La Rendición de Cuentas correspondientes al ejercicio 2017 es una instancia fundamental teniendo en cuenta que: a) que el presupuesto quinquenal - hecho inédito - se transformó en bianual para 2016 y 2017, anual para 2018 y, nuevamente, bianual para 2019 y 2020 (aunque éste último año no tendrá ningún incremento, será igual al 2019,); b) que en 2018 rigen restricciones constitucionales (Art. 229) que impiden “crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades… en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones”.

Es claro, entonces, que la definición de la actual Rendición de Cuentas agudizará las contradicciones entre el capital - y sus representantes en el ámbito político, que sistemáticamente buscan reducir los egresos del Estado y la carga impositiva que los afecta - y el trabajo - donde los más directamente afectados son los funcionarios del Gobierno Central-. Todo ello enmarcado en las potencialidades y las restricciones que derivan de la estructura económica y las condiciones coyunturales.

El Poder Ejecutivo, al igual que el año pasado, solo pretende hacer modificaciones menores: no hay un reordenamiento programático presupuestal, ni tampoco hay modificaciones significativas en los recursos asignados. Lo que implica, en esencia, la continuidad de las políticas de ajuste fiscal y desajuste presupuestal.

El equipo económico ha prestado fundamental atención a la reducción del déficit fiscal por sus efectos negativos sobre las posibilidades de mantener el grado inversor; a la vez que ha dejado de lado, en buena medida, la incidencia positiva que puede tener el déficit en la reactivación económica a través del aumento de la demanda y sus impactos en el nivel de actividad y la ocupación.

Dicha visión fetichista de la reducción del déficit fiscal como meta principal no considera, lo que es un error importante, que el resultado presupuestal no es un balance estrictu sensu, porque no describe las variaciones del patrimonio del Estado: solo refleja los recursos que se obtuvieron y los egresos que se realizaron independientemente de que sean inversiones o gasto corriente.

Es un principio aceptado que el binomio ingreso-gasto no debe considerarse en términos de la pérdida o la ganancia del Estado, sino más bien en función de los efectos positivos que los mismos tienen tener sobre el funcionamiento económico y la calidad de vida de la población. Lo cual difícilmente pueda lograrse cuando sistemáticamente se toman medidas de ajuste fiscal que general desajustes presupuestales tales como la no reposición de personal, los bajos salarios, así como, la reducción indiscriminada de insumos y de inversiones imprescindibles para prestar los servicios públicos en tiempo en forma.

1.- El contexto de la pugna presupuestal

La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica. Por lo contrario, el Frente Amplio (FA) desdibujó su programa histórico de cambios en el marco de una estrategia “realista” que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.

El "país productivo" que impulsaba el FA como alternativa al llamado neoliberalismo, se transformó radicalmente cuando alcanzó el gobierno. La potencial alternativa por izquierda se transformó en continuidad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas. Ahora con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED), la que se concentra en los sectores productivos intensivos en el uso de recursos naturales (pasta de celulosa; industrias alimenticias –en especial cárnicas y farináceas- y arrocera).

Todo lo cual ha generado un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos y el predominio del proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas. Una suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno.

El resultado estructural ha sido: primarización, extranjerización, mayor dependencia de la inversión extranjera y sustancial aumento de la vulnerabilidad del país a los cambios de los precios de la demanda internacional de materias primas.

Lo sucedido en la presente década puede observarse, en el cuadro siguiente.

Hay un cambio muy negativo, a partir de 2015 en los resultados económicos que pone límites a una política de conciliación de clases que se vio favorecida, durante una década, por el aumento significativo de los recursos de que dispuso el Gobierno debido a que las materias primas que exporta el país tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores. Las condiciones económicas para llevar adelante esa política se han modificado sustancialmente en los últimos años.

Se redujo la tasa de crecimiento del PBI a partir de 2013, y que el promedio de crecimiento entre 2010-2014 fue de 4,9%, y cae fuertemente para el trienio 2015-2017 (1,6%).

El déficit fiscal aumentó durante el período alcanzando su mayor valor, 3,9% en 2016, reduciéndose a 3,6% en 2017 pese al ajuste fiscal aplicado con el aumento de las tasas del IRPF al trabajo y la reducción de las deducciones, así como por la suspensión del incrementos de incrementos de egresos previstos en el presupuesto 2016-2017 por $ 2.964 millones de valores de enero de 2015 (equivalentes a U$S 120 millones), para educación y salud entre otros.

Las exportaciones se desaceleraron de 2010 a 2014, cayeron en 2015- 2016 y han aumentado recién en 2017.

La inflación llegó a su nivel mayor en 2015, 9,4% y luego se ha reducido en 2016 y en 2017 tuvo el menor valor de la década (6.5%).

El desempleo viene creciendo año con año desde 2012 (5,6%) y ha llegado en 2017 a 7,9%. A lo que se agrega la reducción de las fuentes de trabajo, la reducción de empleos en el país es de 46.800 puestos de trabajo entre 2014 y 2018.

El salario real total creció 26,7% de 2010 a 2017 mientras que el PBI 32,9%. En el caso de los funcionarios la tasa de crecimiento fue mucho menor (19,2%) que la del sector privado (31,2%) en el mismo período.

El informe del Ministerio de Economía y Finanzas para la Rendición de Cuentas, fechado el 7 de junio, analiza la coyuntura económica, al respecto señala que:

- “Las condiciones financieras internacionales se endurecieron en el último año”. Entre mayo de 2018 y mayo de 2017 aumentó 70 puntos básicos la tasa de interés del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años; creció 51% el precio del barril de petróleo de la variedad Brent, que es la relevante para nuestro país de mayo 2017 a mayo 2018).

- “Las economías de la región presentan importantes fragilidades fiscales y las expectativas de crecimiento se vienen corrigiendo a la baja”. A mayo las expectativas de crecimiento para Argentina son 1, 3% y para Brasil de 2,2%. En ambos casos los déficits fiscales son superiores al 6%. La deuda pública de Brasil supera el 80% del PBI y la de Argentina supera el 50%.

- Respecto a Uruguay sostiene que cayó fuertemente la inversión privada de 2014 a la fecha cayó 24%, se perdieron 46.800 empleos entre 2014 y 2018 y las cuentas fiscales siguen tensionadas: el déficit fiscal del Sector Público fue 3,7% a abril de este año y la deuda neta del Sector Público consolidado fue de 41% en 2016 y 2017. En lo inmediato sostiene que “la sequía del primer trimestre está impactando negativamente en la actividad económica”.

A pesar del informe reseñado el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI de 2,5% en 2018, 3,3% en 2019 y 3,0% en 2020.

Dichas estimaciones positivas del gobierno se contraponen con algunos datos muy preocupantes tales como: el fortalecimiento del dólar y el proceso devaluatorio en la región y en el país que incidirán tanto en las cuentas pública, como en el nivel de inflación y su consiguiente impacto negativo en el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos; el crecimiento del desempleo; el reiterado cierre de empresas que se arrastra desde 2015.

En dicho contexto se redujeron los recursos disponibles para distribuir en el marco de la política de conciliación de clases y el gobierno decide que los costos los pague el trabajo y no el capital. Con ese objetivo aplica un ajuste fiscal gradual que afecta negativamente a los hogares de los trabajadores – sean estos ocupados, desocupados o pasivos – tanto en el ingreso monetario como en el acceso y calidad de los bienes y servicios que presta el Estado.

2.- Los lineamientos del Poder Ejecutivo para 2019 y 2020

En primer lugar, se reafirma que “reducir el déficit fiscal es fundamental” y, por lo tanto, no habrá incrementos de gastos que no estén financiados con incrementos de ingresos permanentes. En segundo término, ha resuelto “no crear nuevos impuestos, ni aumentar los existentes”. Por último, se plantea “avanzar en las áreas definidas como prioritarias”.

La propuesta de asignaciones incrementales a partir de 2019 (en millones de pesos a valores de 2018) se presenta en el siguiente cuadro.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

No se plantean incrementos del gasto en 2020. Lo cual significa que en los próximos dos años no están previstos aumentos en las remuneraciones de los trabajadores del Gobierno Central, salvo los presentados en el cuadro, 80% de los cuales está destinados a la educación.

Nuevamente se prioriza reducir el déficit fiscal para no perder el grado inversor y se renuncia a incrementar la carga impositiva al capital. Como contrapartida se castiga a los trabajadores - que salvo contadas excepciones no tendrán aumentos de salarios – y a los usuarios de los servicios públicos, en particular la población más carenciada, porque no se aumentan los egresos para mejorar la cantidad y calidad de los servicios básicos, tales como, enseñanza, salud, minoridad y vivienda.

En la Rendición de Cuenta del año pasado el Presidente de la República había afirmado que existía margen para seguir acercándose a los compromisos asumidos en el programa de gobierno, tales como, el emblemático 6% de PBI para educación, el 1% de PBI para Investigación y Desarrollo, igualar el gasto de ASSE por persona al de las mutualistas. Lo que, a la luz del presupuesto para 2019 y 2020, claramente no es así por falta de voluntad política.

En efecto, el gobierno ha rechazado prácticamente todas las propuestas que han realizado los trabajadores. El PIT-CNT, en 2017, propuso las siguientes medidas: redistribuir gastos; reducir el déficit fiscal en una menor proporción a la que proponía el equipo económico; el uso de las reservas para realizar inversiones; aumentar la carga impositiva al capital. Nada de lo planteado por fue aceptado por el gobierno.

En 2018 el PIT-CNT ha propuesto aumentar el gasto en U$S 100 millones, lo cual se financiarían: elevando la meta del déficit fiscal en relación al PBI de 2,9% a 3% en 2019, y de 2,5% a 2,8% en 2020; reduciendo el reintegro del excedente de aportes al Seguro Nacional de Salud; incrementando el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y el Impuesto al Patrimonio; eliminando vacantes en las Fuerzas Armadas para pagar el incremento salarial al personal subalterno.  Salvo la reducción de vacantes, todo lo demás fue rechazado.

Los lineamientos expuestos por el Presidente de la República y el Ministro de Economía no incluyen cumplir con los compromisos programáticos del gobierno en temas cardinales para los trabajadores como la educación, la salud, la vivienda, etcétera.

Lo señalado, con ser grave, es solo una parte de las diferencias, la brecha entre los recursos que asigna el gobierno en la actual Rendición de Cuentas y las necesidades de los trabajadores es muy grande. Lo que se expresa en las múltiples demandas de las organizaciones sindicales, en particular las de los funcionarios del Gobierno Central cuyos ingresos, condiciones de trabajo y relaciones laborales dependen directamente de lo que se apruebe en la Rendición de Cuentas.

3. A modo de conclusión

Los vientos de ajuste predominantes en los últimos años recaen sobre en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados, que solo cuentan para su atención con servicios públicos y políticas sociales insuficientes.

El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los medianos y pequeños, seguirán pagando la misma tasa de IRPF que los grandes empresarios porque no existe progresividad en las rentas personales del capital. Tampoco pagará el ajuste, la llamada caja militar que recibe transferencias enormes para mantener un sistema de beneficios especiales, tanto en edad de retiro como en tasas de remplazo.

La lucha de los trabajadores públicos y todo el movimiento sindical contra las medidas de ajuste fiscal y desajuste presupuestal de la Rendición de Cuentas se inscriben en una concepción de sociedad que jerarquiza la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores. La cual se contrapone frontalmente con las visiones economicistas que hacen centro en el monto del déficit fiscal, su impacto en el grado inversor y la captación de inversión extranjera directa.

Antonio Elías

Director de Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR).

Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el 28 de junio de 2018.