En la reconquista neoliberal de América Latina, Ecuador es un eslabón necesario, tanto para fracturar los proyectos regionales que empezaban a alterar las estructuras de poder hemisférico, como para poner en “su sitio” algunas dinámicas de poder y jerarquías que el propio proyecto de la Revolución Ciudadana llegó a trastocar.

Y es que la experiencia de cambio que vivió Ecuador entre 2007 y 2017, colocó varias iniciativas incompatibles con las rutinas de mando de los poderes capitalistas: unas relacionadas con el capital financiero, otras con las transnacionales, también con los monopolios comunicacionales e incluso con el intocable asunto de la defensa y la seguridad.

Son ejemplos: la propuesta de un instrumento internacional vinculante para regular el impacto de las transnacionales sobre los derechos humanos¹; la auditoría de la deuda externa y de los Tratados Bilaterales de Inversión²; la adopción de una normativa para regular al capital financiero³; las propuestas para una nueva arquitectura financiera regional; el reconocimiento de la diversidad económica y productiva, que incluye la economía del cuidado⁴; el desarrollo de un sistema de defensa soberano; para mencionar algunos.

Pero también, Ecuador fue actuante en la movilización de pensamiento y acción que emergió en América Latina para encarar, con alternativas propias, la crisis estructural del capitalismo⁵. En ese contexto, el Socialismo del Buen Vivir⁶, pieza medular de la propuesta de cambio ecuatoriana, fecundó un horizonte de transformación integral, con fundamentos para forjar una verdadera alternativa civilizatoria, principalmente por proponer una organización societal centrada en la reproducción de la vida y no en la del capital. Mientras que, en un plazo más cercano, el país puso en marcha una agenda de soberanía y desneoliberalización, pautada por el fortalecimiento del Estado como el principal gestor del bien común y garante de la redistribución.

Por eso mismo, las respuestas de disciplinamiento esgrimidas por la ‘restauración conservadora’ no dejan ningún cabo suelto, más bien, como parte de una pauta de control de carácter sistémico, aplican una estrategia omnímoda, con mecanismos múltiples y heterogéneos, para instaurar el proyecto de las élites mundiales como inamovible y asegurar que los factores del poder financiero, militar, mercantil, comunicacional, transnacional y nacional retornen al control absoluto de los destinos de la región y por ende del país.

Esta vez incluso, para no correr riesgos delegando el poder del Estado a terceros, son los propios actores corporativos que, con estudiados modos, se colocan en la cúspide, para atender desde allí sus intereses particulares. Sus ahijados, nacionales y regionales, son accesorios y ‘transitorios’, como sucede en Ecuador desde mediados de 2017.

En las intervenciones restauradoras del neoliberalismo, es también invariable la preeminencia de estrategias comunicacionales, con técnicas insidiosas como la de la postverdad, que tienen una influencia completa, tanto por sus resultados en las esferas macrosociales, como por sus incisivos alcances en la persuasión individual.

Es gracias a esto último y al adoctrinamiento que resulta, por ejemplo, del despliegue repetitivo de las fake news⁷, que la restauración logra sostener las argucias que subyacen en la judicialización de la política o en los operativos ingeniados para sembrar el miedo como instrumento de control en la cotidianidad. Asimismo, las prácticas cotidianas de postverdad propician el convencimiento de que las cosas no son como se viven o como se ven y persuaden a cambiar de la adhesión y el reconocimiento a la reprobación e incluso al odio.

En el caso ecuatoriano, si bien predominan los ardides judiciales, fue primordial la reorientación de la política comunicacional, que durante el decenio de cambio fue un elemento definitorio en la disputa de sentidos sobre las orientaciones de la sociedad⁸. De hecho, la liquidación de la Ley Orgánica de Comunicación⁹ que, entre otros, propende a la redistribución de los recursos comunicacionales, fue uno de los argumentos explícitos para incitar al desmoronamiento de la Revolución Ciudadana.

De modo que, la estrategia para habilitar el retorno al neoliberalismo total se apoyó en el control de los espacios comunicacionales y, en sintonía con los abecés de guerra de cuarta generación¹⁰, abarcó también la impugnación de las políticas de soberanía tecnológica y la anulación de las instancias de regulación.

Un vuelco programático, económico y político

Con el regreso a la inercia de no tener una proyección histórica propia, Ecuador está afanado en incluirse en la ola de neoliberalismo radical –calificado por unos como tardío¹¹- que busca imponerse en la región como un proyecto ineludible de sociedad. Se trata de un neoliberalismo riguroso y más autoritario que nunca, definido por las reformulaciones de poder de las élites, bajo una hegemonía absoluta del sector financiero y corporativo, con la singularidad de que para imperar en América Latina tiene que desmantelar las nuevas condiciones económicas, sociopolíticas, culturales y tecnológicas que resultan de los procesos de cambio recientes o en curso.

Así en Ecuador, con la finalidad de readecuar el país a este esquema -que luego de una experiencia de fracasos históricos sucesivos intentaba dejar atrás-, se puso en marcha el desmontaje de toda la institucionalidad del Estado, a través de una agresiva intervención en los cinco poderes y sus instituciones¹², impuesta bajo el subterfugio de ‘luchar contra la corrupción’, ‘regresar a la democracia’, ‘re institucionalizar’ y otros.

El fortalecimiento del Estado y de lo público que fue elogiado, entre otros, por la dinamización económica que permitió la aplicación de sendas políticas redistributivas y de igualdad¹³, pasó a ser denostado, sancionado y hasta criminalizado, por considerarlo contrario a los intereses del sector privado, que vuelve a posicionarse como el actor hegemónico de la (des)organización del Estado.

Para apuntalar esta regresión, fue clave suplantar el horizonte del Socialismo del Buen Vivir¹⁴, que entraña un proyecto colectivo de cambios integrales, y reemplazarlo por una iniciativa individualista y asistencial que habla del patrocinio de la vida desde la concepción: el ‘Plan toda una vida’¹⁵, cuyo operativo ideológico vino acompañado del retorno a los sesgos históricos proverbiales: la dependencia, el asistencialismo y, más aún, el retorno a la obediencia al mundo corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales, así como un alineamiento geopolítico con los Estados Unidos.

Así, con el apoyo de un imponente operativo comunicacional y con el leitmotiv de la ‘lucha contra la corrupción’, se apuntaló el giro programático, político y económico hacia la supremacía de un patrón de acumulación neoliberal, con hegemonía del sector corporativo privado, contrario a lo que el pueblo decidió, pues luego de una victoria electoral que refrendó la profundización del programa de la Revolución Ciudadana¹⁶ se ha cumplido lo contrario.

Indicios y escenas del golpe neoliberal

Aquí, saltándose el episodio de la caída de un gobierno, se puso directamente en escenario el derrumbe de un proyecto de cambio que, como resultado de un proceso de construcción sostenido, había logrado hegemonía en la sociedad y en las cinco Funciones (poderes) del Estado. Y es, justamente, la injerencia en esos cinco poderes e incluso en la misma Corte Constitucional¹⁷ la más poderosa señal de consunción de democracia.

Este operativo se hizo al amparo de un componente central del recetario de golpe blando¹⁸: la ‘apariencia de legalidad’, producida principalmente a través de una consulta popular¹⁹, que se realizó siempre con la muletilla de la ‘lucha contra la corrupción’ y obviando requisitos establecidos. De esto resultó también el alibi para la instauración de un suprapoder, conformado por unas autoridades ‘transitorias’ ad hoc²⁰, dedicadas a destituir a todas las autoridades de todos los poderes, con el eufemismo de evaluar.

Peor aún, hasta el mismo partido victorioso, Alianza País, aportó con bizarras contribuciones para fomentar ese “clima de malestar en la sociedad, con destaque en las denuncias de corrupción, la promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores”, que son ingredientes básicos de la fórmula de golpe blando.

Operaron asimismo otras tácticas y dinámicas, como las que se expresaron en el poder legislativo, la Asamblea Nacional, donde el Movimiento Alianza País, hasta entonces impulsor del proyecto de la Revolución Ciudadana, protagonizó un autogolpe para cambiar la presidencia de la Asamblea²¹. Pero además, luego de que este movimiento alcanzó la conducción de la mayoría de instancias legislativas, sucumbió a las presiones de la minoría, se cambiaron camisetas y se confundieron mandatos, hasta que se consumó una fractura. Ahora, Alianza País se ha sumado a “una nueva mayoría” donde la derecha tiene la voz cantante.

Aquí, cabe evocar la definición de golpe blando del argentino Luis Bruschtein, para quien este consiste en “travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobierna, hasta hacerla caer por medio de alguna farsa judicial…”²² o presiones diversas.

Con estas mismas características, se produjo el estallido de Alianza País, que se rompió hacia adentro. La principal fuerza política del país, mostró signos repentinos de debilitamiento interno, no resistió a la presión exterior e implosionó.

Cuando la dirigencia intentó volver a levantar su agenda programática ya se habían minado sus cimientos, principalmente porque se hizo evidente la suplantación del programa de la Revolución Ciudadana por aquel del neoliberalismo radical, con la connivencia del actual presidente, Lenin Moreno. A la vez que Moreno, con la implosión activada, no pudo disimular su apetencia por el caudal electoral que Alianza País representaba y se alzó con el movimiento, sus símbolos, su sede y parte de la militancia, dejando por fuera la agenda programática, sus principales fundadores y a su líder.

Gravitó también la erosión que produjo el anuncio temprano de la eventual dimisión de su fundador, Rafael Correa, quien abrumado por la traición programática, reveló la eventual creación de un nuevo movimiento –ahora Revolución Ciudadana- mismo que, como parte de las dinámicas de la restauración conservadora, aún sigue bregando por registrar su nombre y obtener una existencia legal.

Pero, si esta acción política autodestructiva socavó la capacidad de la mayor fuerza política nacional, también la estrategia mediático-política del sector corporativo y de una derecha ampliada, con aliados que se dicen de izquierda o de los movimientos sociales, aportó con las distorsiones argumentales indispensables para persuadir de que “pensar en clave de revolución es un error”. Bajo esa pauta, son denunciados como un error de A a Z, hasta los logros visibles y tangibles, tales como la educación y la salud pública y gratuita o la infraestructura energética y vial construida en el decenio de la Revolución Ciudadana.

Más aún, en la tentativa de anular el proyecto colectivo de cambio, las líneas argumentales de esa campaña mediático-política incluyen la substitución del concepto Revolución Ciudadana por el de ‘correísmo’ con minúsculas, de modo a circunscribir el asunto a una cuestión individual, de un presunto ‘liderazgo populista’ del expresidente Rafael Correa. Simultáneamente, se amparan bajo el neologismo de “descorreización” las más insospechadas procacidades, para justificar el giro hacia el neoliberalismo tardío como la única fórmula de bienestar y liberación.

Volviendo al recetario de golpe blando, especialmente a los 198 métodos para diversos escenarios, expuestos por Gene Sharp²³, una pregunta se impone: ¿hubo golpe blando en Ecuador?

Si lo ocurrido desde 2017 en este país puede encajar en esa matriz, los indicios caracterizarían una nueva noción: la de golpe neoliberal y corporativo. En este caso dirigido contra la propuesta y el proceso de la Revolución Ciudadana, cuyo desmontaje opera de modo quirúrgico para extirpar cualquier aspiración de cambio estructural, ahora y hacia adelante.

Lawfare y duplicidades

Las tácticas para desbaratar los procesos de cambio o iniciativas progresistas, son análogas en todos los países latinoamericanos que apuntaron o persisten con esas propuestas, de modo que los síntomas de golpe neoliberal y corporativo que afectan a Ecuador, tienen que leerse en interrelación con la tentativa de los poderes fácticos globales de blindar cualquier aspiración anticapitalista o de soberanía en la región.

En la misma línea, justamente, debido a la crisis estructural del capitalismo, se expande su necesidad de dar una demostración de fuerza, para dejar sentada su pretensión de que las relaciones de poder instituidas a escala global son inamovibles.

En este contexto, la judicialización de la política, que se aúpa con la misma apariencia de legalidad con la que se encubrió el desmontaje de las instituciones del Estado, es el principal mecanismo activado para exorcizar el proceso de cambio y repeler cualquier aspiración socialista futura. A la vez, el uso tergiversado de los mecanismos de control, como pivote de la judicialización de la política, es el principal dispositivo para apuntalar actos persecutorios.

Bajo esos parámetros, son explícitos los propósitos de socavar la proyección de los liderazgos de la Revolución Ciudadana, especialmente el del expresidente, Rafael Correa, quien ejerce una inédita influencia en la política nacional, al punto que aun viviendo fuera del país sigue en el centro de toda argumentación política.

A la vez, mientras se busca inhibir la participación política del expresidente Correa, con un despliegue de ‘fake news’ y distintos montajes seudo legales, ya el vicepresidente electo, Jorge Glas, está encarcelado desde hace un año sin delito probado. Al tiempo que cúmulos de imputaciones, muchas veces sustentadas en un punto o una coma, quitan el sueño de cientos de revolucionarios ciudadanos que permanecen observados a la lupa por las fraguadas instancias ‘transitorias’ de control.

La agenda de la re-neoliberalización

Para contrarrestar la agenda de desneoliberalización que estaba abriéndose camino, está en marcha un plan de re-neoliberalización, que raudo y veloz se impone en todos los escenarios.

Así, una vez fracturada la institucionalidad y socavados hasta los mecanismos constitucionales, son los actores corporativos quienes se han autoproclamado como la principal fuente de poder, a la vez que son sus intereses el eje del organigrama del Estado. Destaca el predominio de los intereses del sector transnacional, mientras que entre los locales sobresalen instancias tales como la Federación de Cámaras Empresariales o la Asociación de Bancos Privados²⁴, cuyas disposiciones zanjan los asuntos determinantes.

Esto implica también un alineamiento geopolítico y geoeconómico disociado de las potencialidades de articulación de la región y del Sur, y ciertamente desligado de la proyección de un mundo multicéntrico.

Desde esa alineación, se expresan altas expectativas por lograr reconocimientos en los escenarios acreditados por el mundo neoliberal, por ejemplo: una participación plena en la Alianza del Pacífico, una firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y más aún el logro de ‘tantos acuerdos de libre comercio como sean posibles’.

A la vez, no obstante su alta proyección económica y socio histórica, fue relegada la perspectiva de una arquitectura de integración regional soberana, con hechos explícitos tales como el retiro del ALBA o la deserción a ser sede de la UNASUR ya planteada públicamente.

Pero, son aún más directos los mensajes de adhesión a los intereses corporativos, financieros y transnacionales. Es un ejemplo de destaque el caso de los Tratados Bilaterales de Inversión que, luego de haber sido suspendidos por los demostrados perjuicios que causaron al país²⁵, no sólo fueron restituidos sino que se ha establecido nueva legislación para garantizarlos y, más aún, se ha elevado con el carácter de indeclinable el ejercicio de los tribunales de arbitraje²⁶, conocidos por su interrelación con las transnacionales y el mundo corporativo en general.

Es más, en Ecuador se han cumplido por adelantado y con creces los conocidos condicionamientos de las Instituciones Financieras Internacionales, para que cuando llegue el turno de negociar cartas de intención y otros instrumentos similares, queden pruebas irrefutables de lealtad a los dogmas neoliberales. Así, como un gesto sugerente hacia estas instituciones, se obviarán en breve los mandatos constitucionales que regulan el endeudamiento externo.

Para completar este panorama, se reemplazó la estrategia de seguridad y defensa soberana por una alineada con la prospectiva y agenda hemisférica de Estados Unidos. Más aun, recientes acuerdos exhiben directamente, con estatus de agenda propia, la prioridad de ‘promover los intereses de seguridad de Estados Unidos’, como puntualiza el objetivo de la Oficina de Cooperación de Seguridad²⁷, que ya se concretó con la presencia de un avión estadounidense de inteligencia, que signa el retorno simbólico de la Base de Manta, pero con otras formas y tecnologías²⁸. Esto a pesar de que de verdad se trata de un país de paz, definido constitucionalmente como territorio de paz, libre de bases militares extranjeras.

Shock, defensiva y hechos consumados

En shock, por las emboscadas comunicacionales y políticas desplegadas por la restauración conservadora y como si fueran pocas las evidencias de que el golpe neoliberal es también contra ella, la resistencia de la Revolución Ciudadana ha privilegiado avanzar por los senderos formales, ciñéndose a procedimientos y protocolos que las instituciones ad hoc se rehúsan a respetar. Tal es el caso de la inscripción de su nuevo movimiento, Revolución Ciudadana, que a pesar de que cumple los requisitos, no ha sido ni será inscrito por el Consejo Nacional Electoral ad-hoc, en particular porque la estrategia del poder instaurado apunta a borrarlos del mapa político.

Por otro lado, en medio de fracturas, como también de una avalancha de propaganda neoliberal que hace alarde de la adhesión de ciertos actores de la ‘sociedad civil’ a las dinámicas de la restauración conservadora, apenas empiezan a resurgir muestras de una iniciativa popular proactiva, aún con rasgos defensivos, pero con potencial para convocar a un pueblo aún expectante a disputar nuevamente su horizonte de cambios históricos o, dadas las circunstancias, al menos a mostrar su resistencia a la re-neoliberalización .

Y, mientras se organiza esa estrategia proactiva, acorde con los tiempos que los procesos organizativos requieren, por su parte, según los tiempos de la restauración conservadora, que son los de un golpe de efecto proyectado desde una detallada prospectiva, ya están consumados múltiples objetivos capitalistas programáticos: el retorno al predominio del modelo de acumulación neoliberal; el regreso de la élites económicas al poder del Estado; la suplantación del poder del pueblo por aquel del corporativismo transnacional y nacional; la judicialización de la política y la persecución; la restitución de Estados Unidos como referente central y garante de la seguridad nacional y hemisférica; la inhibición de las aspiraciones de integración regional soberana y, sobre todo, el menoscabo de la institucionalidad del Estado y la conculcación de la democracia. En tales condiciones ¿Se podrá aún hablar de Estado de derecho en Ecuador?

Irene León

Socióloga ecuatoriana