En 1991, Javier Valenzuela reportaba para “El País” de España, una controversia que empezaba en Francia puesto que Valéry Giscard d’Estaing insistía en que pese a que no pretendía “arrojar aceite al fuego”, era tiempo de valorar, como sostuvo en un artículo publicado en Le Figaro Magazine, las dimensiones de la llegada de extranjeros a Francia. La cual consideraba constituía una “invasión” de inmigrantes que ameritaba el restablecimiento del derecho de sangre como único modo de acceder a la nacionalidad francesa. Por esa opinión, Giscard, según la izquierda y parte del centro y la derecha, había ido más lejos que Jean-Marie Le Pen en la senda de la xenofobia y el racismo.

Si iniciamos este artículo con ese recuerdo es porque vivimos en un tiempo donde todo lo que ocurre nos resulta inédito y por lo corta que es nuestra memoria, hay algunos que juegan a utilizar algunos nombres como chivos expiatorios de deseos, reprimidos o abiertos, de muchos otros sujetos y corrientes en el autodenominado Primer Mundo.

La ciudadanía que es ese vínculo jurídico que tiene una persona con país no ha sido nunca un territorio sencillo. Incluso Rousseau consideraba que desde la Revolución Francesa el término era ambiguo y frecuentemente era mal utilizado por sus coetáneos, que no tenían en cuenta las enseñanzas aristotélicas al respecto o la verdadera dimensión del concepto en Roma. Independientemente de estas consideraciones históricas, desde un punto jurídico moderno, tener o no tener la ciudadanía, significa poseer la totalidad de los Derechos e incluso poder pisar casi todos los países del mundo o casi ninguno, dependiendo del color que tenga el pasaporte que recibimos.

La relación entre la ciudadanía y los Derechos Humanos, en principio, no es tan inherente. Pues la Declaración del 48 así como los textos que la desarrollan conciben que es la humanidad la génesis jurídica y señalan que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La cual probablemente sea la premisa más incumplida de todas las que integran este cuerpo normativo.

Quizás esta es una paradoja del modelo que intenta avanzar en el planeta, o, una consecuencia no prevista del mismo porque el mundo globalizado, que rompe las fronteras para las cosas y promueve la idea de moverse, cierra las puertas a quienes por causas económicas se aventuran a buscar una mejor vida.

La pregunta quizás más cruel es quiénes se oponen a darle la bienvenida a los que inmigran y al respecto, hay algunos nombres que se han hecho titulares de estas posturas como el Presidente estadounidense Donald Trump o el Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, mientras que otros trabajan en las mismas causas haciendo mucho menos ruido.

Este es el caso, por ejemplo, del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, del gobernante partido conservador nacionalista Fidesz-Unión Cívica Húngara quien ha ganado tres veces las elecciones de su país sobre la base de hacer cada día más difíciles las condiciones de entrada y permanencia a los extranjeros en su territorio. Para lo cual, realizó en 2016 un referéndum en el que pese a la poca participación que tuvo ganó la opción de no recibir las cuotas europeas de inmigrantes que les correspondían.

El tránsito por estas posturas ameritaron que a mediados del año que transcurre, el orden europeo, llamase la atención de este país puesto que aprobó una ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen los refugiados y solicitantes de asilo. Lo que implicó declarar ilegal la actividad que venían desarrollando diversas asociaciones no gubernamentales.

¿Una iniciativa horrible, no? Pero no es la única norma de esta naturaleza que existe en el espacio europeo. Pues en mayo de 2008, el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó un proyecto de ley que define la inmigración clandestina en Italia como un delito y castiga a quien alquile una vivienda a un ilegal. La cual tenía su equivalente en Francia en donde fue recientemente desaplicada por los tribunales al considerar que estas normas entran en contradicción con el principio constitucional de la fraternidad.

Lamentablemente, podríamos seguir la lista. Pasando, por ejemplo, por el Reino Unido donde se penaliza el trabajo ilegal y se legalizan las redadas de verificación que llevan a la deportación de todos quienes hayan trabajado en el país sin un estatuto migratorio que lo permita; así como se legalizó hacerle pagar a los trabajadores hasta seis meses de cárcel para que nadie dude que las normas de migración deben respetarse.

Incluso podríamos ver que al tiempo que Croacia era presentado como el más simpático de los participantes en el Mundial, el gobierno de Kolinda Grabar-Kitarović anunciaba que no iba a recibir inmigrantes, alegando que no cometerían los errores de abrir la puerta que consideran cometieron sus pares europeos. Un tema que manejan con una brutalidad tan extrema que han sido noticia en 2015 y 2018, por la fuerza que emplean en sus cordones.

Entonces parece fundamental hacernos una pregunta en el marco de qué distingue que una persona sea un inmigrante legal o que su condición sea ilegal, y si muchas veces vamos a ver diferencias en el modo en el que ingresan, casi todas las veces la diferencia está relacionada con poder demostrar que tienen dinero. Por lo tanto, el gozo efectivo de los Derechos Humanos depende no de la dignidad sino del estatus y esto, en definitiva, es sólo cosa de dinero.

Es este el marco donde se siembra la polémica declaración de Donald Trump diciendo que examinará las vías para eliminar la adquisición de la nacionalidad de los hijos de los inmigrantes. Una primera mirada, tan sólo a lo interno de los Estados Unidos, debe considerar que esto lo dijo el Presidente después que reconfiguró las fuerzas políticas que actúan en la Corte Suprema, que será el destino final de esta controversia. Sin embargo, nos interesa más pensar si el ius solis es un estatus universal que existe en todos los países.

Para nosotros, como venezolanos donde existe ese derecho puede pacernos que esto es -o debe ser- así en todo el mundo. Sin embargo no lo es, el sistema más común es el ius sanguini que determina la nacionalidad de quien nace no por su lugar de nacimiento sino por la nacionalidad de sus padres. Entre los países que tienen estas normas y no le dan al hecho de nacer en el territorio la fuerza suficiente para dar la nacionalidad, están Italia, Austria, Grecia o Bélgica. Entre los países que estimando excesiva la migración han dejado de otorgar la nacionalidad por el nacimiento está Irlanda que revocó el ius solis en 2004.

Con estos datos en cuenta, la sorpresa que nos causó la declaración de Trump queda mejor contextualizada. Si nos choca es porque hemos pasado años oyendo hablar de la idea que Estados Unidos es un país de inmigrantes, tanto en las películas de época o en la manera que tienen los productores y guionistas de representar la diversidad en las películas que transcurren en Estados Unidos. También porque una de las causas por las que escribo esta nota es porque cuando deslizo el dedo por mis redes sociales me salen anuncios que me recomiendan planificar mi embarazo para dar a luz en Estados Unidos y así, darle a mi descendencia una “mejor nacionalidad” que la que mi sangre puede otorgarle.

El problema de fondo es que lejos de lo dispuesto en los textos de Derechos Humanos, la ciudadanía no es un aspecto menor en el régimen de derechos y garantías de las que goza una persona. Tampoco se limita tan sólo al ámbito político y a los deberes militares sino que condiciona aspectos de los que cualquier ser humano, tan sólo por su humanidad, debería disfrutar y en ello englobamos desde la posibilidad de transitar en su territorio como ir a otros países, alimentarse debidamente o educarse.

Es en mi criterio este el asunto mayor. La penetración a los sistemas jurídicos, o, la reafirmación que la existencia, llegada o permanencia de una persona puede ser considerada un delito y no tan sólo una falta administrativa, en caso que los protocolos no hayan sido respetados. Más cuando la inmensa mayoría de las personas en este estatus, jurídicamente precario, tiene detrás una situación económicamente o jurídicamente comprometida.

¿Es la pobreza el delito? Si así lo fuera parte de nuestros abordajes, de nuestras denuncias parecen estar mal planteadas, necesitar todavía desenmarañar las trampas jurídicas, históricas y culturales que mantienen un sistema donde no hay tierras a las que huir, ni papeles que perseguir. Sin duda, las próximas semanas estos temas seguirán en las primeras planas y nos tocará seguir pensándolos.