A 4 meses de firmarse el primer acuerdo stand-by con el FMI, el gobierno debió solicitar un pedido de waiver al incumplir las metas de reservas y de inflación que habían sido pactadas con el organismo. La inviabilidad de las metas fijadas en el primer acuerdo y la inevitable renegociación del mismo habían sido anticipadas por el CESO en su informe de junio titulado “Rumbo al formal waiver”.

El nuevo acuerdo implicó una renegociación del monto de los créditos, el cronograma de entregas y del manejo de la política monetaria y cambiaria. A cambio, el gobierno implementó un brusco ajuste de las cuentas públicas que incluyó el cierre de 10 ministerios y la elaboración de un proyecto de presupuesto con déficit cero para 2019.

El crédito tomado con el FMI se eleva a USD57.000 millones, de los cuáles casi USD52.000 M serán otorgados a la actual administración, dejando un sobrante de apenas algo más de USD5.000 M a quien la reemplace. En cuanto al cronograma de entregas, este año se sumarán unos USD13.400 M a los USD15.000 M otorgados en junio. El próximo año se otorgarán algo menos de USD23.000 M.

Los USD7.000 M agregados al acuerdo inicial intentan despejar las dudas de un posible default, al cerrar el faltante para cubrir el cronograma de compromisos de deuda que debe enfrentar el Estado hasta el final del mandato de Mauricio Macri. Sin embargo, y tal como advertimos en el informe pasado titulado “Hay riesgo de default”, no toma en cuenta el déficit externo del sector privado que, en una estimación conservadora, requiere unos USD50.000 M adicionales de acá hasta diciembre de 2019 de los cuales, el nuevo cronograma de cuotas del FMI apenas cubriría unos USD12.000 M.

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Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO)