Aún a fuerza de ser persistente, retorno sobre datos que ya he expuesto. De acuerdo con la CEPAL, en América Latina la media de recaudación tributaria es del 20% del PIB y Ecuador no llega a esa media; la tasa impositiva en la región apenas es del 2,3%, mientras en Europa es del 13,3%. No es cierto que Ecuador tiene “excesivos” impuestos”.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), 215 grupos económicos adeudan U$ 2.260 millones al Estado; son U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales (hay unos U$ 30 mil millones en esos paraísos); en aduanas el perjuicio por facturas falsas es de U$ 2.100 millones. Las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones. La presión fiscal es de apenas el 2.29% (IR sobre total de ingresos) para el total de grupos económicos y menor al 1.5% para 78 de esos grupos (es decir, pagan menos de 2 dólares por cada 100). Un estudio de la PUCE (2014) demostró que dominan en la economía ecuatoriana los monopolios y los oligopolios, que hay baja responsabilidad social de esos grupos, que tienen una fuerte estructura ‘familística’, y que sus ingresos representan el 46% del PIB. No es cierto que los ricos empresarios “también” pagan impuestos.

Además, para el Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe de la OCDE (https://bit.ly/2E3oDno) está claro que “Cuando hablamos de que América Latina debería reforzar su músculo fiscal no es aumentando los impuestos a su clase media, que ya paga una cantidad sustancial, sino revisar las numerosas exenciones fiscales, reforzar los impuestos sobre la renta a los ciudadanos con mayores ingresos y luchar contra la evasión fiscal”. Y también la Cepal, en “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018” (https://bit.ly/2ITLi9n), enfatiza en los impuestos directos y particularmente sobre el de rentas.

Pero la pomposa “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (R.O., Año II, No. 309, martes 31/08/2018 – https://bit.ly/2A0zezL), que fue iniciativa del Ejecutivo, contempla la “remisión” (perdón) del 100% de intereses, multas y recargos sobre obligaciones “tributarias o fiscales”, sujetas a recaudación del SRI; remisión especial para los contribuyentes del régimen impositivo simplificado; remisión del 100% de intereses, multas y recargos de las obligaciones aduaneras; remisión de deudas sobre impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito; remisión del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes por servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva; remisión que deben realizar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y, especialmente, la EXONERACIÓN del Impuesto a la Renta (IR) para las nuevas inversiones productivas, en sectores priorizados, por 10 años, si se realizan fuera de Quito y Guayaquil, y por 8 si se realizan en estas ciudades; exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para las nuevas inversiones productivas, en pagos al exterior por importaciones y dividendos distribuidos; exoneración del ISD para contribuyentes que inviertan en activos productivos el 50% de sus utilidades; exoneración del IR para las nuevas inversiones productivas en el sector industrial durante 10 años; exoneración del IR para las nuevas inversiones en el sector de “industrias básicas” durante 15 años; y 5 años más si son en “cantones fronterizos del país”; además de beneficios e incentivos para “proyectos de vivienda de interés social”; y otras tantas exoneraciones tributarias que implican una formidable reducción de las capacidades del Estado y particularmente del SRI. Ha sido el primer paso para convertir a Ecuador en un paraíso fiscal de facto.

De acuerdo con el Observatorio de la Dolarización (https://bit.ly/2LBC2at) y sobre la base de cifras del SRI, las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones. Además, solo en deudas por impuestos (sin considerar intereses) el sector privado debe al Estado U$ 4.291,1 millones. Así es que la “Ley de fomento productivo” es un logro soñado por las elites empresariales del Ecuador, que desde 1928, cuando se introdujo por primera vez el impuesto sobre las rentas, se han resistido, lo han evadido o no lo han pagado como deben, utilizando distintos mecanismos para burlarlo.

A todo ello se une ahora una nueva disposición. El pasado 15 de noviembre (coincidiendo con una fecha que recuerda la escandalosa matanza de trabajadores ocurrida en Guayaquil en 1922, cuando los obreros exigían jornada de 8 horas, subida de salarios, seguridad laboral y otras reivindicaciones), se ha publicado en el Registro Oficial la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000422 (R.O. Suplemento, Año II, No. 368, jueves 15/11/2018) de la Directora General del SRI, por la cual se derogan las Resolucioones No. NAC- DGERCGC17-00000566 (R.O. Suplemento, No. 123, del 20/11/2017) y la No. NAC- DGERCGC17-00000567 (R.O. Suplemento No. 123, del 20/11/ 2017).

Con la primera resolución derogada se ha suprimido “la obligatoriedad de las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, de reportar al SRI la información respecto a los activos monetarios que mantengan en entidades financieras del exterior”; y, con la segunda, se ha derogado “la obligatoriedad de las entidades que integran el sistema financiero nacional de reportar información mediante la presentación del anexo de transferencias de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales de los Mensajes (SWIFT)”. En otras palabras, ya no será obligatorio el reporte sobre transacciones y fondos en el exterior.

La renuncia al fortalecimiento del Estado y de sus capacidades de control institucional y cobro de impuestos, motivada en la presión de las elites empresariales del Ecuador, ha implicado que siga en la impunidad la evasión tributaria y que los deudores al fisco se burlen del mismo Estado. Mientras eso acontece, el país también se consagra como un intermediario de facto para los paraísos fiscales y para la salida, sin controles, de sus recursos monetarios. Otra vez los intereses privados triunfan sobre el interés público nacional.

Ecuador, lunes, 19 de noviembre, 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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