La Universidad Nacional de Colombia, con más de 50.000 estudiantes, 3000 profesores y similar número de funcionarios y trabajadores, necesita 60.000 millones de pesos (20 millones de dólares) para culminar el año académico de 2018, según anuncio su rectora. La historia es la misma para las 32 universidades públicas que requieren 1.8 billones de pesos para funcionar y recuperar parcialmente la capacidad perdida a consecuencia de haber cumplido la tarea exigida de crecer sin garantías, hasta duplicar el número de programas y obligaciones con la misma base presupuestal y demás garantías.

La realidad del riesgo puso al descubierto, que detrás de los innumerables éxitos presentados con indicadores de eficiencia hay un enorme hueco presupuestal que anuncia una tragedia, que en un símil al efecto invernadero, si no se detiene a tiempo hará colapsar el sistema e inclusive provocar la desaparición misma del concepto universidad pública para las mayorías de población víctima de la desigualdad, que ha creado daños estructurales. Las universidades aumentaron todas sus cifras pero el estado las abandono a mitad del camino provocando una desfinanciación que las tiene el borde del abismo sin retorno. En la última década los estudiantes pasaron de ser 1.360.000 en 2007 a 2.390.000 en 2016 (portafolio.co, abril 2018) con apenas pequeñas adiciones presupuestales.


Las directivas aprendieron a solucionar remendando las carencias (dividieron salones, los parqueaderos desplazaron parques, los profesores a contrato se quedaron sin despachos, los laboratorios sin instrumentos, las tecnologías rezagadas y las aulas con goteras). El presupuesto pasó de 20.8 billones a 37. 4 billones, según el gobierno un incremento del 78% en la década, lo que es cierto matemáticamente, pero políticamente incorrecto, ya que la cifra incorporó en un amplio porcentaje la financiación de otras instituciones de educación superior (IES) y las estratégicas transferencias al sector privado por vía de programas como ser pilo paga. En paralelo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, decreció en un 46% siendo uno de los más bajos de América con un 0.27% del PIB, (IMD, índice mundial de competitividad 2018, imagenpoblana.com) y bajo nivel de incidencia para fortalecer la ciencia y el desarrollo no solo económico si no también de la mentalidad y la manera de convivir.

La desfinanciación crece, la autonomía se debilita, pero la unidad de las universidades avanza, a pesar de que cada una pasa su agonía atendiendo con mayor o menor escala la tensión de sus problemas internos de desgobierno, injerencias externas y gasto de energía respondiendo a los obesos e intocables sistemas de gestión privada que ahogan la inteligencia con indicadores, convertidos en costosos obstáculos para el pensamiento y que aunque no impacten suman. De conjunto el sistema de universidades publicas tiene afectadas a fondo todas sus estructuras y está en alto riesgo de ser vaciadas totalmente de su contenido, que las llevaría a dejar de ser el escenario de conocimiento y de la cultura para ser empresas privadas que compiten por recursos, sin ética, política ni democracia.

El sistema universitario estatal esta desfinanciado por el incumplimiento del Estado que tiene una deuda adicional contraída de 15 billones de pesos para infraestructura y un compromiso para detener el desmonte de garantías al derecho al trabajo (70% del profesorado labora con contratos precarios), la pérdida paulatina de garantías salariales y la amenaza de modificación de estatutos internos con los que se les pretende acomodar a políticas de disciplinamiento, control, reducción de tiempos de estudio, tratamiento de la protesta como asunto de guerra y libre arbitrio para sus equipos directivos.

Para evitar el fin de la universidad que quedo del S.XX, los múltiples comunicados de estudiantes, profesores, trabajadores, sindicatos, y las relatorías y conclusiones de asambleas y foros se anuncia que hay suficientes razones para reiniciar nuevas luchas, mezcladas, transversales e incluyentes de otros sectores sociales, con lugar común en la defensa de la dignidad, que podrá traducirse en un paro nacional, que ponga en evidencia las técnicas del poder hegemónico responsable de la crisis y repercuta en la gobernabilidad y estabilidad del gobierno y logre que las universidades garanticen su existencia. La situación se tensa porque mientras en las universidades buscan salidas para impedir su tragedia, el gobierno ofrece desprecio, motiva el ánimo de guerra y anuncia inclusive billonarias adiciones de presupuesto para material de guerra y atención a las migraciones alentadas políticamente.

El momento despeja el camino para arreciar la lucha frontal por la defensa de la existencia misma de la universidad pública. Las motivaciones parecen indicar el retorno social protagónico de las universidades, que recuperan la memoria de su decisiva incidencia para ponerle fin a la hegemonía conservadora de los años 20 del S XX, la caída del General Rojas Pinilla y el Paro Universitario Nacional de 1971, cuyo programa mínimo nacional proclamó (como ahora) la abolición de los consejos superiores universitarios (considerados una expresión neocolonial y semifeudal); la defensa de la asignación de un presupuesto suficiente para el pleno funcionamiento de la universidad y la congelación de matrículas (notasobreras.net, feb de 2011). En el siglo XXI anunciaron su capacidad para influir en la vida del país con movilizaciones de confrontación a los tratados de libre comercio, al plan de desarrollo y al recorte de transferencias departamentales, abriendo el camino a los encuentros nacionales estudiantiles universitarios (ene) y su posterior salto a las mesas amplias que articularon la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, que en 2011, logró la atención del país con imaginativas y contundentes movilizaciones en defensa de la educación pública frenando el impulso del gobierno saquear el carácter histórico y convertir de manera definitiva a las universidades en empresas con ánimo de lucro, que liberaran recursos públicos para la corrupción y la muerte.

En la nueva movilización en marcha, confluyen todos los estamentos universitarios (inclusive directivas) y centran su agenda común en la exigencia de financiación adecuada, ante la desfinanciación que amenaza su existencia; la defensa de la autonomía para trazar por cuenta propia su destino libre de injerencias y clientelismos y; la recuperación de su papel relevante para construir democracia. Aunque el gobierno demuestra su menosprecio por la ciencia, la educación, la cultura y en general los valores de la vida y los derechos, la movilización ya comenzó y el 10 de octubre se hará visible para el mundo con la toma universitaria de Bogotá, que puede dar inicio a un paro nacional de hondas repercusiones, y que en todo caso se irá después a las regiones, para que en los territorios cada universidad decida su destino y haga valer su poder y su saber para transformar la vida, liberarla de la guerra y con imaginación e inteligencia recupere su potencia creadora y supere las debilidades y ataduras que la tienen a merced de quienes usan el poder para destruir y no para construir la vida buena, civilizada, sin barbarie. La cita es el 10 de octubre, a 526 años de la invasión.