El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó el viernes 31, por medio de su sala superior, revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para imponer a Morena una multa de 197 millones de pesos por crear “un mecanismo paralelo de financiamiento” con el fideicomiso Por los Demás, para apoyar a damnificados de varios estados por los sismos de septiembre de 2017.

La decisión fue tomada por los magistrados en forma unánime al considerar que el INE no agotó las líneas de investigación, fueron insuficientes las diligencias que efectuó y violó la garantía de audiencia al no requerir a los miembros del comité técnico del fideicomiso, a la fiduciaria o a los sujetos de apoyo. Conclusión que parcialmente adelantó el consejero José Roberto Ruiz, el único de los 11 que votó en contra de la decisión del Consejo General, el 19 de julio pasado.

El mismo día, el ahora presidente electo y entonces candidato presidencial triunfante con números sin precedente en la historia electoral mexicana, juzgó desde Palenque, Chiapas, que la decisión de los consejeros “es una vil venganza”.

La claridosa opinión, como es costumbre de Andrés Manuel López Obrador hacerlo, en una país donde la simulación es la conducta generalizada sobre todo entre las élites, levantó ámpula y fue aprovechada por sus adversarios y los de Morena (“el partido de un solo hombre”, decían antes del 1 de julio) para ajustar cuentas con el candidato y su partido-movimiento. La reacción predominante en el oligopolio fue “¿venganza de qué?” Y a partir de allí una crítica severa, que los más considerados le exigieron conductas de jefe de Estado, cuando ni siquiera recibía aún el dictamen del TEPJF.

Tan oportuna sobrerreacción de Obrador estimuló el escándalo mediático que alcanzó altísimos niveles –prejuzgando de antemano a favor del INE–, debido a que como con los Amigos de Fox y el Pemexgate, se corría un alto riesgo de que el todavía no gobierno de López Obrador quedara manchado con el sello de la corrupción. Y esas manchas “ya no se borran, perduran todo el sexenio”, como bien sostuvo Jorge Castañeda, el “estratega” que condujo al fracaso a Ricardo Anaya como candidato presidencial “frentista”, sin que ninguno de los dos rindan aún cuentas a los electores.

Naturalmente que el presidente electo no se anduvo con medias tintas con el dictamen inapelable del Tribunal Electoral y concluyó que “no pudo la calumnia afectarnos, salimos ilesos”. También anuncio que una vez que se libere la cuenta 133-121765 de Banca Afirme y notifique el TEPJF al INE su resolución, reanudarán la recaudación de fondos para conseguir 18 millones de pesos que faltan, con el propósito de cumplir el compromiso de campaña de entregar 103 millones de pesos a 45 mil damnificados, 2 mil 400 pesos para cada uno. Y convocó a los muchos legisladores federales y locales, regidores, alcaldes y gobernadores de Morena a seguir con sus aportaciones para los damnificados.

Enseguida de que el INE descongele la cuenta bancaria de Por los Demás, serán repartidos 19 millones 907 mil 676.64 pesos a 8 mil 295 personas. Y es dable esperar que el árbitro electoral, sus 10 consejeros, aprendan a no actuar con precipitación, a no afectar los principios de objetividad e imparcialidad con los que debió actuar, pues contaba con los datos para ampliar su investigación y revisar si los recursos del fideicomiso fueron a parar a los damnificados o se usaron con finalidad electoral, pero no lo hizo. Tal y como recordó al INE el magistrado José Luis Vargas Valdez.

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@IbarraAguirreEd