I.

Cuando le tocó hablar al policía Izaguirre, aquella tarde del 28 de febrero de 1989, la sangre ya había corrido a borbotones por las calles de Caracas y en muchas otras ciudades de Venezuela. El asfalto ardía y las balas saltaban como si le huyeran al calor. La jornada previa había iniciado una rebelión popular cuya onda expansiva aún nos estremece. El incendió que provocó, lejos de extinguirse, no ha hecho sino propagarse desde entonces, y hace tiempo que cruzó fronteras y fue a juntarse con otros fuegos.

Más temprano, el presidente Carlos Andrés Pérez había decretado el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales. Durante la madrugada había girado instrucciones para que la Guardia Nacional y el Ejército acabaran con aquella rebelión a sangre y fuego. Elementos de la policía política y de Inteligencia Militar también actuaban a sus anchas.

Al ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre, le correspondía ofrecer un balance de la situación de orden público. El escenario: el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En transmisión en vivo, con una actitud un tanto titubeante, y con la mirada clavada en las hojas que sostenía entre sus manos, inició su discurso:

“Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional me complace informarle a la ciudadanía…”, apretó las hojas, las elevó un poco, ajustó la vista, “… que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales…”, hizo una breve pausa, “… y se implantó el toque de queda…”, carraspeó, “… la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas…”, hizo una pausa más larga, tomó aire, las manos le temblaron, “… subsisten…”.

Y ya no leyó más. Se alejó del micrófono, giró la cabeza a la derecha y confesó: “No puedo”. Volvió a ocupar su lugar frente al micrófono, pero solo para decir: “Perdón”, y se retiró abruptamente.

Apenas doce días antes, Carlos Andrés Pérez había informado a la nación su decisión de abrazar la causa del neoliberalismo. Es decir, el FMI otorgaría al país un préstamo de 4 mil 500 millones de dólares que eventualmente permitirían estabilizar la economía, a condición de aplicar medidas de “ajuste estructural”: privatizaciones masivas, liberación de las tasas de interés, eliminación del control cambiario, liberación de precios (excepción hecha de algunos pocos productos), incremento de las tarifas de los servicios públicos, aumento del precio de la gasolina, aumento de las tarifas del transporte público, eliminación de aranceles de importación, entre otras medidas.

La decisión tomó por sorpresa a las clases populares, que reaccionaron enfurecidas, y fue esa furia popular la que tomó las calles el lunes 27 de febrero. Aquella noche hubo fiesta en muchos barrios de Caracas. Pero al día siguiente comenzó la masacre.

Cuando Izaguirre perdió la voz, decenas, tal vez centenares, ya habían perdido la vida.

II

Malfred Gerig (1) ha hecho la relación de un debate entre “expertos” en economía que, a su juicio, pronto tendría hondas repercusiones para la sociedad venezolana.

El 5 de septiembre de 2014 apareció publicado un artículo en el que Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos planteaban el escenario de un impago del servicio de la deuda venezolana, dadas las dificultades del Gobierno nacional para disponer de fondos suficientes. El artículo, plantea Gerig, “logró su cometido en la medida que sentó la posibilidad de un default en la prensa financiera internacional” en un momento en que algo así resultaba “absolutamente impensable”. Además, definió una ruta en los mercados internacionales: acudir al FMI y adoptar un plan de ajuste.

Una semana más tarde, y “como si estuviésemos ante cualquier escena de policía bueno, policía malo”, Francisco Rodríguez argumentaba que el Gobierno no necesitaba entrar en default, y enumeraba una serie de medidas que le permitirían cancelar sus deudas: “cobrar un precio realista por sus divisas”, hacer lo mismo con otros bienes o servicios, como la gasolina o la electricidad, etc. Más allá del detalle, la importancia de este debate, según Gerig, es que definía “la baraja de opciones que podían decidirse en política económica, pero sobre todo sentaba las bases para una trasmisión directa de recursos desde Venezuela a los tenedores de bonos bajo condiciones cada vez más perniciosas para el país”.

El planteamiento de Gerig es que el Gobierno nacional cayó en la “trampa” implícita en este debate y, al decidir seguir cancelando el servicio de la deuda, entró en un “callejón sin salida”: en 2016, con Miguel Pérez Abad a cargo de la Vicepresidencia de Economía Productiva, se decidió “privilegiar el pago de la deuda externa en detrimento del consumo interno”, reduciendo drásticamente las importaciones, con el resultado predecible de mayores privaciones para la población, beneficiando a los propietarios de bonos y, lo que es peor, sin que esta decisión se tradujera en la apertura de los mercados financieros. Un par de años después, al Gobierno no le quedó otra alternativa que adoptar la estrategia del impago selectivo en el manejo de su deuda externa.

III

¿Se trató realmente de un ardid, tal y como lo plantea Gerig, frente al cual el Gobierno nacional actuó con poca claridad estratégica? ¿La decisión, adoptada a comienzos de 2016, de reducir las importaciones y por tanto el consumo interno, agravó aún más una situación que ya era grave en buena medida como consecuencia no de la disminución, sino de la “caída en picada” (3) de los precios del petróleo a partir de 2014?

Más allá, ¿cómo hablar de la situación de la economía venezolana sin referirnos, como bien apunta Steve Ellner, a la permanente hostilidad del Gobierno estadounidense hacia Venezuela, que no comienza, ni mucho menos, con Nicolás Maduro, sino que data de los primeros tiempos de la revolución bolivariana? Esto último no implica, en modo alguno, eximir de responsabilidad al liderazgo político chavista. Pero si se puede afirmar, como correctamente lo hace Gerig, que el “problema central” de la economía nacional no es la “restricción de sus ingresos ocasionada por la disminución de los precios del petróleo”, sino “sus relaciones metabólicas con el mercado mundial y sus concomitantes internas” (4), no es posible afirmar, como parecen sugerir muchos análisis “progresistas”, que las más recientes agresiones estadounidenses se explican por la incapacidad del Gobierno venezolano para superar su relación de dependencia, por su decisión de reproducir lógicas extractivistas o simplemente por su incompetencia en materia económica. Las agresiones contra Venezuela obedecen a la vocación imperial de Estados Unidos.

En fin, ¿cómo soslayar los devastadores efectos de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, sobre todo a partir de agosto de 2017, y en particular su relación directa con el colapso de la producción petrolera venezolana (5), circunstancia, por cierto, que se emplea frecuentemente como ejemplo de incompetencia gubernamental?

Puestas estas preguntas sobre la mesa, entre otras que pueden formularse, y hechas las precisiones conceptuales de rigor, corresponde advertir sobre la existencia de otra posible trampa, que involucra prácticamente a los mismos actores.

El 9 de julio de 2018, en un artículo publicado en The New York Times (6), Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios se referían a la situación venezolana como una de “las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años”. Frases similares se repiten una y otra vez: “Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término”; “La tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de los desastres humanos contemporáneos más grandes”. ¿Qué hacer? Los autores plantean: “El hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la implantación gradual de un modelo de dominación social a través de la represión y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir para evitar una catástrofe humanitaria mayor”. En materia económica: “Para comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de reformas que restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad personal y jurídica y los mecanismos de mercado”. Luego lo social: “También se necesitarán programas de asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de atención social heredado de la revolución bolivariana”. La ruta está trazada de manera transparente, y pasa en primer lugar por la solución política, luego lo central, que es lo económico, y por último lo social: “intervención humanitaria”, neoliberalismo y asistencia.

El mismo día en que Juan Guaidó se autoproclamaba “Presidente Encargado”, The New York Times (7) publicaba un artículo de Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández en el que argumentan que, dado que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo en Venezuela, y al haber sido reconocida como tal “por parte de la mayoría de los países representados en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el parlamento europeo, además de un grupo de tenedores de bonos reunidos en el Comité de Acreedores de Venezuela”, esta circunstancia “le abre la posibilidad de ejecutar actos de gobierno en el exterior”. Identifican como antecedentes al Consejo Nacional de Transición de Libia, reconocido por el Reino Unido como “única autoridad de gobierno” en 2011, y la Coalición Nacional por las Fuerzas Revolucionarias y Opositoras de Siria, que en 2012 fue igualmente reconocida por el Reino Unido como único representante de ese país.

Anticipándose en cinco días a las acciones del Departamento del Tesoro contra bienes e intereses de PDVSA en territorio estadounidense (8), señalaban: “las acciones de la asamblea podrían ir más allá: podrían abarcar desde la toma de refinerías y otros activos propiedad del Estado venezolano, pasando por la apropiación de los activos líquidos y proventos de ventas de petróleo que circulen por dichos países, hasta la representación legal en procesos contra el Estado venezolano”. La estrecha imbricación de estos personajes con los decisores del Gobierno estadounidense es más que evidente.

El 27 de enero de 2019, Jeffrey Sachs escribe en CNN (9) que, contrario a la posición de Hausmann y compañía (a quienes no refiere explícitamente), está en desacuerdo con la política estadounidense de “cambio de régimen” (regime change) y con su costumbre de hacer bullying a Latinoamérica. Manifiesta su preocupación por lo que considera un inminente “conflicto catastrófico” en Venezuela y sugiere que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Guaidó como “Presidente interno” complica aún más la situación. No encuentra viable realizar elecciones en el corto plazo y cree que “las dos partes deben compartir el poder temporalmente, hasta nuevas elecciones, quizás en 2021”. Agrega: “Parece inconcebible, pero la historia muestra que se puede hacer”. Pone como ejemplo Polonia en 1989. Durante la transición, los “comunistas” tenían el control de la Presidencia, mientras que la oposición (con mayoría en el Parlamento luego de las elecciones de junio de 1989) nombró al primer ministro, que a su vez tenía la potestad de formar gabinete. Mientras, los “comunistas” retuvieron los ministerios de Defensa y del Interior, pero no tenían relación alguna con el manejo de la economía. Sachs cree que la fórmula es aplicable a Venezuela: Maduro continúa como Presidente, los militares mantienen los ministerios de Defensa y del Interior, la oposición toma el control del resto de los ministerios y del Banco Central de Venezuela, Guaidó o algún otro asume el rol equivalente a primer ministro, liderando al gabinete civil y definiendo las políticas económicas.

Por último, el 3 de febrero de 2019, Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs escriben en The New York Times (10): “El historial de Estados Unidos como agente que contribuye al cambio de régimen es muy deficiente”. Refiriéndose a las sanciones contra Venezuela, y acercándose a posiciones que pudieran parecer “progresistas”, afirman: “Es probable que el resultado sea una catástrofe económica y humanitaria de una dimensión nunca antes vista en nuestro hemisferio”. Plantean la necesidad de “una estrategia alternativa, una que parta de una transición del poder negociada”, en primer lugar porque “el pueblo de Venezuela no debe ser la víctima de una lucha por el poder entre Maduro y la oposición, ni tampoco entre los actores externos que respaldan a ambas partes”, declaración que vuelve a coquetear con cierto “progresismo”. Insisten en el ejemplo histórico de Polonia y finalmente proponen: “ambas partes deberían aceptar que un gobierno interino de expertos ayude a poner fin al colapso económico y la hiperinflación de Venezuela. Este gobierno interino debe tener un mandato limitado hasta lograr una estabilización y recuperación económicas, a fin de llevar al país a nuevas elecciones dentro de uno o dos años. Los líderes del gobierno actual, tal vez incluido Maduro, tendrían un papel limitado y predeterminado en el gobierno interino —por ejemplo, mantener el control de la defensa nacional—, pero sus poderes estarían circunscritos y no incluirían la economía y la reforma del sistema electoral”.

IV

¿En qué términos estaría planteado este nuevo ardid? A primera vista, el debate versa fundamentalmente sobre la manera más adecuada de resolver políticamente el “problema” venezolano: ¿es por la vía de la “intervención humanitaria”, lo que no excluye la celebración de elecciones “libres y justas” en el corto plazo, o lo conveniente para todas las partes, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, es una transición pacífica y negociada, con la coexistencia temporal de chavismo y antichavismo en el Gobierno?

Sin embargo, lo central es la economía. El ardid consistiría en ocultar deliberadamente el hecho de que todos los participantes en el debate son partidarios de políticas de “libre mercado”, que se traduce invariablemente en privatización, desregulación/flexibilización y recortes del “gasto público”. Puede incluso que alguno de estos “expertos” sea lo suficientemente competente como para “estabilizar” la economía nacional, con una pequeña gran ayuda de los organismos multilaterales, pero sobre todo sin la presión que supone la agresión económica permanente del imperialismo estadounidense y, más importante aún, con la ventaja que significa la tregua que concederían los poderes fácticos globales. La verdad, en tales circunstancias es realmente difícil ser incompetente. Pero el precio a pagar sería nada menos que nuestra existencia como nación libre, independiente y soberana: tendríamos una economía “estable”, pero completamente recolonizada, y en consecuencia una sociedad marcadamente desigual, justamente como la que vio nacer al chavismo en la década de los 90.

De todos, es quizá Ricardo Hausmann el más conocido por el pueblo venezolano, quien lo recuerda como ministro de Planificación durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cargo que ocupó entre febrero de 1992 y junio de 1993, en sustitución de Miguel Rodríguez. Actualmente dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, institución con la que están relacionados de una u otra forma Santos, Barrios y Hernández. Por su parte, Francisco Rodríguez, quien también pasó por Harvard, está actualmente al frente de la firma Torino Capital.

Jeffrey Sachs merece comentario aparte. En “La doctrina del shock”, Naomi Klein lo llama “el nuevo doctor Shock” (el “original” es Milton Friedman). Sachs se hizo mundialmente famoso tras su paso por Bolivia, en 1985, historia que cuenta con detalle Klein en su libro (11). El 6 de agosto de aquel año, Víctor Paz Estenssoro asumió la Presidencia del país suramericano. Cuatro días después, designó a Gonzalo Sánchez de Lozada (el tristemente célebre “Goni”) “para encabezar un equipo económico bipartidista de emergencia (y de alto secreto) encargado de reestructurar radicalmente la economía. El punto de partida de dicho grupo fue la terapia de shock de Sachs”. El proyecto resultante “consistía en una revisión tan radical y generalizada de una economía nacional como nunca antes se había intentado en una democracia”, e incluía: “eliminación de los subsidios de alimentos, la anulación de casi todos los controles de precios y una subida del 300 % en el precio del petróleo” (o de la gasolina). También contemplaba “congelación durante un año de los sueldos de los funcionarios públicos”, “duros recortes en el gasto del Estado”, “abrir por completo las fronteras bolivianas a las importaciones sin límites de ninguna clase”, “reducción de plantilla de las empresas estatales como paso previo a su privatización”. El plan fue ejecutado, y efectivamente el Gobierno boliviano logró controlar la hiperinflación, pero el costo social fue extraordinario (aumento del desempleo, pérdida de valor del salario real, aumento de la pobreza, del hambre, de la desigualdad).

Para los partidarios del “libre mercado” en todo el mundo, Sachs “había conseguido lo que tantos habían juzgado imposible: había contribuido a organizar una transformación radical de signo neoliberal dentro de los confines de una democracia y sin que mediara una guerra”. The New York Times lo describió como un “evangelista del capitalismo democrático”. Apunta Klein: “la terapia de shock pudo por fin sacudirse el hedor de las dictaduras y los campos de muerte que se había adherido a ella” desde que Milton Friedman, líder espiritual de la cruzada neoliberal, asesoró a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. “Bolivia había introducido una terapia de shock de corte pinochetista sin necesidad de un Pinochet y bajo un gobierno de centro-izquierda, nada menos”. Ahora bien, contrario al relato dominante, “Bolivia demostró que la terapia de shock podía ser impuesta en un país que acababa de celebrar unas elecciones, pero no evidenció que pudiese ser aceptada democráticamente o sin represión; en realidad, volvió a ser una prueba evidente de todo lo contrario”. La parte de la historia que no se cuenta es que el plan neoliberal fue ejecutado en un contexto de estado de sitio, decretado por Paz Estenssoro para intentar frenar la furia popular en las calles. Al año siguiente, cuando el Gobierno procedió con el despido masivo de trabajadores, decretó nuevamente el estado de sitio para contener las protestas. Realmente, “Bolivia proporcionó un modelo para una nueva clase más digerible de autoritarismo: un golpe de Estado civil llevado adelante, no por soldados de uniforme miliar, sino por políticos y economistas trajeados y parapetados tras el escudo oficial de un régimen democrático”.

Es muy probable que poca gente recuerde a dónde fue a parar Jeffrey Sachs cuatro años después: sí, a Venezuela. Sachs fue asesor de Carlos Andrés Pérez, y por supuesto no es casual la asombrosa similitud entre el paquete de medidas neoliberales aplicado en Bolivia y el impuesto en Venezuela. Hugo Chávez se refiere a aquellas circunstancias en los siguientes términos: “Y el 16 de febrero, ante la sorpresa de sus propios seguidores, [Pérez] declaró que le iba a aplicar inmediatamente al país, sin anestesia, una ‘terapia de choque’ neoliberal exigida por el FMI. Apoyándose en su ministro de Fomento, Moisés Naím, y su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez Fandeo, y aconsejado por Jeffrey Sachs, uno de los grandes fanáticos entonces del ultraliberalismo, Carlos Andrés, ese día, anunció las ominosas medidas del ‘paquetazo neoliberal’: liberalización del comercio, supresión del control de cambios, privatizaciones masivas de empresas públicas, recortes drásticos en los programas de ayuda social, fuertes aumentos de los precios de los productos y servicios de primera necesidad” (12).

El pueblo venezolano aun lloraba la muerte de miles de los suyos a manos de la brutal represión de Estado, y se alistaba para protagonizar nuevas rebeliones, cuando Jeffrey Sachs arribó a Polonia, convertido en el “Indiana Jones de la economía”, como le llamó Los Angeles Times. De nuevo, Naomi Klein cuenta la historia con suficiente detalle (13): Sachs viaja a Varsovia de la mano de George Soros, y allí se reúnen tanto con los “comunistas” como con el movimiento Solidaridad. Luego de la aplastante victoria de éste último en las elecciones parlamentarias de junio de 1989, “Sachs empezó su estrecha colaboración con el movimiento”. Les expresó a sus líderes que, tal y como lo había logrado en Bolivia, podía conseguir que el FMI aportara una ayuda significativa (unos 3 mil millones de dólares), pero que eso pasaba por adoptar lo que la prensa polaca llamaba entonces el Plan Sachs. Apunta Klein: “La trayectoria en él marcada era aún más radical que la impuesta en Bolivia: además de la eliminación de los controles de precios de la noche a la mañana y del recorte drástico de subsidios y subvenciones, el Plan Sachs propugnaba la venta de las minas, los astilleros y las fábricas estatales al sector privado. Aquello entraba directamente en contradicción con el programa económico defendido por Solidaridad (basado en la propiedad de los trabajadores)”. Sachs y David Lipton, entonces funcionario del FMI, redactaron el plan en una noche, luego de lo cual sostuvieron numerosas reuniones con el liderazgo de Solidaridad, para convencerlos de la necesidad de aplicarlo. “A muchos de los líderes de Solidaridad no les agradaron en absoluto las ideas de Sachs: el movimiento se había formado a raíz de una revuelta contra los drásticos aumentos de precios impuestos en su momento por los comunistas y ahora Sachs les estaba diciendo que hicieran lo mismo pero a una escala mucho más generalizada”.

Cuando, el 12 de septiembre de 1989, Tadeusz Mazowiecki, primer ministro polaco, tomó la palabra ante el Parlamento, muy pocos conocían cuál había sido la decisión adoptada finalmente por el comité central de Solidaridad respecto del rumbo que debía tomar la economía. “Mazowiecki estaba a punto de anunciar el veredicto, pero, en medio de su trascendental discurso, antes de que hubiese podido abordar la cuestión más candente a la que se enfrentaba el país, algo empezó a andar mal. El primer ministro comenzó a tambalearse, se aferró al atril y, según un testigo, «se puso pálido, respirando con dificultad, y se le oyó murmurar: ‘No me siento muy bien’»”.

Tal cual había acontecido con Alejandro Izaguirre, el ministro de Relaciones Interiores de Carlos Andrés Pérez, ciento noventa y seis días antes.

Una hora después, y luego de recibir atención médica, Mazowiecki pudo hacer su discurso: “Y, por fin, el veredicto: la economía de Polonia sería tratada de su propia fatiga aguda con una terapia de shock de una clase especialmente radical que incluiría «la privatización de las industrias estatales, la creación de mercados bursátiles y de capitales, una moneda convertible y una reconversión desde la industria pesada hacia la producción de bienes de consumo», además de «recortes presupuestarios», todo ello practicado a la mayor brevedad posible y de forma simultánea”.

V

Cuando Jeffrey Sachs, junto a Francisco Rodríguez, pone el ejemplo de Polonia como fórmula “para llegar a un acuerdo en Venezuela”, muy convenientemente omite lo que, sin embargo, relata Naomi Klein con detalle: “Puede que, en Polonia, la terapia de shock fuese impuesta después de las elecciones, pero, en realidad, supuso una burla del proceso democrático, ya que contradijo directamente los deseos de la aplastante mayoría de los votantes que habían apoyado a Solidaridad”. Como consecuencia directa de las medidas incluidas en el Plan Sachs, aumentaron el desempleo y la pobreza. Solo la intensa movilización popular evitó que los efectos fueran aún peores: “El hecho de que los trabajadores polacos lograsen frenar la privatización íntegra de su país significa que, por duras y penosas que fueran las reformas, aún pudieron haber sido mucho peores. La oleada de huelgas salvó sin duda centenares de miles de empleos que se habrían perdido si todas esas empresas supuestamente ineficientes hubiesen cerrado o hubiesen sido sometidas a expedientes de regulación de empleo y a reducciones drásticas de plantilla para su posterior venta a manos privadas”. Más importante aún: “Curiosamente, fue a partir de entonces cuando la economía de Polonia comenzó a crecer con rapidez, lo que demostró, según el destacado economista polaco (y antiguo miembro de Solidaridad) Tadeusz Kowalik, que quienes tanto afán parecían poner en demostrar la ineficiencia y la obsolescencia de las empresas estatales estaban «evidentemente equivocados»”.

Distinto de lo que plantean Sachs y Rodríguez, y también Hausmann y compañía, el neoliberalismo está muy lejos de ser la solución para Venezuela. Todo lo contrario: esta suerte de fanatismo del mercado produciría un enorme perjuicio a la sociedad venezolana, mucho más del que ya ha producido en años recientes, aunque ahora mismo nos pueda resultar inconcebible.

Pero tal vez no haya reflexión más oportuna, cuando se cumplen treinta años del Sacudón, que la siguiente: en general el pueblo chavista, pero sobre todo quienes tienen responsabilidades de Gobierno, y específicamente en el manejo de la economía, están en la obligación de evitar la trampa neoliberal. Porque es absolutamente cierto que el neoliberalismo ha venido ganando terreno progresivamente en tanto que sentido común. El caso Polonia nos enseña que la fortaleza de la economía nacional depende directamente, entre otras cosas, de la fortaleza de sus empresas públicas. Avanzar en la privatización de las mismas sin siquiera hacer un balance de su desempeño, que por demás debe ser público, resulta políticamente peligroso e irresponsable, y es algo que compromete seriamente nuestra soberanía. Si fuera el caso, por ejemplo, que la corrupción compromete la eficiencia de determinada empresa, lo que hay que combatir con fiereza es la corrupción, no sacrificar la empresa y, con ella, a la clase trabajadora.

El mismo caso de Polonia también nos recuerda la importancia decisiva de la movilización popular. Claro que es posible derrotar al neoliberalismo en todas sus expresiones (las amenazas y agresiones del Estado imperial estadounidense son expresión del neoliberalismo disciplinario) (14), pero eso exige de nosotros movilización y unidad programática. Pararnos firmes frente al neoliberalismo que, treinta años después, viene por la revancha, y no como el policía Izaguirre, tambaleante frente al pueblo venezolano.

Notas

(1) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección: deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22 de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296

(2) Malfred Gerig. El callejón sin salida de la deuda externa venezolana. ALAI, 5 de noviembre de 2018. https://www.alainet.org/es/articulo/196319

(3) Steve Ellner. How Much of Venezuela’s Crisis is Really Maduro’s Fault? Consortium News, 15 de febrero de 2019. https://consortiumnews.com/2019/02/15/how-much-of-venezuelas-crisis-is-really-maduros-fault/

(4) Malfred Gerig. Discursos sobre una falsa elección: deuda, importaciones y metabolismo en la crisis económica venezolana. ALAI, 22 de marzo de 2017. https://www.alainet.org/es/articulo/184296

(5) Alexander Campbell. What’s the Deal with Sanctions in Venezuela, and Why’s It So Hard for Media to Understand? CEPR, 4 de febrero de 2019. http://cepr.net/blogs/the-americas-blog/what-s-the-deal-with-sanctions-in-venezuela-and-why-s-it-so-hard-for-media-to-understand

(6) Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios. Cómo salvar a Venezuela. The New York Times, 9 de julio de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/07/09/opinion-salvar-venezuela-crisis-economica/

(7) Miguel Ángel Santos y José Ignacio Hernández. Por qué la Asamblea Nacional debe representar a Venezuela en el exterior. The New York Times, 23 de enero de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/01/23/juan-guaido-nicolas-maduro/

(8) Reinaldo Iturriza López. Venezuela y el “capitalismo del desastre”. Telesur, 31 de enero de 2018. https://www.telesurtv.net/bloggers/Venezuela-y-el-capitalismo-del-desastre-20190131-0001.html

(9) Jeffrey Sachs. Here's how Venezuela can achieve a peaceful resolution to the crisis. CNN, 27 de enero de 2019. https://edition.cnn.com/2019/01/26/opinions/heres-how-venezuela-can-achieve-a-peaceful-resolution-to-the-crisis-sachs/index.html

(10) Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs. Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela. The New York Times. 3 de febrero de 2019. https://www.nytimes.com/es/2019/02/03/venezuela-juan-guaido-maduro/

(11) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Bolivia corresponden al capítulo 7 del libro, intitulado “El nuevo doctor Shock. La guerra económica sustituye a la dictadura”. Págs. 193-209.

(12) Ignacio Ramonet. Hugo Chávez. Mi primera vida. Vadell Hermanos Editores. Caracas, Venezuela. 2013. Pág. 492.

(13) Naomi Klein. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós Ibérica. 2007. Todas las citas sobre Polonia corresponden al capítulo 9 del libro, intitulado “Portazo a la historia: crisis en Polonia, masacre en China”. Págs. 231-260.

(14) Reinaldo Iturriza López. Venezuela: formar filas contra el neoliberalismo disciplinario. Telesur, 13 de febrero de 2019. https://www.telesurtv.net/bloggers/Venezuela-formar-filas-contra-el-neoliberalismo-disciplinario-20190213-0001.html