Se pretende ofrecer “ayuda humanitaria” a Venezuela para colarles una “responsabilidad de proteger”.  Ambos son únicamente conceptos pero no normas de Derecho Internacional, y han sido motivo de extensas controversias internacionales.  No hay ni tratados ni decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que las avale.

Lo primero se deriva de un principio de derecho humanitario.  Lo segundo significa intervención armada, directa o indirecta.  Pero la intervención es un delito, y un delito no puede constituir un derecho o una “responsabilidad”.

Las “ayudas humanitarias” y la “responsabilidad de proteger”  de Estados Unidos, han ocasionado millones de muertos, heridos, desplazados en Irak, Yugoslavia, Libia, Somalia y Siria, entre otros países, que constituyeron fracasos para la ONU.

Yugoslavia, líder de los Países No Alineados y amiga de la causa nacional de Panamá,  fue invadida sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.  

Slobodam Milosevic fue acusado de limpieza étnica y genocidio por Estados Unidos y la OTAN y encarcelado por el Tribunal Penal Internacional.  Diez años después de su fallecimiento, dicho Tribunal lo exoneró de todas las acusaciones, pero ya el daño estaba hecho.

En Libia, el pretexto que dio lugar a su destrucción era que el “dictador” Muamar Gadafi violaba los derechos humanos de su pueblo, específicamente de los de piel oscura.  Pero Libia tenía los más altos índices de desarrollo humano y el PIB más alto de África.

Es cruel paradoja que el año anterior a la invasión, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU había premiado a Libia por el progreso obtenido justamente para su población de color.

Era otra la verdad de la invasión: Gadafi tenía planes de abandonar la zona del dólar e instaurar moneda propia en el continente africano.

En manos de mercenarios pagados por Estados Unidos y la OTAN, Gadafi fue atrozmente asesinado por hordas terroristas que dejaron al país en un caos sin solución.

Libia quedó fragmentada y convertida en un infierno, repartida entre bandas criminales, sin posibilidades de restaurar algún viso de institucionalidad.

Al igual que Libia -- a la que Bélgica le robó billones de dólares -- Estados Unidos y el Reino Unido le han incautado también billones de dólares al pueblo de Venezuela e intentan destruir su economía y al Estado, aplicando pérfidamente un “derecho de proteger o derecho de injerencia”.

Ese socorrido “derecho” es una contradicción en sí misma porque la intervención es un delito, y ningún delito es un derecho.  No hay derecho contra el derecho.

No puede protegerse militarmente a ningún Estado sin su aprobación o en contra de su soberanía, y ésta es una de las condiciones de toda ayuda humanitaria.

Claro está que Estados Unidos no quiere proteger sino destruir a Venezuela, por lo que la presunta “ayuda humanitaria” que debe preceder toda “responsabilidad de proteger” se desploma por su propio peso.

Veamos el caso de Panamá.  No había ningún problema con Manuel Antonio Noriega hasta que éste se les rebeló a Washington, que quería que Panamá encabezase un ataque a Nicaragua sandinista y rompiera con Japón, que intentaba construir un nuevo Canal.

Las sanciones de enero de 1988 calificaban al “Régimen Noriega-Solís Palma” como “extraordinario peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos” en un decreto que copiaron para condenar a Venezuela 28 años más tarde.

Estados Unidos “reconoció” a Eric Arturo Del Valle como presidente, a pesar de que la Asamblea lo descalificó como “traidor”, y Del Valle huyó a Washington, donde le hicieron aprobar la incautación de cientos de millones de dólares pertenecientes al pueblo panameño y de allí le regalaron una fortuna al presidente títere, que dilapidó.

Estados Unidos expropió dos aviones de Air Panamá y aplicó sanciones comerciales, económicas, bancarias, monetaria, diplomáticas y otras, además de retener los pagos anuales que la Comisión del Canal norteamericana debía pagar a Panamá según el Tratado, el cual violó.

Con los dineros incautados o robados, Washington le “donó” a la oposición oligárquica diez millones de dólares para que “ganaran” las elecciones de 1989, las cuales fueran intervenidas por agentes de la CIA que el gobierno de Noriega capturó infraganti.

Estados Unidos produjo una “crisis humanitaria” (el dólar desapareció), y Washington creó una Cruzada Civilista que apoyó todas las acciones que pedían “el fin de la dictadura” y “ponían en peligro el Canal y las vidas de estadounidenses”, algo que desmintieron los militares del Comando Sur y del Estado Mayor Conjunto que se oponían a la invasión y fueron despedidos.

Fracturaron a las Fuerzas de Defensa, les incautaron sus armas, desmantelaron el aparato militar (que no llegaba a ejército y carecía de fuerza aérea o terrestre) y juramentaron en la base militar de Clayton a un régimen marioneta, algunos de cuyos miembros sí tenían expedientes en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Hubo un cambio de régimen con un uso no autorizado de la fuerza ni por el Congreso, ni por la OEA, ni por Naciones Unidas, que condenó la invasión.

¿Y la ayuda humanitaria tan cacareada?  Prohibieron entrar a la prensa, nacional o extranjera; encarcelaron a miles en campos de concentración; ametrallaron a la Cruz Roja; la única ayuda humanitaria que intentó llegar (incluida la de Cuba) fue detenida en la frontera entre Costa Rica y Panamá, en Paso de Canoas y no se le permitió jamás entrar.

El libreto, pues, está servido, pero los tiempos han cambiado, y Venezuela no es Panamá.