En medio de una expectación que se extiende a toda Europa, ha dado comienzo en Madrid el juicio contra el gobierno de Cataluña que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017, con el fin de que la población votara a favor o en contra del derecho de Cataluña a decidir su destino como nación. Aquel 1 de octubre, estuve en Barcelona siguiendo las votaciones que fueron masivas. Desde el amanecer ya se formaron largas filas de electores que de modo pacífico esperaban la apertura de los colegios electorales. La policía autonómica catalana observaba sin intervenir. Pero como a las dos horas de abrirse las urnas la Guardia Civil y la Policía Nacional, ambos cuerpos dependientes del Gobierno Central, arremetieron con lujo de violencia en colegios electorales, robaron urnas y en o pocos casos las destruyeron, dejando a cientos de personas golpeadas y deteniendo a un buen número.

Sin embargo, a pesar de la represión, votaron más de dos millones de personas, un 45% del censo, con un resultado favorable al SI del 90,2% y un 7,8% favorable el NO. Siguiendo el mandato de las urnas, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña proclamaron la República Catalana el 27 de octubre. Sin embargo, la proclamación no tuvo efecto inmediato pues minutos más tarde los mismos órganos que la aprobaron la suspendían cautelarmente para abrir una negociación con el Gobierno español y lograr un desenlace acordado y no unilateral.

El Gobierno estatal del Partido Popular reaccionó aplicando el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía, lo que de hecho fue su suspensión de facto. Los hizo con el apoyo incondicional del PSOE y de Ciudadanos. Para llevar a cabo esta operación desplazó a Cataluña a miles de guardias y policías, expulsó de las instituciones catalanas a centenares de personas e inmediatamente inició una campaña para conminar a grandes empresas su salida de Cataluña, con el fin de ahogar su economía, cruzada en la que participó incluso el Rey Felipe II, quien personalmente llamó a algunos grandes empresarios y banqueros. Poco después serían detenidos hasta 12 miembros del Gobierno de Cataluña, no pudiendo hacer lo mismo con un número menor, incluido el presidente Carles Puigdemont, que se auto exilaron en Bélgica y Escocia.

De inmediato la justicia española reclamó la extradición de los exilados, a los que se acusaba y acusa de rebelión y sedición, pero jueces de Bélgica primero y de Alemania y Escocia después denegaron a España las extradiciones al considerar que no había siquiera indicios de semejantes delitos, en completa ausencia de violencia. Un poco más de un año más tarde, se ha iniciado el macro juicio que durará al menos tres meses y del que se puede decir sin temor a equivocarse que la sentencia ya está prevista en la cabeza de los jueces a falta de ser redactada.

No hay más que pararse a analizar cómo se ha desarrollado la instrucción del sumario en manos de un juez en absoluto imparcial que ha construido un relato tendencioso y falso de lo ocurrido aquel 1 de octubre que yo presencié en Barcelona. Dicho relato afirma que hubo violencia de parte de los independentistas, cuando todo el país y otros países de la Unión Europea, pudieron ver en vivo y en tiempo real por cadenas televisivas que sólo los cuerpos policiales ejercieron una violencia brutal, mientras que de parte de los cientos de miles que acudieron a las urnas hubo un comportamiento exquisitamente pacífico y estoico. Dos relatos chocan en este juicio que las elites políticas y judiciales españolas lo conciben como un acto ejemplar, de modo que largas penas de cárcel sirvan de aviso para otras nacionalidades, como es el caso de la vasca, a fin de que no emprendan el camino que hacen los catalanes. Se pretende crucificar a Cataluña como ejemplo de hasta dónde está dispuesta a llegar la casta política española en defensa de la unidad de España.

El juicio al que estamos asistiendo es un esperpento. Un montaje propio del Tribunal de Orden Público de la época franquista. Se reprime el derecho a votar cuando en realidad el delito fue romper las urnas e impedir su pacífico desarrollo. Por eso, frente a la maquiavélica versión de jueces y políticos españoles que afirman que no se juzga ideas sino hechos delictivos cometidos por políticos hoy presos, otros jueces de probada trayectoria democrática, otros políticos y buena parte de la opinión pública, aseguramos que se trata de un juicio a la democracia, al derecho a votar, y que las personas juzgadas son presos políticos, algo que por vergüenza no quiere reconocer España que siente como Europa le mira. Y es que estos días los diarios más influyentes del viejo continente, dicen no entender la naturaleza de este juicio a todas luces inquisitorial. Los políticos presos repiten y una y otra vez que el referéndum fue absolutamente legal y garantista, de acuerdo con las propias leyes del Estatuto de Autonomía.

Ocurre que España, es una entidad política constituida tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, es decir por las mismas elites culpables del genocidio americano. Esta España, rancia, medieval todavía en muchos aspectos, nunca ha sabido seducir a los pueblos periféricos, a las nacionalidades históricas entre las cuales están Cataluña y el País Vasco. La relación del poder central español-castellano con estos pueblos se ha basado siempre en la amenaza, el castigo y la extorsión. Es verdad que tras la muerte de Franco, se constituyó la España de las autonomías (1978) como una forma de corregir los errores del pasado. Pero transcurridos unos años, la derecha española ha emprendido el regreso al pasado y trabaja para una nueva Reconquista de España, minimizando las autonomías y vaciándolas de competencias en la medida de lo posible. Es un proceso reaccionario que contempla movilizaciones en las calles, con un contenido de venganza hacia Cataluña y un desatado y violento nacionalismo español del que el dictador Franco se sentiría orgulloso.

Para explicar mejor lo que sucede hoy hay que recordar la afrenta más reciente sufrida por Cataluña. Ocurrió en abril 2006. Cataluña, previa aprobación de su parlamento presentó en Madrid un estatuto de Autonomía renovado que obtuvo el apoyo del Congreso y del Senado español. Seguidamente se sometió a referéndum en Cataluña y ganó muy ampliamente con un 74% de los votos favorables. Pero entonces el Tribunal Supremo español, a instancia del Partido Popular, descuartizó el estatuto y lo redujo sustancialmente. La ciudadanía vivió la afrenta como una declaración de hostilidad, de catalanofobia. Y es justamente esta intervención del alto tribunal el origen de la actual situación y, en particular lo que explica el referéndum del 1 de octubre. Una Cataluña harta de la clase política de España decide secesionarse y construir su propio Estado Catalán.

El juicio tiene pues un contenido esencialmente político, por más que las elites españolas escondan este hecho y lo presenten como un juicio a delincuentes. Viene bien, al respecto, recordar que Cataluña ya vivió algo parecido durante la segunda república española: el día 6 de octubre se declaró el Estado Catalán desde el balcón de la Generalitat (Gobierno). Lo hizo su presidente Lluis Companys. La reacción fue bestial desde España. La represión se cobró decenas de muertos y los dirigentes que pudieron escaparon a Francia. Entre ellos Companys, quien en octubre de 1940 fue entregado por la Gestapo alemana a las autoridades franquistas que habían ganado ya la guerra civil. El 15 quince octubre fue fusilado.

Ahora, en 2019 las acusaciones no podrán fusilar a los dirigentes catalanes presos y juzgados, pero no por falta de ganas. Se tendrán que conforman con meterles muchos años de cárcel,