La aprobación por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia e incorpora modificaciones para sancionar penalmente la negación a las violaciones a los derechos humanos ha tenido un efecto sorprendente. De pronto, las elites conservadoras descubrieron el valor de la libertad de expresión y recurren a ella para impedir que se legisle contra el negacionismo. Otros nos dicen que no se puede encarcelar ciudadanos negacionistas a destajo, bajo el supuesto de que incontables pinochetistas recalcitrantes insistieran en negar lo archi probado; algo que sabemos no va a ocurrir.

La propuesta de ley, que data del gobierno de Michelle Bachelet (2017), fue modificada principalmente por medio de la indicación de la actual presidenta de la mentada Comisión, Carmen Hertz, que sanciona penalmente la negación a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar y consignadas en los informes Rettig y Valech (fuente prensa Cámara de Diputados). Lo que sanciona este proyecto de ley son, tal como señala la diputada Hertz, es la negación de hechos concretos.

Frente a las voces que impugnan este proyecto, por atentar contra la libertad de expresión, cabe recordar que los Pactos Internacionales señalan que toda apología “que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley” (PIDCP). Si bien se prohíbe el tipo de discurso, no se criminaliza explícitamente. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial “sí establece la obligación de generar una sanción penal respecto a la incitación al odio racial, si bien su Comité (CERD) ha establecido que los países tienen un margen de discrecionalidad respecto al uso de esta herramienta, pudiendo prevenir y sancionar la incitación a la discriminación sin necesidad de recurrir a la utilización del derecho criminal” (Informe Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, INDH, 2014)

Uno de los nudos a desentrañar en esta polémica justamente nos lleva a los límites del ejercicio de la libertad de expresión con el respeto de la dignidad humana, que se vincula con “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” (PIDCP). Cuando en público se niegan o reivindican los crímenes de lesa humanidad, la dignidad y revictimización de las víctimas está en juego. La verdad de los hechos está en juego. El piso mínimo de sana convivencia está en juego. En sumas cuentas, el efectivo respecto de la dignidad humana en juego.

En el límite de la tolerancia se encuentran aquellas expresiones públicas que promueven la construcción de sociedades violentas y discriminatorias, y que en el caso del negacionismo y de la reivindicación de las violaciones a los derechos humanos atentan no solo contra la dignidad de las personas, sino contra las garantías de no repetición; que a estas alturas sabemos que en nuestro país no se encuentran dadas, a pesar de los avances, en la medida de lo posible, en materia de justicia.

Países como Alemania, Francia, Israel, Bélgica e Inglaterra y Suiza se penalizan los discursos negacionistas y aquellos que incitan al odio. En el caso de Alemania, las penas pueden alcanzar los cinco años de prisión. En Estados Unidos, por el contrario, no se sancionan este tipo de expresiones, acogiéndose a la Primera y Decimocuarta Enmienda, que protegen la libertad de expresión, incluso en el caso de aquellos discursos de incitación al odio, como los de supremacía racial del Ku Klux Klan. Cabría recordar que Estados Unidos no ha vivido el genocidio dentro de sus fronteras.

A nivel institucional y público los discursos que niegan o justifican los crímenes de lesa humanidad mediante el apoyo a los regímenes que cometen estas atrocidades, como la dictadura en Chile, que violó los derechos humanos de manera de manera premeditada, sistemática y masiva, se encuentran sin duda dentro de los niveles más preocupantes de incitación al odio. De mayor preocupación es que estas declaraciones provengan de congresistas, quienes ocupan un espacio de representación pública para tratar de terroristas a aquellos que fueron torturados por agentes del Estado o para declararse pinochetista y agradecida del gobierno militar. En este sentido, cabe recordar que son los Estados los garantes del efectivo respeto de los derechos humanos y que los crímenes de lesa humanidad, desde el punto de vista del derecho internacional, son cometidos por agentes del Estado para recibir tal denominación.  

En los últimos meses varios sitios de memoria y memoriales han sido atacados, por lo que más allá de los discursos negacionistas, resulta indispensable que el Estado proteja y asegure la permanencia de estos lugares donde las memorias colectivas en torno a nuestro pasado reciente se preservan y construyen, apuntando siempre a la promoción de una sociedad cada vez más democrática y respetuosa de los derechos humanos.  

Recientemente el Ejecutivo retiró la urgencia simple al proyecto que sanciona el negacionismo. Recientemente también presentó un proyecto de ley que busca conmutar las penas de reos mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de la condena impuesta, que padezcan enfermedades terminales o algún impedimento físico que provoque dependencia severa.  Esta iniciativa, por cierto, incluye a los reos de Punta Peuco. En estas circunstancias cabe preguntarse por la pertinencia de legislar contra el negacionismo.

Mariana Zegers Izquierdo
Secretaria General
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi