La semana pasada estuve en Guayaquil, invitado por la Universidad De Los Ríos y por KolectiVoz, para impartir una conferencia sobre los modelos económicos en conflicto en el Ecuador contemporáneo.

En esencia sostuve lo siguiente: la economía no es una ciencia social exclusivamente técnica, ni con única visión, sino con diversidad de enfoques, que responden a distintos intereses sociales; sin embargo, en el país predomina la visión económica de las elites (alto empresariado, economistas vinculados a sus intereses, medios de comunicación que difunden casi con exclusividad sus planteamientos). Además, para comprender la economía del país no solo interesa la teoría sino la evolución histórica. 

Desde la perspectiva histórica, la época colonial marcó una serie de raíces: diferenciación de clases sociales, miseria de amplias poblaciones, dominación de minorías concentradoras del poder económico, etc. La independencia, aunque forjó la utopía de sociedades con democracia, libertad y felicidad, fue superada por la instalación de una república oligárquica, que excluyó a la mayoría nacional, porque el nuevo Estado consagró el poder económico y el dominio político de minoritarias familias de terratenientes, comerciantes y banqueros.

Recién con la Revolución Juliana (1925-1931) empezó en Ecuador un largo proceso de superación del régimen oligárquico heredado. Con ella quedaron definidos tres ejes de acción política y económica: la intervención del Estado en la economía; legislación laboral y políticas sociales; impuestos directos (nació el de rentas), para redistribuir la riqueza. Sin embargo, desde entonces, las tradicionales elites económicas del Ecuador pasaron a defender, como posiciones inamovibles: la propiedad privada de sus negocios; el rechazo al “estatismo”; la resistencia a la legislación laboral; la permanente oposición a los impuestos, a lo que se sumó la evasión y elusión como prácticas cotidianas.

Al ciclo juliano siguió otro (1931-1948) en el cual las fuerzas sociales pugnaron por reproducir los logros institucionales julianos o por revertirlos y desmontarlos. Una pugna entre la oligarquía tradicional contra el Estado modernizante, en un momento de auge histórico de masas. Ello explica la existencia de una veintena de gobiernos en apenas 17 años. En contraste, la estabilidad gubernamental llegó entre 1948-1960, pero quedó pendiente la definitiva superación del régimen oligárquico, que solo fue posible gracias a las décadas “desarrollistas” de 1960 y 1970, cuando se retomó el activo papel del Estado para la promoción económica y se realizaron importantes transformaciones que permitieron superar el sistema hacienda. Incluso la burguesía ecuatoriana creció, como nunca antes, bajo las alas protectoras del Estado, al que, sin embargo, ella le atacaba como “comunista”.

El inicio de los gobiernos constitucionales en 1979 igualmente marcó distintas fases: hasta 1982 aún regían principios desarrollistas y el Estado mantenía capacidades fijadas por la Constitución de 1979, aprobada por referéndum. La crisis de la deuda externa y del modelo primario-petrolero, forzaron a girar el manejo económico que desde 1984 (León Febres Cordero), con los sucesivos gobiernos y por sobre sus diferentes orígenes políticos, derivó en la afirmación de un solo modelo económico: el empresarial, inspirado en conceptos neoliberales, generalizados en el mundo y particularmente en América Latina, incluso por el derrumbe del bloque socialista.

El modelo empresarial (acogido por la Constitución de 1998) provocó un acelerado crecimiento capitalista, acompañado por la extraordinaria concentración de la riqueza, la progresiva debacle de los servicios públicos (consecuencia de apuntalar la idea del retiro y privatización del Estado), el deterioro sistemático de las condiciones de vida y de trabajo en la sociedad, el crecimiento de la inequidad, la emigración de ecuatorianos y la multiplicación de la corrupción privada, visible en hechos como la sucretización de sus deudas o los “salvatajes” bancarios (y el feriado), además de la formidable evasión tributaria. 

Las elites económicas, que hegemonizaron la vida del país en las décadas finales del siglo XX y los inicios del XXI, consolidaron su marca distintiva reproduciendo las tres consignas que la vieja oligarquía igualmente mantuvo a lo largo de la historia contemporánea (lo cual demuestra el atraso conceptual y el conservadorismo de semejantes “burguesías”): no al Estado, no al trabajo regulado, no a los impuestos. En esta época también se unieron la privatización de empresas y servicios públicos y la asfixia financiera a los gobiernos, bajo el concepto de “achicamiento” del gasto público.

Las elites económicas tuvieron éxito y su “modelo” parecía destinado a permanecer por décadas. Pero ese camino se suspendió durante el ciclo gubernamental 2007-2017, cuando se recobró la tendencia modernizante inaugurada por los julianos y continuada por los desarrollismos, a través de potenciar las capacidades regulatorias e interventoras del Estado sobre la economía; la promoción de derechos laborales y políticas sociales; el fortalecimiento de los impuestos para la redistribución de la riqueza, y la nueva institucionalidad establecida por la Constitución de 2008. Los resultados de este “modelo de economía social” han sido resaltados por múltiples estudios y también por informes de entidades como FMI, BM, PNUD, CEPAL, que destacan el progreso material del país, el avance de las inversiones y de los servicios públicos, la disminución de la pobreza, el aumento de la equidad, la mejora en las condiciones de vida de la población.

Desde 2017 el modelo de economía social fue radicalmente roto. Una consciente política de “descorreización” nacional e institucional, que aprovechó de los escándalos de corrupción, sirvió para crear la imagen distorsionada sobre la década de la “revolución ciudadana”, a la que se le atribuyen todos los males del país, lo que, además, ha servido para justificar persecuciones, traiciones y giros económicos que contradicen a la Constitución de 2008. Se ha relanzado un segundo modelo empresarial, en el cual las cámaras de la producción han recobrado su calidad de actores determinantes de las políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno, pero bajo su tradicional y conservadora visión clasista sobre el país y el mundo.

En la historia contemporánea del Ecuador, por tanto, la construcción de un modelo de economía social constantemente ha sido frustrada por el triunfo del modelo empresarial, auspiciado por poderosas elites económicas del país. Están bien documentados los logros de ambos “modelos”. En síntesis, Ecuador siempre progresó gracias al fortalecimiento de las capacidades estatales; mejoró su calidad de vida y de trabajo con claras y eficaces políticas laborales y sociales; logró redistribuir la riqueza cuando se cobraron impuestos como el de rentas. Los problemas nacionales siempre se agudizaron con la imposición de políticas basadas en la doble idea de que el mercado libre y la empresa privada deben ser los ejes “naturales” y rectores de la economía. 

La historia económica del país, así lo demuestra, a pesar de las visiones apocalípticas que ideológicamente generan quienes rechazan el “estatismo”, los impuestos a los ricos, abogan por la flexibilidad laboral y buscan privatizar bienes y servicios del Estado. Su propósito final es el predomino de los intereses privados sobre el interés nacional; y la restauración de los fines oligárquicos, regionales y particulares sobre las necesidades y esperanzas de las grandes mayorías nacionales.

Ecuador, lunes 11 de febrero de 2019

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