Con el nombre que encabeza estas líneas fue presentada la estrategia para 2018-24 del gobierno de la cuarta transformación que formalmente tomará posesión el sábado 1, aunque de varias maneras gobierna desde el 1 de septiembre con su mayoría en el Congreso y las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador que cimbran al país, amén del extraordinario desgaste de Enrique Peña Nieto.

Los ocho ejes con los que buscan implementar acciones, estrategias y nuevas corporaciones, para atender de fondo las causas de la violencia y combatir la inseguridad son:

1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2) Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3) Pleno respeto y promoción de los derechos humanos; 4) Regeneración ética de la sociedad; 5) Reformular el combate a las drogas; 6) Emprender la construcción de la paz; 7) Recuperación y dignificación; 8) Plan de Seguridad Pública.

Como es notorio el plan rebasa y con mucho la estrecha visión militarista y punitiva que predominó cuando menos desde la Operación Cóndor de Luis Echeverría (1970-76), misma que en la última docena de años se redimensionó al acumular 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos en 10 años, con la característica de que el gobierno de Peña superó al de Felipe Calderón. Hoy se cometen 80 homicidios cada día.

En lo que no existe cambio es en el protagonismo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, ni siquiera en los próximos tres años como en diversos momentos fue enunciado, con los riesgos y costos que ello tiene cuando los elementos de las instituciones castrenses son adiestrados para luchar contra enemigos.

Por supuesto que los puntos 1, 3 y 5 mencionados, más la participación de las policías Militar, Naval y Federal –en descomposición, informaron, pese a 20 años de enormes inversiones sin rendición de cuentas y de otros esfuerzos–, como integrantes de la Guardia Nacional al mando de un civil, dan otra perspectiva a la participación operativa del Ejército y la Marina, en tanto que AMLO reitera que atenderá las causas socioeconómicas del gravísimo problema de inseguridad.

Ahora queda clarísimo que la figura constitucional de la Guardia Nacional (1857) poco tiene que ver con el proyecto en curso y por ello implicará reformas a la ley de leyes para el surgimiento del nuevo cuerpo civil-militar.

Claro que adquirirá nuevos y mayores niveles el debate sobre lo que se enuncia y denuncia como “militarización de México”, fenómeno que adquirió rangos importantes con Ernesto Zedillo por la vía de designar a militares en retiro al frente de los cuerpos policiacos, pero que daban cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

No deja de ser paradójico (o paradójico) que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en vías de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada pero todavía no en vigor, se presente una estrategia que redimensiona el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En todo caso el debate que ojalá (Alá quiera) sea rico y vigoroso, empezó el mismo día 14 en que fue presentado el Plan Nacional, pero los argumentos es preciso que trasciendan los deseos loables de que la seguridad pública no sea militarizada, más aún con las realidades y limitaciones de un país donde los gobernantes fueron incapaces de construir la Policía Federal eficaz y honesta. También los escasos recursos del erario que empiezan a perderse en las exitosas batallas políticas del aeropuerto en Texcoco y las comisiones bancarias, pero harto costosas por las reacciones de los “mercados”, (los dueños de México) para las mayorías.

Hasta el martes.

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