Interesante es la declaración de la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, en cuanto a que la Constitución impide bajar el salario a jueces, magistrados y ministros porque “las garantías que están en la Constitución en favor del Poder Judicial y que no son de la Constitución del 17, son del 57 y, si me apuras, desde Inglaterra, con Juan Sin Tierra”.

La secretaria de Gobernación justificó a sus antes colegas: “Ellos están haciendo un esfuerzo, y me consta, de austeridad, pero no pueden en automático tomar esta decisión, pero sí están muy conscientes de la austeridad y quieren unirse a este proyecto de nación, pero tienen una garantía constitucional”.

Quizás formen parte de ese esfuerzo de austeridad los 5 mil millones de pesos que ofrecieron al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador por medio de doña Olga, reducir sus opulentos gastos, prestaciones y salarios. Para no hablar de las corruptelas en la asignación de contratos de obras que documenta Reforma, aparte del magistrado de circuito de Veracruz, Alfonso Serrano Ruiz, exhibido en redes sociales como #LordMinistro. Un caso más del Judicial donde todo cuesta a los solicitantes de justicia.

Lo que no informa Sánchez Cordero es qué fue lo que se atravesó en el camino del ofrecimiento de los 5 mil millones de pesos, la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cancelación de ésta por Alberto Pérez Dayán, quien para enredar más el asunto aspira presidir la Suprema

Corte, amén de que presuntamente se tomó atribuciones que ninguna ley le concede.

El debate sobre los sueldos de la carísima burocracia dorada que Enrique Peña Nieto multiplicó como nadie, es sumamente oportuno y pocos contribuyen a su buen desenvolvimiento porque acostumbrados como están a magnificar los hechos, a inducir la información, confunden la polémica con el “choque de poderes”, solemnes y fatuos aclaran que no es “una crisis constitucional”, algunos preguntan cómo lo percibirán los mercados –que tanto preocupan a Carlos Loret y asegura que son “vilipendiados”–, y encuentran hasta afanes del titular del Ejecutivo por “someter” a un poder autónomo, el Judicial, y a los órganos del Estado que gozan de autonomía, pero que poco la ejercieron en el sexenio anterior. Eso sí, gastaron sin límite como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que en 2013 erogó poco más de 290 millones de pesos y más de mil millones 227 mil pesos, en 2018.

Este debate es indispensable y en nada contribuyeron las protestas de poco más de un millar de juzgadores, el falso alegato de que los sueldos y prestaciones garantizan la honestidad y la autonomía para impartir justicia, y quizás tampoco el discurso de los pesos y contrapesos en la institucionalidad democrática.

Si el enfoque del presidente Andrés Manuel (11-XII) contempla lo que expresó en el Tribunal Electoral al recibir la constancia de mayoría, que el Ejecutivo no será más el poder de poderes, además de que valora como “fantástico, extraordinario, el diferendo de poderes”, ¿no es la hora de tomarle la palabra y darle curso a un debate a fondo sobre la austeridad republicana, la división de poderes, los pesos (no de 20.20 por dólar) y contrapesos entre los tres?

En nada contribuyen las teorías conspirativas que presentan afamados analistas y académicos que no acaban de asimilar que la ciudadanía no votó por sus candidatos (José Antonio Meade y/o Ricardo Anaya Cortés) sino por la cuarta transformación.

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