Las protestas sociales se caracterizan por plantear demandas concretas a favor de los sectores populares, frente a gobiernos que benefician a los sectores privilegiados de la sociedad, principalmente a los grandes empresarios privados. Es decir, en una protesta social frente a un gobierno de derecha no participa la empresa privada, ya que la razón de dichas protestas es el rechazo a políticas de gobierno que perjudican al pueblo en beneficio de los sectores pudientes.

En Nicaragua fue al revés. Se hicieron reformas a la seguridad social que beneficiaban a los sectores populares y perjudicaban a los empresarios privados y a las personas con altos ingresos, porque el gobierno nicaragüense es de izquierda, o sea que defiende los intereses de los trabajadores y el pueblo en general, lo que a veces significa afectar los intereses de los ricos, como sucedió en este caso.

La reforma a la seguridad social en Nicaragua aumentaba las cuotas de trabajadores y establecía para los jubilados cuotas antes inexistentes, pero aumentaba mucho más las cuotas de los empresarios que las de los trabajadores, que junto a los jubilados reciben muchos beneficios que no recibían cuando gobernaba la derecha, y esos beneficios adicionales que reciben ahora bajo el gobierno sandinista son mucho mayores que el aumento de sus cotizaciones, cuya finalidad – al igual que la del aumento a los empresarios – era enfrentar la crisis financiera del INSS, que es producto de esos beneficios adicionales que ahora reciben los trabajadores y jubilados.

Por otra parte, dicha reforma eliminaba también los privilegios de quienes ganan altos salarios, ya que éstos reciben más de lo que aportan al INSS, situación que aprovechan los empresarios para cometer fraude, autonombrándose y nombrando a testaferros en cargos fantasmas para recibir beneficios injustificados, usurpando así recursos que son de los trabajadores activos y jubilados.

Es por esto que en Nicaragua la empresa privada fue parte de eso que la derecha nicaragüense pretendió presentar como protesta social, valiéndose de la manipulación mediática que presentaba la reforma como perjudicial para trabajadores y jubilados, cuando era todo lo contrario. Los grandes empresarios privados y el imperialismo norteamericano jamás van a estar a favor de los intereses populares y en contra de políticas neoliberales, perjudiciales para el pueblo, pues sus intereses son opuestos a los intereses de las clases populares. Es por eso que las acciones llevadas a cabo por la oposición en Nicaragua desde el 18 de abril no fueron nunca de carácter social, sino político, aunque la manipulación haya logrado sumar en un momento dado a cierta gente que sin embargo, actualmente saben que todo fue una vil estafa, y por eso sus marchas y plantones han vuelto a ser lo minúsculos que habían sido siempre, en contraste con la gran movilización permanente de cientos de miles de nicaragüenses respaldando al sandinismo y su proyecto de transformaciones sociales, en defensa de la paz, la patria y la Revolución.

Cuando el sandinismo era oposición los sectores populares conducidos por el FSLN llevaron a cabo innumerables jornadas de movilización y protestas de diferente tipo. Pero a diferencia de lo que sucedió con las acciones opositoras de meses recientes, en aquella época los que nos movilizábamos y protestábamos teníamos reivindicaciones concretas: Gratuidad en la salud y la educación, aumento en el salario mínimo, respeto a los convenios colectivos, respeto a las propiedades de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria, entrega de las empresas estatales a los trabajadores y no a los explotadores capitalistas, acceso de los pequeños productores al crédito, 6% del presupuesto para las universidades públicas, entre otras muchas demandas; mientras ahora, una vez derogada la reforma al INSS – a la que se oponían no los trabajadores, sino los empresarios –, la supuesta protesta social se tuvo que quitar ese disfraz para presentarse como lo que en realidad era: un intento de derrocar por la fuerza al gobierno revolucionario, democráticamente electo por el pueblo.

Una protesta social finaliza cuando se obtiene la demanda planteada o cuando las organizaciones populares se sientan a negociar con el gobierno y en dependencia de la correlación de fuerzas que logren en la protesta los sectores sociales en lucha, se obtienen concesiones favorables a las demandas sociales reivindicadas. Estas dos cosas eran las que ocurrían en Nicaragua cuando la oposición era el FSLN, que nunca jamás se propuso derrocar al gobierno alguno de la derecha en nuestro país, y es probablemente una de estas dos opciones la que resolverá la crisis actual en Costa Rica, si bien cabe la posibilidad de que el gobierno de ese país disuelva las protestas a punta de represión, que es una tercera opción y que en la Nicaragua de la época neoliberal no era posible, ya que aunque había altos niveles de represión, el sandinismo y los sectores populares tenían suficiente fuerza organizada para arrancar a los gobiernos neoliberales al menos algunas de las demandas sociales que eran reivindicadas en ese entonces, y cuyo cumplimiento ha sido garantizado por el sandinismo en el gobierno, razón por la cual los opositores al gobierno del FSLN no tienen nada que reivindicar, más que los intereses empresariales y de los ricos en general, y de ahí su rechazo a las reformas al INSS, que a su vez fue el pretexto para iniciar la aplicación de su fracasado plan de derrocamiento del gobierno sandinista, que por eso mismo no se detuvo cuando se derogó la reforma.

Es por todo esto que no se puede hacer una analogía entre las acciones desestabilizadoras del terrorismo golpista, de carácter eminentemente político y llevadas a cabo por la derecha en Nicaragua, y las acciones de legítima protesta social llevadas a cabo por los sectores populares en Costa Rica, cuya motivación es el rechazo a una reforma tributaria que perjudica a los sectores sociales con menos poder adquisitivo, en especial los trabajadores estatales, que por eso mismo se han ido a huelga, con el apoyo de todos los sindicatos en dicho país. Los empresarios ticos, en cambio, se oponen a la protesta y defienden la reforma fiscal del gobierno, acusando a los sindicatos de defender lo que ellos desvergonzadamente llaman “privilegios salariales”, ya que parte de las medidas rechazadas por la protesta popular es la eliminación de ingresos extra a los que actualmente tienen derecho los trabajadores del Estado.

Cierto es, sin embargo, que luego de descalificar a nuestro gobierno, supuestamente en defensa del derecho a la protesta e incluyendo en este derecho los tranques, el gobierno de Costa Rica se ha tenido que tragar sus palabras, dándose con la piedra en los dientes. El gobierno tico defendió los tranques delincuenciales del terrorismo golpista en Nicaragua, donde se extorsionaba, se secuestraba, se torturaba y se asesinaba, y ahora en su propio país condena unos tranques en los que nada de eso sucede, porque no son tranques golpistas.

Y es por eso que no debemos cometer el error de descalificar la justa lucha del pueblo costarricense en defensa de sus derechos, que es la misma lucha llevada a cabo por el pueblo nicaragüense encabezado por su vanguardia, el FSLN, frente a las políticas neoliberales aplicadas por quienes ahora, demagógicamente, han pretendido de manera infructuosa aparecer como defensores de los derechos de ese pueblo, que ellos pisotearon de tantas maneras cuando fueron gobierno.

A diferencia de lo que ocurría en Nicaragua en esa época y de lo que ocurre en cualquier país cuando hay una protesta social y se instala un diálogo, aquí la oposición no llegó a negociar nada a ese diálogo, sino a usarlo como tribuna e instrumento de presión, suspendiéndolo a su antojo, dado que para el gobierno era el instrumento prioritario de solución de la crisis, debido a la voluntad política del Comandante Daniel Ortega de resolverla por medios pacíficos, lo que fue imposibilitado por la misma oposición, cuyo objetivo siempre fue que hubiera la mayor cantidad posible de muertes, tal como descaradamente han confesado recientemente sus voceros más estúpidos.

Y es que en un golpe de Estado, por su naturaleza misma, es común que sus perpetradores cometan crímenes, contrario a lo que sucede con la protesta social, ya que quienes la realizan defienden sus derechos, y por eso es deslegitimada con su criminalización por los grupos gobernantes contra cuyas políticas va dirigida esa protesta. No se puede pues, "criminalizar" un golpe de Estado, como pretenden quienes acusan al gobierno sandinista de "criminalización de la protesta social" - que como hemos visto, no es tal -, pues el golpe de Estado suele ser criminal en sí mismo.

Como sabemos, ahora la derecha opositora pide reactivar el diálogo que ella misma hizo fracasar, pero el verdadero diálogo es el que se está dando en el seno del pueblo, entre los nicaragüenses que estuvieron en ambos lados del conflicto, pero que no se vieron involucrados en los actos criminales realizados por la derecha golpista, y ese es el diálogo que llevará a sanar con amor las heridas de la reciente pesadilla fraguada por las fuerzas más tenebrosas de la derecha criolla y sus amos imperialistas promotores del odio, en esta nueva etapa de la reconciliación promovida desde siempre por el sandinismo; pero con justicia, sin impunidad para los crímenes cometidos por la derecha terrorista y asesina, y con las medidas administrativas necesarias para que nos saquemos los alacranes de la camisa, porque lo que quiere la mayoría del pueblo es la paz y un gobierno como el nuestro, que se preocupe por sus problemas reales, y en el que las familias y los trabajadores nicaragüenses ejerzan el poder político y económico, respectivamente, en un modelo de reconciliación, alianzas y unidad nacional como el que ha venido promoviendo el FSLN desde el gobierno todos estos años, y que ha llegado la hora de profundizar, para que no haya flancos débiles aprovechables por la derecha golpista en su afán de aplicar los planes desestabilizadores diseñados por el imperio y aplicados ya en otros países; planes frente a los cuales ahora el sandinismo está bien preparado a la cabeza de esos mismos sectores populares que en el pasado se alzaron en nuestro país conducidos por su vanguardia revolucionaria, el FSLN, en contra del neoliberalismo; esos mismos que en el presente luchan en Costa Rica por sus derechos, pisoteados por esa misma derecha neoliberal y antidemocrática que pretende imponer al pueblo la voluntad dictatorial de los explotadores, que en Nicaragua no volverán al poder nunca más.