Las siguientes palabras del divisionario Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pronunciadas el viernes en Teloapan, Guerrero, levantaron ámpula y permanecen en la agenda de la información y el comentario:

“Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines médicos). Creo que puede ser una salida. Habrá que ver cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes sino al gobierno para hacer la morfina...”

En realidad dijo mucho y también poco Cienfuegos Zepeda, pero lo suficiente para entender que el poderoso influyente mando castrense, muchísimo más allá de lo que establece y permite la ley de leyes, no veta que los mexicanos debatan, como lo hacen desde los años 80 del siglo pasado, a pesar de la autodenominada clase política.

A Enrique Peña Nieto le correspondía hacer el pronunciamiento y no al general de cinco estrellas, en tanto que comandante supremo de las fuerzas armadas y sobre todo presidente de México. Mas optó por el papel sexenal de que cada vez que el tema de la despenalización del uso medicinal y recreativo de la mariguana repuntaba, esgrimía el recurso de la necesidad de debatir, pero como Felipe Calderón no movió un solo dedo para auspiciar la discusión.

Y cuando el tema era ineludible, mandaba a Manuel Mondragón y Kalb para que regañara a los demandantes del debate, para tratarlos como menores de edad, desempeñando el papel de bufón para congraciarse con EPN y recibir aplausos y risotadas en Los Pinos.

Todo tiene un límite en medio del fracaso estrepitoso en México y la aldea global de las políticas prohibicionistas y punitivas que datan de junio de 1961, impuestas por Richard Nixon a la Organización de las Naciones Unidas y que fueron más refrendadas que sometidas a actualización en distintos momentos. Y el 24 de septiembre pasado, 129 países firmaron un “llamado a la acción”, que presentó Donald Trump, para seguir la fiesta del alucine, la alienación y las enormes ganancias por el lavado en Wall Street y los mercados bursátiles del “primer mundo”, mientras México, Colombia, Afganistán y otros países ponen los muertos, cientos de miles.

Cuando le queda al general secretario 1.5 meses al frente de la Sedena – una importante dependencia del Ejecutivo federal, pero nada más de acuerdo a la Constitución–, por más que influya en la designación del sustituto –un “uso y costumbre” de la subdesarrollada democracia mexicana–, Cienfuegos explicó así su autorización para que los mexicanos discutan sobre la despenalización:

“Es un tema que tendrá que debatirse; en principio me parece que es correcto; es una propuesta que hizo también el gobernador (de Guerrero, Héctor Astudillo Flores) hace algún tiempo; habrá que ver cómo funciona”. Como antes, aclaro yo, lo planteó la senadora Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación del gobierno de la muy impugnada –a base de campañas– cuarta transformación y en el que la voz y decisión de Andrés Manuel López Obrador tendrán un gran peso. Muy por encima del permiso que ahora otorga a la ciudadanía el divisionario y que casi todos aplauden.

Cierto, la opinión de Cienfuegos Zepeda constituye un viraje en la conducta del alto mando castrense, en un país donde con frecuencia actúa como uno de los poderes fácticos, pero pocos se atreven a investigarlo y menos a registrarlo en sus textos, porque más que respetadas como dicen las encuestas, las fuerzas armadas son temidas.

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