Los ataques del nuevo gobierno a los pueblos indígenas, el cambio administrativo en la cartera de Agricultura y la responsabilidad sobre la demarcación de las tierras originarias ya están provocando una reacción inmediata de las comunidades organizadas y autónomas que sobreviven y luchan en el territorio nacional. Pasados más de 500 años de la invasión y una sistemática política de exterminio todavía resisten 305 etnias que ocupan poco más del 12% del territorio brasileño. La mayor parte, casi el 90%, se ubica en la Amazonia, un espacio de exuberante bosque en el que las comunidades todavía pueden vivir según su cultura y, de paso, garantizar la preservación de un bioma que es fundamental no sólo para Brasil, sino para todo el planeta. Basta un vistazo en los aplicativos "Google Maps y Google Earth" e inmediatamente se puede percibir que donde hay una comunidad indígena tiene protección y el bosque vibra. Donde hay una industria o hacienda, la vida agoniza.

La Amazonía, por sus características climáticas y ambientales, siempre ha sido un espacio de difícil ocupación, tanto que hasta hoy es la región con menor densidad demográfica. Pero la riqueza de su diversidad, los minerales y la voracidad en la búsqueda de energía (con la construcción de las centrales hidroeléctricas) ha hecho que los ojos se dirijan codiciosos hacia allá. Y así, el latifundio, que ya ocupa con el agronegocio más del 60% del territorio, quiere abarcar ese 12% que están bajo la posesión de los pueblos originarios. La intención del gobierno, atendiendo al deseo de los granjeros, es sacar a los indígenas de las tierras "haciéndolos ciudadanos", lo que, en la práctica, significa no sólo eliminar su modo de ser en el mundo, como su desintegración como ser humano que tiene una cultura propia, visceralmente diferenciada de la cultura occidental judeo/cristiana. Siguiendo los deseos del capital ultraliberal, los indígenas necesitan ser incorporados como fuerza de trabajo en las ciudades y en los campos, sin derecho a su propia tierra. Es un episodio más de acumulación primitiva que sólo servirá para destruir el modo de vida de los pueblos originarios.

En esa semana, tras una declaración del presidente de que los indígenas que viven en las tierras originarias son como animales en zoológicos, una carta abierta de los pueblos Aruak Baniwa y Apurinã deja bien claro su posición con relación a esa propuesta de hacerlos "ciudadanos" :

“No estamos en los zoológicos, señor Presidente, estamos en nuestras tierras, nuestras casas, como el señor mismo y como cualquier sociedad humana que están en sus casas, ciudades, barrios. Somos personas, seres humanos, tenemos sangre como tú, nacemos, crecimos, procreamos y después morimos en nuestra tierra sagrada, como cualquier ser humano viviente sobre esta tierra. Nuestras tierras, ya comprobadas técnica y científicamente, son garantías de protección ambiental, siendo preservadas y manejadas por los pueblos indígenas, promoviendo constantes lluvias con las cuales las plantaciones y agronegocios de la región del sur y sureste se benefician y lo sabemos”.

Ellos tampoco aceptan la idea de integración propuesta por el presidente: "Nosotros hemos sido diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y del Estado Nacional Brasileño, por eso, acá estamos para afirmar que no aceptamos más política de integración, política de tutela y no queremos ser diezmados por medio de nuevas acciones de gobierno y del Estado Nacional Brasileño. Este país llamado Brasil nos debe un valor impagable señor presidente, por todo lo que ya se ha hecho en contra y con nuestros pueblos. Las tierras indígenas tienen un papel muy importante para mantener la riqueza de la biodiversidad, purificación del aire, del equilibrio ambiental y de la propia supervivencia de la población brasileña y del mundo”.

También en esta semana, una representación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil - APIB – llegó a la Fiscalía General de la República solicitando el control judicial de la Medida Provisional firmada por el presidente Jair Bolsonaro que pasa a la cartera de Agricultura las atribuciones sobre identificación, delimitación y registro de tierra tradicionalmente ocupada por los indígenas. Según la APIB, esta medida contraviene el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo así como una serie de otras leyes nacionales.

La representación también solicita la instauración de una Investigación Civil con el objetivo de investigar y monitorear los actos y procesos administrativos de demarcación de tierras indígenas que se van a tramitar en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, así como determinar una eventual responsabilidad administrativa atentatoria a la moralidad administrativa, la democracia y los derechos culturales de los pueblos indígenas, basada en el Artículo.129, inciso V, de la Constitución Federal de 1988.

También exigen que se tomen medidas urgentes para evitar el riesgo de daños irreparables a los pueblos indígenas por la suspensión y / o interferencia política en los procedimientos demarcatorios, afectados por el eventual comportamiento de la Ministra y sus subordinados.

Además de las acciones en los campos de la comunicación y el judicial las entidades autónomas de la organización indígena ya están preparando acciones públicas contra el ataque a su cultura y sus tierras. Según las comunidades, los importantes pasos dados después de la Constitución de 1988 no pueden retroceder. Y Brasil no puede volver a tener una práctica colonial, tal como la que marcó el etnocidio y el memorismo post invasión. Habrá lucha.

Elaine Tavares

Periodista