El predominio de la ideología económica de los altos empresarios, de los economistas y editorialistas que difunden esos intereses empresariales aprovechando del monopolio que tienen sus voces en los distintos medios de comunicación, y en medio de la orientación oligárquica del gobierno de Lenín Moreno, se ha creado en Ecuador un ambiente cultural en el que parece que tienen razón quienes promueven el alivio de los impuestos, el achicamiento del Estado, la disminución del gasto público, el despido de burócratas, la flexibilización de las relaciones laborales, o las medidas de “ajuste” consideradas incluso como inevitables.

En tales circunstancias, la Ley de Fomento Productivo, que perdona deudas al fisco y quitó impuestos a las elites, o la reciente alza de precios de la gasolina (revestida como disminución de subsidios), pero también la “desvinculación” (despido) de 25 mil trabajadores del Estado, o la rebaja de sueldos de los altos funcionarios, el estrangulamiento de los salario bajo pedido empresarial, y hasta el crédito conseguido en China, o la disminución de recursos para la inversión social en el presupuesto general de la nación, y también la reforma laboral para flexibilizar el trabajo (que viene en camino para completar los “cambios” que supuestamente requería el país), lucen como asuntos de técnica económica y racionalidad política. Pero no lo son.

Las medidas que se han venido adoptando siguen la misma tradición del caduco neoliberalismo de las décadas finales del siglo XX. Suponen que Ecuador cuenta con inversionistas privados promotores del desarrollo, cuando la realidad es absolutamente distinta, porque se trata de sectores anclados a visiones del pasado y a comportamientos simplemente rentistas. No se sustentan en experiencias históricas y peor aún en estudios teóricos e investigaciones académicas. Son recetas de simple administración contable fiscal. De modo que no provienen de un cuadro coherente de políticas económicas, entendidas como proyecto nacional y para un futuro social distinto.

Por la misma experiencia histórica del Ecuador y de América Latina, el camino económico que sigue el país, que reproduce lo que se ha hecho en Argentina, México o Brasil y, sin duda, lo que ya hizo Ecuador a fines del siglo XX, solo beneficiará a la misma cúpula social que disfrutó de paquetazos, medidas y ajustes económicos en el pasado; provocará una mayor concentración de la riqueza en los 215 grupos económicos dominantes; profundizará la diferenciación social y agravará las condiciones de vida y de trabajo de la población. No es cierto que las medidas adoptadas en un año y medio nos sacarán de la “ruina” en la que ha quedado el país tras una “década perdida”, sobre la cual hay estudios internacionales del BM, FMI, PNUD y CEPAL, que demuestran todo lo contrario.

El problema radica en que, si se quiere beneficiar a la población más amplia y no a un puñado de capitalistas y políticos, habrá que tomar otro tipo de medidas económicas. Y el pretexto de la “crisis” no sirve para nada frente a las evidencias históricas.

El mayor ejemplo mundial es el New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945). En medio de la peor crisis económica sufrida por los EEUU, aumentó salarios y pensiones jubilares, hizo gigantes inversiones públicas, incrementó impuestos como el de rentas, prohibió despidos laborales, sancionó a empresarios inescrupulosos, evasores y especuladores, incrementó subsidios a productos agrícolas, fortaleció el trabajo a todo nivel. En cien días la crisis comenzó a ser abatida y Roosevelt fue reelecto. Fue una experiencia que propició el surgimiento de las tesis de John M. Keynes (1883-1946).

En plena crisis del cacao, la Revolución Juliana del Ecuador (1925-1931) fiscalizó bancos, apresó al mayor magnate del país, creó el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, la Caja de Pensiones; centralizó recursos; invirtió en obras; subió salarios y reconoció, por primera vez, los más fuertes principios y derechos laborales; creó el impuesto a la renta y otro sobre las ganancias del capital; impulsó la industrialización; controló precios. Y la población mejoró sus condiciones de vida y de trabajo, ante la resistencia permanente de los capitalistas de la época.

Durante las décadas de 1960 y 1970, con el modelo desarrollista basado en la activa intervención del Estado, el Ecuador se modernizó como nunca antes y mejoraron las condiciones sociales, lo cual contrastó con las décadas del primer “modelo empresarial” de los 80 y 90, cuando se deterioraron los servicios públicos y se derrumbó la calidad de la vida y del trabajo en el país, aunque no los buenos negocios.

Pero, en definitiva, ¿qué país se quiere en el futuro? Al menos un Ecuador que, entre otros logros y en el menor tiempo posible, fortalezca educación pública y gratuita; medicina y salud universales y gratuitas; seguridad social universal con buenas pensiones; radical redistribución de la riqueza; altos salarios para los trabajadores; más derechos laborales; remuneraciones máximas para gerentes y propietarios privados; fuertes impuestos directos sobre rentas, ganancias, patrimonios y herencias; incremento de los presupuestos estatales para inversión social y productiva; fortalecimiento de la economía popular y solidaria; ampliación de las economías comunitarias y autogestionarias; fuertes capacidades regulatorias del Estado y de las comunidades sociales, para imponer el interés nacional a los intereses privados. 

A pesar de la cultura económica dominante, es necesario comprender que la riqueza generada en Ecuador es fruto del trabajo social, del que se apropia principalmente una elite que cree haberla originado por su sola iniciativa, inversión, esfuerzo y riesgo. Históricamente hablando no tiene por qué haber ricos. Y, por consiguiente, un cambio profundo en la economía requiere un reordenamiento completo de las relaciones del poder. Solo así es posible otro tipo de medidas y políticas, que deben impedir el retorno de las que ansían las atrasadas mentalidades capitalistas prevalecientes en Ecuador, que siguen negándose al adelanto del país, a su progreso, al bienestar colectivo y a la vida digna de todos.

Ecuador, miércoles 26 de diciembre de 2018

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