Lenín Moreno llegó a la presidencia de la República del Ecuador con el auspicio de Alianza País; con el respaldo abierto y directo de Rafael Correa (2007-2017) a fin de que sea su sucesor; teniendo en la mira el cumplimiento de un programa de gobierno planteado durante la campaña; sobre la base de que respetaría la Constitución de 2008; con la expectativa de América Latina para que su triunfo preserve todavía el ciclo progresista; y, ante todo, con el apoyo del 51.16% del voto popular en las urnas, de modo que los ecuatorianos votaron por un proceso político específico (la continuidad de la Revolución Ciudadana) y no por otro.

Después de un año, la situación es absolutamente distinta. De la diferenciación con el anterior régimen, el nuevo gobierno pasó a la ruptura total con Correa, y en ese camino hizo suya la “descorreización” del país, levantada por las derechas políticas en coincidencia con las izquierdas tradicionales, los marxistas pro-bancarios y las dirigencias de los movimientos sociales, pero también acompañada por un unificado cubrimiento mediático, todo lo cual resultó funcional para la geoestrategia del imperialismo contra los gobiernos progresistas en América Latina.

En materia económica, el gobierno dejó de guiarse por lo que sobre este campo dispone la Constitución, no hizo caso alguno a las propuestas provenientes de varias agrupaciones de economistas y académicos que durante el “diálogo” abierto por el mismo presidente Moreno plantearon medidas y políticas alternativas frente a la visión neoliberal, se sujetó exclusivamente a los planteamientos formulados por el “Foro de Economía y Finanzas” del que formaban parte figuras identificadas con banqueros y empresarios, se subordinó a los intereses reivindicados por las cámaras de la producción y se alineó con las fuerzas internacionales que responden a los capitales transnacionales, abandonando el latinoamericanismo.

Así es que lo que se ha producido en Ecuador no es un cambio con alguna perspectiva de construcción de un país diferente, que incluso permita superar todo lo que sea necesario del régimen anterior, sino que el giro empresarial, las políticas gubernamentales seguidas y la “descorreización”, han provocado un cambio en los ejes del poder y un revoltijo institucional y jurídico, inéditos.

No se está construyendo un “capitalismo social”, una economía social de mercado, ni siquiera una economía neoliberal, sino un modelo empresarial como el que se edificó entre 1983-2006, es decir, un tipo de economía en función de los intereses y la visión de la elite más poderosa del país, a la cual se le atribuyen capacidades que históricamente no ha demostrado tenerlas.

Es inútil que, bajo esas condiciones, se piense en problemas grandes y sólidos, como los que América Latina ha movilizado desde hace mucho tiempo atrás precisamente en el campo de la academia, el pensamiento, la investigación o la teoría. Imposible que se comprendan los temas del desarrollo y la dependencia, el papel de las geoestrategias del capital en el mundo, el camino para superar el modelo primario-exportador, el origen histórico de las desigualdades sociales, las políticas de la región en materia de equidad, las finalidades y mecanismos de la redistribución de la riqueza, el papel del Estado en el progreso social, la necesidad de imponer el interés público sobre los intereses privados, así como los derechos laborales y sociales contra el rentismo típico que sigue caracterizando, en pleno siglo XX, a la visión oligárquica.

Se discuten temas más modestos, “prácticos” y sujetos a la presión de las cúpulas empresariales: rebajar o suprimir impuestos, liberar mercados, suscribir tratados de comercio, flexibilizar el trabajo, alentar la competitividad, reducir las capacidades del Estado y no estorbar el crecimiento de las iniciativas privadas, que se supone son las que producen desarrollo, empleo y adelanto nacional, sin entender que en este país, a diferencia de otros, los ciclos de claro intervencionismo estatal en la economía son los que han provocado mayor desarrollo, progreso y mejoramiento social para los ecuatorianos.

Pero es más fácil combatir y abanderarse contra el “estatismo”, que, como ocurrió entre 1983-2006, conduce a arruinar las capacidades estatales, la institucionalidad, la gobernabilidad y, desde luego, los servicios que necesariamente debe proveer el Estado a sus ciudadanos, como educación, medicina, salud, pensiones y una legislación que someta el capital a los intereses de la sociedad y no a la simple rentabilidad.

Son perfectamente conocidos los datos oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los 215 grandes grupos económicos que tiene el Ecuador. La entidad nos ha enterado que hay más de U$ 2.100 millones en facturas falsas; U$ 30 mil millones en paraísos fiscales; U$ 2.260 millones en deudas por impuestos; que las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones; además, que la presión fiscal es de apenas el 2.29% (IR sobre total de ingresos) para el total de grupos económicos y menor al 1.5% para 78 de esos grupos (es decir, pagan menos de 2 dólares por cada 100). Y, por otro lado, los estudios de la Cepal sobre regímenes tributarios ubican a Ecuador por debajo de la media latinoamericana en materia de impuestos. Pero se repite, una y otra vez, que hay demasiados impuestos y que son ellos los que quitan “incentivos” y “competitividad” a los inversionistas nacionales y más aún a los extranjeros.

En el marco de la pobreza teórica y de la visión empresarial más tradicionalIsta, puede entenderse que la “Ley de Fomento Productivo…”, aprobada por la Asamblea a propuesta del Ejecutivo, exonere del impuesto a la renta a los “inversionistas” por un período que varía entre 8 y 20 años; que, además, se perdonen multas e intereses por impuestos y deudas al Estado, y que se supriman salvaguardias o subsidios.

Las medidas económicas adoptadas la semana pasada por el gobierno, solo vienen a llenar la hoja de ruta ya trazada por el giro dado a favor del modelo empresarial y se resumen en el “achicamiento” del Estado tanto en aparatos como en gastos, con varias fusiones inconvenientes de ministerios o entidades, quitando empleo a servidores públicos, reajustando precios de la gasolina super, y una que otra acción puntual de asistencialismo que recuerda a la época de Eloy Alfaro, quien, bajo los conceptos de su tiempo, confiaba en la modernización del país por intermedio de la iniciativa privada y en el fortalecimiento del asistencialismo público a través de “juntas de beneficencia”, que debían crearse a nivel nacional.

Supongamos, positivamente, que las previsiones gubernamentales se cumplen y que las medidas obtienen el éxito contable al que aspiran. Es seguro que ante el nuevo panorama de privilegios económicos, inéditos en nuestra historia contemporánea, la elite empresarial efectivamente crecerá y acumulará como nunca antes. Admitamos que se ha tendido una alfombra roja para la llegada del capital externo y, sobre todo, para los créditos del FMI, tan queridos por los defensores del mercado libre. Tiene sentido, por tanto, que la consigna lanzada sea “¡El momento es ahora!”.

Pero, lo que ha quedado golpeada -no sabemos por cuanto tiempo- es la vía para una sociedad más justa, democrática y equitativa. Todas las izquierdas igualmente han recibido un golpe contra sus proyectos políticos. Y tampoco podemos advertir, al menos por el momento, cómo reaccionarán las capas medias, los sectores populares, los indígenas y campesinos, los trabajadores en general, cuando el nuevo paraíso del modelo empresarial del siglo XXI, beneficioso para una minoría, exprese toda su inevitable secuela histórica de afectaciones sobre la vida social y laboral de la enorme mayoría de ecuatorianos. Por lo pronto, los datos del INEC confirman el aumento del desempleo y del subempleo y la Cepal proyecta un decrecimiento para el país, pues pasará del 3% (2017) al 1.5% en 2018.

Ecuador, lunes 27 de agosto de 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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