La elite empresarial que domina la economía privada del Ecuador imponiéndose sobre medianos, pequeños y micro empresarios, insiste en sus anticuados valores y rudimentarios conceptos, que el gobierno de Lenín Moreno considera modernos y convenientes para el país, a tal punto que los ha acogido como políticas de Estado. Esos empresarios no tienen otra mira que ganar “competitividad” sobre bases ajenas a su propio emprendimiento: subordinación al capital extranjero, retiro del Estado, privatizaciones, flexseguridad (flexibilidad) laboral, abolición de impuestos y, como aspiración máxima, tratados de libre comercio y ahora unirse al convenio Asia-Pacífico.

Frente a semejante aldeanismo rentista, la sociedad ecuatoriana puede levantar nuevas reivindicaciones que sirvan para superar la inequidad persistente en el país y obliguen al fortalecimiento de un Estado-social que se imponga a los intereses privados.

Ya tenemos algunos avances. En forma inédita, la Constitución de 2008 incorporó el régimen y los derechos del Buen Vivir (Sumak Kawsay) como fundamentos de la vida nacional, cuyo desarrollo y aplicación demandan movilización y vigilancia sociales. Fue una revolución constitucional la incorporación de los Derechos de la Naturaleza.  Además, la Constitución proclamó la democratización de los factores de la producción (Art. 334) que algo logró promoverse en la pasada década, así como el derecho al seguro universal obligatorio (Art. 367) que el gobierno de Moreno ha paralizado. La pregunta 5 del plebiscito realizado en mayo de 2011 (apoyada con el 48.03% del voto ciudadano), convirtió en infracción penal la no afiliación de trabajadores al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), pero es una conquista burlada en filas patronales, sin actuación del Ministerio del Trabajo.

Hay otros derechos laborales y sociales por conquistar en Ecuador y que ya existen en otros países como Uruguay, que deberían incorporarse a nuestro “obsoleto” Código del Trabajo (1938) porque requiere “actualización”, pero no la que exigen los empresarios, pues solo apunta a recortar los derechos actualmente existentes y nunca a promover nuevos.

Sin embargo, en América Latina, primera región de inequidad en el mundo, urge promover planteamientos audaces y desafiantes al poder económico dominante y, sin duda, al capitalismo. Es el momento de comenzar a reivindicar la renta básica universal (RBU). ¿En qué consiste? Es la remuneración (salario, si se quiere llamarlo así) que el Estado obligatoriamente debe pagar a cada ciudadano mayor de edad, por ser miembro de ese Estado. No importa si tiene mayores ingresos o es pobre, si trabaja actualmente o no. En términos económicos es la remuneración estatal a la población económicamente activa de un país.

La RBU no es una utopía ni un invento romántico. En Europa, el modelo de Estado de bienestar, surgido después de la II Guerra Mundial (1939-1945) introdujo el pago de rentas mínimas para quienes no logran tener trabajo y que existe hasta hoy, bajo determinadas condiciones. Algo similar tienen los mismos EE.UU. Y también hay rentas fijas para personas indigentes. Súmese a ello la seguridad social universal, la educación pública, la medicina socializada, las pensiones jubilares y hasta una serie de favorables regulaciones laborales, que dan ventaja a la economía social de mercado (capitalismo social) sobre el modelo de simple economía de libre empresa típicamente norteamericano, a pesar de los avances logrados por el neoliberalismo europeo.

En Canadá y en los países nórdicos europeos incluso se ha hablado de la existencia de un socialismo del siglo XXI. En Cuba los servicios sociales, totalmente gratuitos, han permitido no solo enfrentar al brutal e injusto bloqueo norteamericano, sino proporcionar la asistencia básica para toda la población.

En Alaska, anualmente se reparte entre todos sus ciudadanos una renta básica en función de las ventas del petróleo, lo cual ha diferenciado su situación de equidad social del resto de los EEUU. Hay proyectos pilotos de renta básica en Holanda, Finlandia, Escocia, Edimburgo y Glasgow.

En América Latina el tema (sobre el que hay estudios y debates desde hace años), apenas se discute y en Ecuador ni siquiera ha penetrado. Hasta el Fondo Monetario Internacional, bien conocido por su visión neoliberal de la economía del mundo, publicó en su Monitor Fiscal de octubre 2017 (https://bit.ly/2OXwXP8) un texto que propone el ingreso básico universal (IBU) aunque, desde su visión, como reemplazo de las prestaciones sociales y como fórmula para tener consumidores. Pero incluso así, reconoce que su financiamiento tendría que hacerse con impuestos sobre la riqueza, aumentando el de rentas y otros impuestos directos, sin descartar sobre las rentas del capital y tampoco sobre inmuebles y sobre tierras, a los que considera “tanto equitativos como eficientes y siguen estando desaprovechados”. El FMI enfatiza que muchos países “deberían hacer hincapié en la prevención de la evasión y elusión fiscal”. Y adicionalmente considera que la inversión en educación y salud “puede contribuir a reducir la desigualdad del ingreso a mediano plazo, moderar la persistencia de la pobreza entre generaciones, realzar la movilidad social y, en última instancia, promover un crecimiento inclusivo sostenido”.

Pero el Ecuador del régimen morenista camina contra la historia y hasta contra el FMI; y bajo el supuesto de pretender el impulso a la empresa privada dictó, hace poco, la Ley de Fomento Productivo, que no solo perdona multas e intereses con el sector público, sino que suprime el pago del impuesto a la renta a inversiones “nuevas” ¡hasta por 15 o 20 años…!

Aún hay más: el mismo documento del FMI sostiene que el financiamiento del IBU, si representara, por ejemplo, un 25% del ingreso per cápita mediano, requeriría un 6-7% del PIB en las economías avanzadas y 3-4% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En definitiva, es perfectamente posible introducir en Ecuador el sistema de RBU o IBU, financiado con impuestos a los ricos y ese mínimo porcentaje del PIB.

América Latina no solo tiene que aumentar impuestos directos sobre la riqueza, sino que debe impulsar, como concepto complementario, el de renta máxima (RM) para los propietarios y gerentes de las empresas (por ejemplo vinculándolo al mejoramiento de los salarios), que hoy pueden enriquecerse hasta el infinito y que creen que la riqueza es fruto de sus creativas inversiones y trabajo personal, cuando la historia y la teoría económica han demostrado que siempre tienen origen en la apropiación de valor socialmente generado, como lo expuse en mi artículo ¿“Por qué tiene que haber ricos?” (https://bit.ly/2C2OI8S).

Desde luego, para adoptar la RBU para los ciudadanos y la RM para los ricos, se requerirá no solo un gobierno con orientación distinta a la del actual, que fortalezca y no debilite las capacidades estatales, que pueda imponerse a la poderosa elite dominante de la economía nacional y que esté acompañado por fuertes movimientos sociales que tengan claro el futuro de sus luchas y no como ocurre en la actualidad, con dirigentes protectores del morenismo y que incluso han acogido como prioridad la “descorreización” de la sociedad, planteada por las fuerzas de la derecha ecuatoriana.

Ecuador, lunes, 15 de Octubre, 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

Blog Historia y Presente

http://www.historiaypresente.com/