El Estado debe garantizar que no haya monopolios y/u oligopolios de medios de difusión, legislando en contra de ellos, en normas que deben asegurar la pluralidad de la palabra. A su vez, hay que evitar que se den y operen también, en muchos casos, como verdaderos conglomerados de multimedios concentrados, que ejercen el control tanto sobre las cadenas completas de producción, emisión y distribución de informaciones, opiniones y contenidos en general, como sobre los distintos mercados, dentro de cada sector de la actividad que desarrollan, por ejemplo, manejen el mercado de las radios FM o el sistema de TV por vínculo físico o aire, el de la publicidad, la producción de insumos para medios gráficos, etc.

El Estado tiene el deber, insoslayable, de desarrollar una actitud proactiva y vigilante, controlando que se cumpla, concretamente, la garantía de pluralidad de la palabra y que se respete la competencia leal entre medios.

Resulta imperioso combatir cualquier tipo de monopolio u oligopolio informativo o de concentración de propiedad de medios. La sociedad necesita que existan diversas empresas que aseguren la presencia plural de ideas y pensamientos. El derecho a tener una pluralidad informativa, conjuntamente al derecho a disentir, hacen a la esencia del sistema democrático.

Asimismo, lo dicho toma particular importancia ahora ya que hay que tener presente que en el mundo actual, en gran medida lo que piensan, saben y sienten los hombres y mujeres está condicionado por los medios de difusión. La propia experiencia humana ha pasado a ser, de alguna manera, una vivencia desde lo mediático.

En los “Antecedentes e Interpretación” de la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” del año 2000, realizada por la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice en el tema, que “Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitan-do de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad... Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas... La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático”.

Al respecto, el Papa Francisco, el martes 19 de junio de este año, en la misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, en un mensaje que le cabe al caso argentino sostuvo, que “Las dictaduras adulteran las comunicaciones. También hoy, en muchos países, se usa este método: destruir la libre comunicación. Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de comunicación, se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades, debilita la vida democrática”.

En su momento, a través de la ley 26.522/09 de servicios de comunicación audiovisual, se pretendió poner un tope a la sobre presencia de determinados medios, en particular al llamado grupo Clarín, entre otros. Se buscaba desinversiones que permitieran una competencia real de todos y que en ello se garantizara la democratización de la palabra.

Al llegar al gobierno Mauricio Macri, por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 prácticamente se sacaron los topes importantes a la tenencia de medios y en materia de cables no se puso límite a la cantidad de propiedad de los mismos.

En ese proceso de entrega a grupos concentrados de la comunicación, como las situaciones denunciadas por el Papa Francisco, el gobierno termina de permitir la conformación de una mega empresa de medios, autorizando la fusión y operación de la empresa telefónica Telecom asociada a Cablevisión Holding S.A. Este último grupo empresarial, es una desmembración del grupo Clarín, que a estos fines se dividió en dos. Empresas ellas que, también poseen una concentración de medios de difusión de diversos tipos y de sus insumos básicos como el papel para la prensa, la publicidad y otros, y a las que se le suma ahora el manejo de la telefonía, Internet y de los mensajes de texto, whatsapp o twitter. Todo ello, en manos de un solo grupo empresario que, como tal, no sería autorizado en países como México, Brasil, Francia, Alemania o Estados Unidos.

Conforme a la fusión autorizada la nueva empresa podrá ofrecer lo que se conoce como “cuádruple play” (4G), que es una combinación de telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de video e internet. Dicho grupo empresario, prácticamente, pasará a tener el control de las industrias del entretenimiento, el manejo central de las comunicaciones telefónicas y en definitiva, de la construcción de la opinión pública, siendo voceros centrales del discurso hegemónico del gobierno. A su vez, la fusión autorizada consolida una lógica unitaria en materia de información como nunca había sucedido en el país. El periodismo pensante del interior del país no tiene espacio.

En democracia, no se puede permitir medios concentrados que consoliden colonialismos mediáticos con discurso único y hagan desaparecer el federalismo informativo.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista

Periodista y columnista de opinión

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