Este miércoles 10 de octubre cientos de miles de estudiantes, los grandes medios de comunicación calculan que se movilizaron cerca de 500 mil estudiantes y ciudadanos en todo el país y los organizadores calculan por encima de los 800 mil manifestantes, se tomaron las calles y las plazas públicas de las principales ciudades colombianas. Una formidable movilización convocada por el movimiento estudiantil colombiano que no se movilizaba masivamente desde el año 2013 en que hundieron la pretensión del entonces gobierno de Juan Manuel Santos que buscaba avanzar en la privatización de la educación superior en Colombia. En aquella ocasión el proyecto del gobierno fue hundido pero el movimiento no logró concertar un proyecto de ley a tiempo para emprender una profunda reforma a la educación superior en Colombia que está en mora de hacerse no solo en los asuntos referidos al financiamiento sino a la misión de la universidad en sus fines y en su papel en la sociedad no solo con relación a la investigación, la formación profesional sino las tareas y responsabilidad de la Universidad con la sociedad.

En esta ocasión el detonante fue la crisis del financiamiento de la Universidad pública estatal. En Colombia hay 32 universidades estatales cuatro en Bogotá y las 28 restantes son universidades regionales. Todas ellas apenas reciben el 10% del total de recursos destinados a la educación pública, esto es, unos 3.8 billones de pesos para el año 2019 lo que equivale a unos 1.200 millones de dólares para atender a una población de 611 mil estudiantes universitarios. Los rectores de las universidades calculan que se requieren unos 500 mil millones de pesos adicionales para el año 2019 y una inversión en infraestructura de 15 billones de pesos pues literalmente las sedes universitarias se están cayendo.

Las políticas de financiamiento de la educación superior en Colombia han seguido los lineamientos de las orientaciones neoliberales dominantes en el manejo de la economía del país. La ley 30 de 1993 que es la ley de la educación superior que rige en Colombia determino que las partidas para las universidades públicas serían ajustadas anualmente de acuerdo con el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes que pasó de 159.000 estudiantes universitarios que había al ser aprobada la ley a los 611 mil que se encuentran en las aulas universitarias hoy. En esos años la inversión por estudiante al año bordeaba los 10 millones de pesos y hoy apenas es de 4.5 millones por alumno.

Para agravar la situación el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha un programa llamado “ser pilo paga” para becar a unos 40 mil jóvenes que por su destacado rendimiento académico podrían ingresar a la universidad financiados en sus matrículas por el Estado. La mayor parte de ellos escogieron las universidades privadas. El programa tiene un costo de cerca de 800 mil millones de pesos anuales. Por esta vía van a financiar la educación y las costosas matriculas de las universidades privadas debilitando el financiamiento de las universidades públicas que con estos recursos podrían aumentar de manera significativa los cupos para los jóvenes provenientes principalmente de los sectores populares. En la reciente campaña electoral con la excepción del candidato Iván Duque todos los demás candidatos cuestionaron el programa y prometieron acabarlo garantizando que los actuales beneficiarios del programa terminaran sus estudios lo que le cuesta al erario unos 3.2 billones de pesos a futuro. Llegado al gobierno y ante la crisis financiera de la educación superior pública Duque ha señalado que reformara este programa sin que hasta ahora haya presentado la reforma que pretende.

El significado político y el futuro de la movilización estudiantil

Los movimientos sociales tienen en democracia el significativo papel de irrumpir con sus reivindicaciones en la agenda pública y en la agenda política. Es lo que ha sucedido con dos formidables movilizaciones que se han presentado en Colombia en los últimos dos meses y que ponen en serios problemas al gobierno de Duque que representa los intereses del establecimiento tradicional que se movilizó para ganar la presidencia en contra de la candidatura alternativa de Gustavo Petro que a la postre logró el 43% del total de la votación en las elecciones realizadas el 17 de junio del presente año.

Estas dos formidables movilizaciones se realizaron por iniciativa y con el respaldo entusiasta de la sociedad civil. El 26 de agosto del presente año 11.7 millones de ciudadanos concurrieron a las urnas convocados por una iniciativa ciudadana para votar siete mandatos para enfrentar la agobiante corrupción que nos ahoga. Si bien no se logró el umbral para hacer obligatorios estos siete mandatos fue una extraordinaria movilización sin ningún tipo de incentivos. El presidente Duque que entendió a mi juicio adecuadamente el momento se comprometió tibiamente antes de realizada la consulta y posteriormente tomó la iniciativa de convocar a todos los partidos para concertar un paquete de proyectos legislativos que fueron presentados por él mismo en compañía de los promotores de la iniciativa a consideración del Congreso de la República. El futuro de los mismos es incierto pero lo más significativo fue la expresión ciudadana de rechazo a la corrupción y la exigencia de adoptar políticas públicas eficaces para su derrota o en todo caso para confrontarla.

La segunda expresión ciudadana es la movilización estudiantil por el financiamiento de la educación superior pública. Hay que entender que en Colombia el cese del conflicto armado con las FARC y su conversión en partido político legal, ha abierto un espacio de movilización ciudadana pacífica alrededor de acuciantes problemas que seguramente también se extenderán a otros sectores sociales como el campesinado por ejemplo o las minorías indígenas y afrocolombianas. La movilización de ayer fue una jornada pacífica, alegre, festiva si se quiere. Esto es muy importante en un país en que las movilizaciones terminaban siempre en confrontación con la Fuera Pública. El mensaje de los estudiantes y eso es muy positivo para el país es que la movilización ciudadana debe ser pacífica. Como lo fue la movilización extraordinaria de los estudiantes tras la derrota del plebiscito que buscaba la refrendación de los Acuerdos de Paz el 2 de octubre. En medio de la frustración de medio país mientras otro medio celebraba la derrota en las urnas de la paz, los estudiantes decidieron marchar para exigir al gobierno y a la oposición uribista la puesta en marcha de los acuerdos el 5 de octubre de 2016. Ahora vuelven los jóvenes a la calle lo cual es muy esperanzador.

Un hecho a destacar es la sintonía entre la agenda política y la movilización ciudadana. Baste señalar que de manera clara el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro enarboló en la reciente campaña electoral la bandera de la educación universitaria gratuita y su universalización. La propuesta estaba acompañada de las cifras relacionadas con sus costos y las fuentes de financiamiento para lograrlo (unos 12 billones costaría poner en marcha este programa). Sergio Fajardo con una propuesta menos elaborada que la de Petro también abogó por una reforma a la educación superior y por el fortalecimiento de la educación pública. Lo que hoy reclaman los estudiantes en las calles estaba consignado en los programas de estos candidatos del centro izquierda que finalmente fueron derrotadas con la campaña del miedo, las falsas noticias, el embeleco del castro chavismo enarbolado por el hoy presidente uribista, Iván Duque.

El futuro de la movilización de los estudiantes tiene que ver ahora con si el movimiento logra concertar como se lo han propuesto un proyecto de reforma integral a la educación superior que incluya no solo como hemos dicho el financiamiento público de la educación superior sino con una reforma que abarque los temas misionales de la educación superior y su contribución al logro de una sociedad más incluyente, democrática y enclavada en la superación de la crisis civilizatoria que vivimos. Ese es el reto.

Bogotá 11 de octubre de 2018.

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur