Distintos actores políticos han empezado a plantear que la convocatoria a las elecciones generales abre una nueva etapa que, en tanto representa el relevo gubernamental, tenderá a disipar o a resolver la deplorable situación devenida de las políticas del actual gobierno y de su correspondiente rechazo. Desde mi perspectiva, esto no será así.

En efecto, es muy probable que buena parte de los actores políticos que forman parte de las disputas y los conflictos actualmente en marcha asuman y orienten su acción para hacer avanzar sus opciones electorales y, por esa vía, mantener o cambiar la correlación de fuerzas y la orientación en la conducción del aparato estatal.

No obstante, la llamada crisis política es más que eso en realidad. Es un proceso continuo de contradicciones y disputas que, como observamos, no se resolvieron con las elecciones de 2015 ni con la designación de un nuevo gobierno. Por el contrario, siguieron desarrollándose durante el período gubernamental actual y devinieron en varios momentos críticos.

Entre las contradicciones más relevantes que pueden citarse figuran:

1. La contradicción devenida de la disputa por el control de los órganos decisivos del Estado con el fin de orientar sus políticas, su legislación y sus resoluciones a favor de los intereses de los grupos de poder económico, militar y político, cuyos objetivos son la acumulación de capital y el enriquecimiento lícito e ilícito.

2. Quienes se han disputado tales ámbitos de poder se enfrentan en ocasiones y se articulan en otras, especialmente cuando se sienten amenazados. Esto explica la alianza que se ha dado en llamar pacto de corruptos, cuyos integrantes, investigados, procesados y amenazados con perder privilegios e inmunidad, desarrollan una franca estrategia para copar todos los organismos del Estado, para lo cual incluso han incurrido en actos de violación de la Constitución y del derecho internacional.

Esos sectores provienen de fuerzas defenestradas y vinculadas con la política sucia y corrupta, como la del Partido Patriota y la del partido Líder, la de militares acusados de violación de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, la de grupos empresariales que han hecho del Estado una agencia a su servicio y la de grupos del crimen organizado. Esta alianza, con sus prácticas, atenta contra la débil, enclenque y manipulada legalidad e institucionalidad.

La contradicción procede de un modelo de acumulación de capital que ha generado despojos legales e ilegales de tierras, fuentes de agua y otros bienes públicos, así como desplazamiento o expulsión de población, y cuya competitividad se sostiene en salarios de hambre y en el uso o aprovechamiento barato o sin costo de bienes comunes y estratégicos. Esto genera resistencias y luchas sociales legítimas que, pese a ser objeto de criminalización, judicialización y represión al extremo del asesinato, se incrementan y expanden.

Quienes se benefician del control del Estado y del modelo de acumulación de capital en uno u otro aspecto o sentido son confrontados por quienes han luchado por avanzar en reformas políticas. Pero también son enfrentados por quienes, desde una interpretación histórica y estructural, se están planteando la fundación de un nuevo Estado, al cual denominan plurinacional, popular, multisectorial.

Tales contradicciones, por su magnitud, auguran un proceso electoral incierto en su legitimidad y legalidad, dado que las estructuras de poder que hoy en buena medida controlan el Estado persisten en sus pretensiones de legislar e implementar políticas a favor de la delincuencia organizada y de quienes violaron flagrantemente los derechos humanos, mermar la relativa autonomía de algunos organismos e instituciones del Estado para obligar a las cortes a que resuelvan según sus intereses corporativos, expulsar organismos internacionales, etc. En esas búsquedas están transitando por un camino que no está exento de que atenten contra las elecciones y continúen violando la Constitución.

Estas contradicciones se expresarán en buena medida en la disputa electoral. Estarán plasmadas en programas de gobierno, en candidaturas, en discursos, en estrategias, en alianzas, etc. En fuerzas políticas que por su carácter competirán con recursos de poder diferenciados en su magnitud para afrontar la competencia. Es en ese ámbito donde se dilucidará, en el corto plazo —y hasta cierto punto—, la correlación de fuerzas entre quienes sostienen el statu quo y profundizan en regresiones hacia ejercicios autoritarios de poder y entre quienes se plantean cambios democráticos y profundos.

Así las cosas, las elecciones no serán una solución a tales contradicciones, y menos a la llamada crisis política que vive el país. Por sus signos y causas, dicha crisis tiene implicaciones históricas y profundas relacionadas con el carácter, la dirección y las políticas del Estado y con el modelo imperante de acumulación de capital. Por el momento en que se desarrollan, las elecciones podrían ser un elemento crítico más surgido de dichas contradicciones.

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