La economía estadounidense está, al expandirse 4.1% en el último trimestre, en el camino correcto para obtener el mejor crecimiento en la última década de acuerdo a las declaraciones de Donald Trump. En su campaña electoral, Trump prometió conseguir un crecimiento anual de 4% en el PIB durante diez años por medio de la reforma fiscal, el programa de infraestructura y la renegociación de tratados comerciales. Sin embargo, ese crecimiento no será mantenido durante la siguiente década, ni tampoco las reformas mejorarán las condiciones de vida de los norteamericanos.

La economía norteamericana creció, según la Oficina de Análisis Económico, 4.1% en el segundo trimestre del año en curso por el consumo y las exportaciones. Apuntalado el crecimiento por el consumo, los ingresos vía dividendos y la renta de propiedades fueron los factores que impulsaron las ventas en la economía estadounidense. Por lo tanto, la compra de mercancías no estuvo sustentada en la mejora de los salarios de los trabajadores, que han visto constantemente reducidos sus ingresos como producto de la globalización neoliberal.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump, en su campaña presidencial, mencionó que los salarios de los estadounidenses eran demasiado elevados, por lo que no se podía dar el lujo de incrementar el salario mínimo dado que las empresas norteamericanas estaban perdiendo cada vez más mercados en el exterior. Pero la realidad es que el salario mínimo ha sido destrozado por los gobiernos anteriores de Estados Unidos, por la pérdida de más de 70% de su poder adquisitivo en las últimas cuatro décadas. Ahora es imposible para una familia satisfacer sus necesidades básicas con un trabajo de tiempo completo, ganando el salario mínimo de 7.2 dólares por hora.

Para mostrar las condiciones laborales en Estados Unidos, basta con mencionar que 40.6 millones de norteamericanos se encontraron por debajo del umbral de pobreza definido por el gobierno a finales de 2016; es decir, casi un octavo de la población no pudo satisfacer sus necesidades básicas en alimentación, salud, vivienda y educación, entre otros servicios. Esta cifra desmiente la afirmación de que los problemas del mercado laboral ya están resueltos únicamente por tener una reducida tasa de desempleo (3.8%), de suerte que el salario mínimo tiene que ser incrementado con el fin de satisfacer las necesidades de las familias estadounidenses.

Tomando en consideración otros indicadores aparte de la tasa de desempleo como la tasa de participación laboral, que es el cociente de las personas empleadas y buscando trabajo entre la población económicamente activa, confirmamos que esta última permaneció en una cifra ínfima de 62% en julio de este año. Por la falta de expectativas de conseguir un empleo de parte de los estadounidenses, este indicador se ha mantenido bastante alejado de su nivel máximo (67%) que alcanzó a mediados del año 2000. Con ello, confirmamos que no ha habido un cambio radical en las expectativas de la población sobre el mercado laboral derivado de la política económica del presidente de Estados Unidos.

Adicionalmente, si el presidente Donald Trump recrudece la guerra comercial en contra de China, las empresas norteamericanas pospondrán sus inversiones frente a la incertidumbre de los intercambios comerciales con el gigante asiático. Por ello, la industria estadounidense, al depender de los insumos baratos de China, tendría aún más recortes en sus puestos de trabajo, agravando los problemas del mercado laboral. Los electores de los estados del cinturón industrial como Delaware, Illinois, Ohio, Virginia Occidental, entre otros estados, en donde abundan el desempleo y los empleos mal pagados, darían la espalda al Partido Republicado en las elecciones intermedias en noviembre de este año.

Por otra parte, la reforma fiscal, propuesta por el presidente Donald Trump, sería el mecanismo encargado de aumentar los ingresos de los trabajadores, de acuerdo con sus asesores económicos. Al reducir la tasa de impuestos para las empresas de 35 a 21%, el monto de inversiones aumentaría, creando puestos de trabajo además de aumentar las remuneraciones laborales. Basándose en casos de otros países con una laxa regulación fiscal, el ingreso de una familia norteamericana aumentaría apenas 4,000 dólares de forma anual a raíz de la aplicación de la reforma fiscal según las estimaciones del gobierno.

Es evidente que ese aumento en las remuneraciones sería insuficiente para cambiar de manera significativa las condiciones laborales de los estadounidenses. Pero lo que si logrará la reforma fiscal, sin duda, será desfondar las finanzas del Tesoro de Estados Unidos, ya que reducirá considerablemente los ingresos fiscales por medio de la disminución de las contribuciones de las compañías norteamericanas. La reducción de los ingresos públicos aumentará de forma exponencial el déficit fiscal, a tal punto que la deuda del gobierno podría llegar a 33 billones de dólares en diez años, de acuerdo con las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Así, la expansión del déficit fiscal será la excusa perfecta, esperada por la facción conservadora del Partido Republicano, para comenzar a desmantelar los programas sociales destinados hacia los sectores de menores ingresos en Estados Unidos. Entre ellos, los programas de atención a la salud como el Obamacare y los subsidios para la compra de alimentos podrían tener fuertes recortes en sus presupuestos con el fin de sanear el balance de las cuentas públicas. El presidente Donald Trump desestima el enorme costo social de estas medidas para la población estadounidense, que presentaría un creciente número de muertes por problemas de salud y alimentación.

En cambio, los ganadores de la reforma fiscal serán los grandes empresarios y banqueros de Wall Street, que verán acrecentada su fortuna a través de la evasión de impuestos. Con esos ingresos, esta oligarquía financiera seguirá inflando la burbuja del mercado de valores de Estados Unidos, por lo cual terminarían por pinchar esa burbuja, que tendría efectos devastadores para la economía norteamericana. Ya el panorama se tornó preocupante después de diez años de la crisis financiera, si consideramos que los índices de valores (Standard & Poor's 500, Nasdaq y Dow Jones) ya están por encima del doble de lo que alcanzaron en sus máximos niveles antes de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

Por otro lado, el mandatario norteamericano propuso un programa de infraestructura por un monto de 1.5 billones de dólares para un plazo de diez años. Con este plan, el presidente prometió comenzar a recuperar los empleos perdidos como resultado de la desindustrialización de la economía estadounidense. No obstante, las inversiones del programa de Donald Trump apenas llegan a la mitad del monto necesario para reconstruir la infraestructura de Estados Unidos, según las estimaciones de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Por lo tanto, la infraestructura deficiente le seguirá costando caro a Estados Unidos en términos de competitividad, productividad y costos para sus compañías.

Y los pésimos resultados de la gestión republicana en la recuperación de la manufactura, lo podemos ya confirmar con los empleados creados en el pasado año y medio. Bajo el mandato del magnate estadounidense, el número de empleos creció solamente medio millón en la manufactura, cifra por debajo del sector de servicios que tuvo un aumento de 5 millones en las plazas de trabajo. De continuar esta tendencia, la promesa del presidente de generar empleos bien remunerados en el sector manufacturero quedaría incumplida, con lo cual desaparecería el atractivo para los electores que esperaban un cambio radical en la manufactura con la aplicación de las medidas proteccionistas para proteger a la industria.

Con respecto al financiamiento, el gobierno federal proporcionará una minúscula parte (200,000 millones de dólares) del programa, mientras que el resto será aportado por los gobiernos estatales y locales junto con el sector privado por medio de asociaciones público-privadas. Para los gobiernos estatales, el programa de infraestructura no fue una buena noticia como debía esperarse, ya que 22 estados no alcanzaron a cubrir sus gastos con sus ingresos públicos el año pasado. Por ende, los gobernadores tendrán que realizar ajustes en el gasto, o bien aumentar la cuota de impuestos para cumplir con su participación en los proyectos del programa de infraestructura.

En último lugar, las asociaciones público-privadas darán enormes ganancias para los millonarios de Estados Unidos, ya que estos acuerdos implican la concesión en la prestación de los servicios a compañías privadas al finalizar la construcción de las obras públicas. De lo anterior, concluimos que este programa de infraestructura se tratará más bien de un plan encubierto de privatización sobre los servicios públicos (carreteras, túneles, espacios de recreación, distribución de agua, entre otros). La evidencia ha indicado que los empresarios no dudan en cobrar precios exorbitantes por esos servicios, restringiendo de manera significativa su acceso para la población, de suerte que arrasarán con la infraestructura pública.

Además, las compañías privadas fijarán su atención en los proyectos rentables, que les permitan recuperar de manera rápida sus inversiones. Es muy probable que los proyectos en las zonas rurales, que no ofrezcan rendimientos elevados, no atraigan suficientes inversiones. Por lo tanto, esas regiones continuarán sufriendo las penurias derivadas de la ausencia de la asistencia pública. Podemos predecir, por consiguiente, que no habrá un impacto económico visible para la mayoría de la población rural que ha sido olvidada, durante varias décadas, tanto por el gobierno como por las empresas privadas.

En conclusión, la presidencia de Donald Trump dará como lección que el verdadero enemigo de los trabajadores norteamericanos es la clase dominante incrustada en los grandes bancos de Wall Street, las empresas multinacionales y el complejo militar-industrial. Todos ellos han contribuido a generar el malestar social en la nación americana, situación que impide que la mayoría pueda tener un trabajo digno para satisfacer sus necesidades. Desafortunadamente, esta lección podría llegar cuando Donald Trump, con su política económica, ya haya dado el golpe de gracia a la economía de Estados Unidos.

Ulises Noyola Rodríguez

Colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.