Sin pecar de ilusos ni fanáticos, se ha de reconocer que el 20 de agosto de 2018 marca un hito trascendental en la historia económica de Venezuela. Así haya opiniones contrarias, algunas válidas y otras sencillamente carentes de sentido común. La implementación y objetivos de las medidas acordadas por el gobierno de Nicolás Maduro en materia económica -todas enmarcadas en lo que es, básicamente, la realidad capitalista que envuelve al país y al mundo, no obstante, el discurso oficial aún emparentado con el izquierdismo tradicional- será determinante en cuanto a la estabilidad política y social de esta nación.

Sin embargo, en medio del optimismo que busca transmitir el estamento político gobernante, se debe advertir que, para concretar la recuperación económica en general, es imprescindible que todas las instituciones públicas dejen de represar y cooptar las diferentes expresiones organizativas de Soberanía Popular, condenándolas a un papel inocuo, accesorio y sin influencia alguna.

Cada representante del Estado -indistintamente de cuál sea su rango- tiene que respaldar activamente, en todo momento, sin titubeos ni complicidades, cada acción emprendida por el Pueblo organizado para acabar con la corrupción, la especulación y el desabastecimiento de productos; ya que dicha acción es un elemento clave para la estabilidad democrática, social y económica del país, incluso, excediendo lo establecido en la Carta Magna y demás leyes vigentes. Todo esto, a sabiendas del alto nivel de corrupción existente en todos los niveles de la administración pública, la cual se incrementó sin control, contribuyendo, a su vez, al desencadenamiento de la crisis generalizada que padece Venezuela.

De nada valdrá que se decreten regularmente aumentos salariales, si estos se descapitalizan casi instantáneamente ante la inflación inducida por empresarios inescrupulosos que sólo piensan en su tasa de ganancias y sobre los cuales no parece existir castigo alguno. Por ello mismo, es vital que haya un control estricto y directo de parte de las diversas organizaciones del poder popular, obligando a las estructuras del Estado a cumplir puntualmente con sus funciones; en bien del pueblo y no de minorías antisociales.

En este sentido, insistimos, el acompañamiento popular, más allá de una militancia partidista determinada, es un factor decisivo en esta hora cero de la economía venezolana, entendiéndose ésta como una oportunidad para producir los cambios estructurales que, desde hace décadas, deben propiciarse en el ámbito económico, sin «burguesías» parasitarias (sea cual sea su color «ideológico») que recurran a la renta petrolera para su sostenimiento.

No es la suerte de Nicolás Maduro ni de la dirigencia del PSUV ni de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la que está en juego en estos momentos. Es el destino y la independencia de todo un país lo que se arriesga si este 20 de agosto no marca definitivamente la diferencia con el pasado y nos permite a todos los venezolanos recuperar la confianza en el futuro y en nuestras propias potencialidades (tanto individuales como colectivas), sin darle chance a los sectarismos -de parte y parte- que nos impiden vernos como un solo Pueblo.