio del Mundial de Fútbol, el 14 de junio), donde se detallan las metas de reducción de déficit fiscal y objetivos de política monetaria, “ablandados” por un apartado destinado a la “protección a los más vulnerables” y otro referido a la “equidad de género”, con menor nivel de detalle que los dos primeros ejes.

Notas