El acto de toma de posesión del segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro Moros, evento previsto para el 10 de enero de 2018, está enmarcado en un escenario signado por la agudización de un conflicto multidimensional de gran complejidad, dado esencialmente entre fuerzas conservadoras transnacionales alineadas a los intereses de restauración del dominio de los Estados Unidos sobre Venezuela y el hemisferio, frente a un conjunto de factores heterogéneos que se demandan como continuidad histórica de la Revolución Bolivariana.

En el núcleo de dicho conflicto, se encuentran un elemento sustantivo para el devenir histórico de América Latina y el Caribe. En primer lugar, la pugna por el control y usufructo de los ingentes recursos naturales localizados en Venezuela, los cuales resultan vitales ante la crisis de hegemonía mundial, y más grave aún, ante la crisis estructural del capitalismo (con síntomas de una nueva y muy agresiva recesión en las economías centrales y las economías emergentes en el corto plazo).

Breve esbozo del escenario

El escenario de crisis política resulta explícito ante el cuestionamiento del tejido institucional venezolano, el cual es ejercido de manera sistemática por los factores vinculados a la oposición tradicional, sobre la base de los lineamientos estratégicos emanados desde Washington. Por tanto, las tensiones políticas alcanzan niveles extraterritoriales y escalas transnacionales[1].

Precisamente el carácter transnacional del conflicto, deriva en que sus manifestaciones más explícitas se desarrollen en los ámbitos geopolítico, diplomático y en la opinión pública internacional.

En el ámbito geopolítico, se experimenta el aumento de las hostilidades multidimensionales hacia Venezuela por parte de la administración de Donald Trump, tendencia que se reproduce en el accionar de los gobiernos de la OTAN, y en un grupo de gobiernos de países hermanos que actúan como satélites de la política exterior estadounidense en el continente, en particular los agrupados en el denominado Grupo de Lima (con la excepción de la representación de México ante este foro, la cual se ha deslindado de las líneas sustantivas del grupo por considerar que las mismas vulneran el derecho internacional y fomentan salidas no democráticas a la crisis venezolana).

 Las hostilidades de este aparato (no vinculante ante el sistema de Naciones Unidas) contra Venezuela no se conforman con cuestionar la legitimidad del Estado de Derecho y el orden constitucional venezolano, sino que han llegado al extremo de desconocer la institucionalidad nacional (con excepción de la Asamblea Nacional: poder legislativo nacional controlado por la oposición política), sugerir un gobierno de transición dirigido por la mencionada Asamblea Nacional[2] y promover abiertamente el derrocamiento violento del gobierno de Nicolás Maduro y de los poderes públicos vigentes.

En el ámbito diplomático, el ataque se ha intensificado en foros como la OEA y el parlamento de la Unión Europea (instancias en las que se llevarán a cabo sesiones especiales para emitir condenas contra Venezuela el mismo 10 de enero), y más grave aún, se han anunciado medidas hostiles de excepción, tales como la ruptura de relaciones e incluso el retiro de embajadas y representaciones diplomáticas. En el ámbito mediático se profundiza la estigmatización intencionada de Venezuela, cuya finalidad es la instauración de un consenso en torno a la necesidad de una intervención internacional.

Por supuesto, en el ámbito interno también se plantea el despliegue sistemático de acciones en la misma línea. La nueve directiva de la Asamblea Nacional reitera que la gestión de este sustantivo poder público nacional debe orientarse hacia el derrocamiento de Nicolás Maduro, por ende persiste en la búsqueda de una transición (que implica una ruptura constitucional) y que significa socavar la legitimidad del gobierno. Otros factores minoritarios, insisten en estimular una situación de caos y de violencia que facilite una conmoción nacional como prerrequisito para que se produzca una intervención internacional.

Mientras tanto, el gobierno venezolano ha buscado un contrapeso mediante el fortalecimiento de sus relaciones con potencias emergentes transoceánicas, entre las que sobresalen por su relevancia en el sistema-mundo: China, Rusia, Turquía e India; ha impulsado el relanzamiento del ALBA; y ha adelantado una agenda diplomática intensa ante países de América Latina y el Caribe no alineados con Washington, África y Asia para contrarrestar el asedio. También hay que mencionar la existencia de canales de diálogo con factores internos de los Estados Unidos  y de la Unión Europea, en búsqueda de una salida negociada a la crisis política venezolana.

El escenario se torna más complejo por la grave y severa crisis económica que golpea a Venezuela desde el año 2015. Además de una recesión productiva sostenida y de una contracción del mercado interno, se ha desencadenado una crisis de hiperinflación desde noviembre de 2017 que ha derivado en la precarización de la calidad de vida de la población del país, con mayor énfasis en la clase trabajadora.  

Perspectivas

A pesar de la complejidad del escenario y del signo multidimensional del conflicto, se exponen algunas perspectivas de corto plazo sobre la base de algunas tendencias en la dinámica política:

1. La coyuntura será aprovechada por los factores que dominan la política exterior de los Estados Unidos, para profundizar el asedio contra Venezuela y para llevar a cabo el despliegue de una cruzada internacional para intensificar el bloqueo económico-financiero y el aislamiento político-diplomático (una especie de Apartheid contra Venezuela), con la finalidad de inducir el derrocamiento del tejido institucional venezolano y la instauración de un régimen servil a sus intereses estratégicos[3].

2. Se prevé el crecimiento de la tendencia hacia la militarización del conflicto, ante lo cual es factible el aumento cuantitativo y cualitativo de presencia y ejercicios militares en las adyacencias a Venezuela (bajo la dirección estratégica de los Estados Unidos), así como la ampliación de convenios militares de Venezuela con Rusia[4].

3. Aunque las condiciones objetivas son agobiantes para la mayoría de la población venezolana, en el escenario actual no hay instrumento político o masa crítica con la suficiente potencia para desencadenar un levantamiento general en el corto plazo. Tampoco parece factible una rebelión del estamento militar. Sin embargo, la situación económica es un acicate para que aumente la conflictividad social a partir de la acción de algunos gremios profesionales –no vinculados con las agendas políticas del gobierno o de la oposición formal- en protesta por demandas legítimas.

4. Las protestas legítimas y el descontento popular creciente, pueden generar un caldo de cultivo para que factores extremistas lleven a cabo el desarrollo de injertos de violencia terrorista (al estilo de los Irán-Contra en Nicaragua), con lo cual se agravaría notablemente la situación en Venezuela.

5. La estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro depende en gran medida de la capacidad del Presidente para transmitir en su discurso del 10 de enero, una narrativa que permita el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del Estado, cuyos pilar fundamental debe ser una nueva convocatoria para el diálogo en búsqueda de una salida negociada al conflicto (con amplia participación de interlocutores internacionales), así como la rectificación radical de vicios y errores, especialmente en materias sensibles como la economía y la corrupción. Por supuesto, esta narrativa debe ir acompañada por la implementación inmediata de dicha rectificación. También es urgente, buscar los canales y mecanismos diplomáticos, a pesar de las divergencias, para reducir las tensiones y contener las hostilidades de carácter político con los gobiernos del continente, entre los que sobresalen por supuesto los de Estados Unidos y los gobiernos de los países vecinos, en particular los de Colombia, Brasil y Guyana.

Comentario de cierre

Las prioridades para Venezuela son:

La recuperación económica: que implica el diseño y ejecución de un plan económico de largo plazo y con medidas de emergencia que respondan de manera inmediata a las exigencias de la realidad concreta, un plan signado por la viabilidad y sostenibilidad material (sobre la base de la unión de amplios factores nacionales y de la necesaria cooperación internacional),  la rigurosidad científica y la claridad política de sus objetivos;

El fortalecimiento del tejido institucional: como prerrequisito para restaurar el pleno gozo de la seguridad de los derechos por parte de la población venezolana y para contrarrestar el flagelo de la corrupción;

La reducción de la conflictividad: mediante una política de diálogo que permita la refundación de un nuevo pacto social (el proceso constituyente es una opción inmejorable) y por supuesto contener-derrotar las tendencias fundamentalistas de aniquilación del otro (sustentadas en la tesis del enemigo interno), y de promoción de rupturas constitucionales por la vía de la fuerza.

Hacer caso omiso a estas prioridades, significa acentuar la incertidumbre y poner en riesgo la existencia de la República.

Venezuela tiene el potencial para superar la crisis actual, para regresar a la senda del crecimiento con inclusión y justicia social. El diálogo sensato, el respeto a las posiciones políticas de los otros y el acatamiento de la Constitución por parte de todos los factores políticos, son las herramientas que pueden propiciar esa senda.

Jorge Forero

Investigador del Centro Internacional Miranda.