El indulto negociado del ex dictador y genocida peruano Alberto Fujimori fue anulado este miércoles por el Poder Judicial, en el marco del proceso de control de la sentencia ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El juez de la Suprema Corte de Perú Hugo Núñez Julca ordenó detener a Alberto Fujimori, de 80 años, luego de anular el indulto que recibió del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por supuestos motivos de salud, en la víspera de Navidad de 2017 por, lo que generó reclamos de sus víctimas, que quieren verlo en la cárcel por delitos de lesa humanidad.

Núñez Julca declaró fundado el pedido de no aplicación del indulto por irregularidades, como la designación de su médico tratante como parte de la Junta Médica Penitenciaria que recomendó su libertad. La resolución precisó que Fujimori padece una enfermedad no terminal grave y no existe la necesidad imperante de ponerlo en libertad. Por la tarde se informó que Fujimori fue llevado a una clínica en Lima por una afección cardiaca.

En tanto, Keiko Fujimori, hija del ex mandatario y líder del principal partido opositor, Fuerza Popular, dijo que apelará el fallo al que calificó como un acto de persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos. “Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad porque no está moribundo”, dijo.

Los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), en los que murieron 25 personas, solicitaron en julio la revocación del indulto, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio plazo hasta finales de octubre para que el máximo tribunal peruano tomara alguna decisión.

El indulto dividió más al país

El indulto fue producto de una negociación política, ya que el beneficio se le concedió tres días después de que Kuczynski logró eludir su destitución en el Congreso gracias al voto de legisladores disidentes del partido de la hija mayor del ex mandatario a cambio de prebendas.

El diario derechista Peru21, señaló en su editorial que “en el Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional, haríamos bien en dejar de atizar odios y rencores, así como celebraciones inapropiadas que se vieron desplegadas en las redes sociales”.

“Comprendemos el dolor de los familiares de los asesinados en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero también los invocamos a ellos, y a quienes desde diversos frentes les expresan en buenos términos su solidaridad, a pensar en que, fomentando división y polarización, nos alejamos cada vez más del encuentro de voluntades que el país necesita para su estabilidad y desarrollo”, añade el diario.

Apenas conocida la decisión, las reacciones del fujimorismo fueron desmedidas. Desde el Congreso, los legisladores Carlos Tubino y Lourdes Alcorta coincidieron en señalar que se trata de una “venganza de los sectores que odian a Fujimori y quieren verlo en prisión”. Keiko Fujimori, afirmó que “es imposible que un juez intervenga en las decisiones tomadas por un presidente de la República para liberar a mi padre”. 

El 4 de enero de 2018, 10 días después que Kuzcynski indultara a Fujimori, el Comité Ejecutivo de Fuerza Popular emitió un comunicado, saludando la decisión presidencial, pero marcando su discrepancia con la forma en que esto se logró, desvinculándose del claro negociado que Kuzcynski hizo con el enemigo de ese entonces, el congresista (e hijo también del dictador) Kenji Fujimori, cuyo voto y el de sus mal llamados “avengers” evitaron la vacancia presidencial. 

La resolución de 225 páginas, firmada por el juez supremo Hugo Núñez Julca, recoge los argumentos de la parte civil (conformada por los familiares de las víctimas) y la defensa de Alberto Fujimori y plantea una serie de antecedentes respecto de la forma en que se tomó la decisión de otorgar el indulto humanitario a Fujimori, y  en el punto XVI de las conclusiones señala la situación política en la cual se otorgó el indulto. 

Gisela Ortiz, representante de las víctimas de los familiares del caso La Cantuta, consideró que esta decisión genera “satisfacción, por supuesto, de sabernos escuchados y respetados, además de sentir tranquilidad frente a la justicia recuperada”. Sobre la implicancia de Kuzcynski y Kenji Fujimori en el negociado del indulto, consideró que “por fin podremos recuperar la Navidad que nos robaron el año pasado, ojalá investiguen a todos los cómplices de este indulto”. 

Por su parte, Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, señaló que el pedido en la Corte no fue someter a un juicio a PPK y a otros personajes por el indulto otorgado sino que se buscaba anular la decisión presidencial y señaló que “como mínimo, Fujimori debe cumplir de forma efectiva, 18 años de los 25 de prisión que tiene su sentencia”, por lo cual restan ocho años al menos de prisión efectiva. 

Escenario político 

En medio de las discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo de mayoría fujimorista, queda ver cómo esta decisión afectará el panorama político. Para el analista José Alejandro Godoy  Godoy, “no habrá un mayor cambio del escenario político porque, como ha quedado demostrado, hoy Alberto Fujimori es un personaje marginal en la política peruana.”  Lo que sí se puede venir “es una bronca mayor en el fujimorismo”. 

 “Queda claro que el indulto humanitario no cumplía con los requerimientos y lo que ha señalado el Poder Judicial, precisamente, es ello”, añade el analista.

Godoy coincide con otros analistas, al considerar que tampoco haya mayor responsabilidad judicial por la decisión del expresidente Kuzcynski,  “pues no hay mayor evidencia de un canje (…) sí quedará para la historia su pusilanimidad y que el indulto no le sirvió para nada, salvo para acelerar aún más el desgaste de su presidencia”.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)