En una de sus normas más claras, la Constitución de la República determina el territorio venezolano. Señala textualmente que está conformado por “el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”.

Todos los venezolanos recordaremos que nuestra “segunda pierna” en el mapa, la hemos visto desde la escuela con unas rayitas que señalan “territorio en reclamación” y los que seguimos el acontecer internacional podremos haber notado como desde hace unos dos años pero con mucha más fuerza el año pasado ha reaparecido el tema en las noticias.

Recuento reciente del conflicto

En principio, estamos en presencia de una pretensión ligitiosa ante la Corte Internacional de Justicia que se materializó el 28 de marzo de 2018, cuando Guyana solicitó a la CIJ conocer del tema, de la que luego volvimos a saber en el momento en el que la Cancillería rechazó la pretensión recordando que Venezuela expresamente ha negado que ese tema se conozca en esa instancia.

Luego, en la situación que se presentó cuando, el 23 de diciembre de 2018, la Armada de Venezuela interceptó y expulsó un buque de ExxonMobil que invadió aguas territoriales. Lo cual rápidamente fue traducido en un relato mediático que justificaba su presencia en ese sitio señalando que era territorio guyanés.

Posteriormente, iniciando enero fue objeto de debate nacional y reclamo internacional, el punto número 9 de la declaración del Grupo de Lima, emitida el 4 de enero, con el cual este grupo de trece países pretendió en un primer momento limitar la capacidad soberana de Venezuela sobre su territorio e introducir una disputa sobre las aguas que no ha estado ni siquiera contemplada en el Protocolo de Puerto España.

En los días siguientes, los Gobierno de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Brasil, Perú, Santa Lucía, Honduras y Colombia, se retractaron del contenido de ese punto y lo comunicaron formalmente a Venezuela que lo anunció mediante declaración del Canciller Jorge Arreaza del 13 de enero de 2019.

Finalmente, en las horas siguientes a la simulación de juramento realizada por Juan Guaidó, se hizo público que Estados Unidos estaba en conversaciones con Guyana donde le aseguraban que el “nuevo gobierno” accederá a sus reclamaciones territoriales que han apoyado y promovido públicamente, como lo agradeció el gobierno de Guyana en noviembre del 2018.

El discurso de Guyana

Por lo cual, si la prensa venezolana  en los últimos meses ha recogido declaraciones de sujetos de distintas posturas políticas que declaran no aceptar acciones que comprometan el territorio, no han recogido con igual interés cuáles son los actores que promueven el conflicto y la retórica que Guayana utiliza para sostener que es una acción justa.

Al respecto, para la BBC de Londres, Carl Greenidge, quien ha sido Canciller y Primer Ministro guyanés, señaló sobre el diferendo y su motivación para plantearlo que Guyana y otros países tienen problemas puesto que el gobierno de Venezuela no honra sus compromisos internacionales, que España nunca tuvo soberanía sobre el área y que nunca nadie de habla española ha ejercido soberanía sobre el territorio. Afirmando finalmente que las leyes venezolanas impiden el desarrollo económico, principalmente petrolero de la República de Guyana.

De modo, que podemos observar como judicialmente en el asunto del conflicto territorial se introducen elementos que hacen parecer a Venezuela como un Estado fallido y además un peligroso vecino para pequeños países como Guyana.

El actor en las sombras

En diciembre de 2017, Exxon Mobil informó que estaba dispuesta a asistir a Guyana en los gastos judiciales resultantes de una eventual controversia con Venezuela por el bloque Stabroek, descubierto en 2015 a unos 190 kilómetros (120 millas) de la costa del país y considerado la segunda mayor reserva del mundo.

Para entender qué importancia tiene que Exxon Mobil pretenda desarrollarse en un territorio que es venezolano tendremos que considerar que esta empresa se fue de Venezuela en el 2007 y tras pretender cuantiosas indemnizaciones vio frustradas sus pretensiones cuando Venezuela logró fallos favorables a sus intereses ante el CIADI.

Adicionalmente pare entender qué capacidad tiene la Exxon Mobil de influir en la política estadounidense hemos de recordar que Rex Tillerson quien fue Secretario de Estado de Estados Unidos, hasta ser sucedido por Mike Pompeo, antes venía de desempeñarse como Director Ejecutivo de Exxon Mobil Corporation entre 2006 y 2016.

Con esto en cuenta y con el acelerador que están poniendo en el asunto de desestabilizar Venezuela consideramos que es tiempo de visibilizar que cada acción que adelanta incluye la pretensión de separarnos de nuestra Guayana Esequiba que requiere de nosotros mucho más que una consigna.