La crisis planteada a partir de los últimos avances de la cúpula militar y su entorno ha llevado a la presidencia, por no decir que ha obligado al presidente, a remover al comandante de un puesto al que el militar Guido Manini Rìos había empezado a cargar de contenido político, algo totalmente ajeno a las potestades constitucionales.

Ya hace muchos decenios, siglos, que sabemos que si vamos a deliberar hombres armados y hombres desarmados, siempre tendrán la razón… los armados.

Por eso, toda democracia que realmente se precie de tal, no otorga el ejercicio político a los militares. Eso “lo dejamos” para las dictaduras.

El episodio tiene, tendrá, sus consecuencias políticas. Porque el desplazado y quienes con él se identifican tratarán de sacar provecho del “sacrificio”, el “avasallamiento”, o como se designe lo acontecido. En año electoral, esta “movida” tendrá inevitables consecuencias.

Sin entrar en especulaciones sobre el enroque, las alianzas, me interesa abordar el imaginario ideológico que campea en las fuerzas armadas del país. Las que fueran exoneradas, perdonadas, rehabilitadas con la movida colorado-frenteamplista del Pacto del Club Naval.

Un vocero oficioso de los militares, el portal <infodefensa.com> aborda la situación y vale la pena, entiendo, analizar sus presupuestos ideológicos, aquellos ni siquiera formulados (y posiblemente, ni siquiera asumidos).

El autor de la nota, Gabriel Portillo,¹ comunica la sustitución a que hemos hecho referencia. Explica los motivos de la destitución:

“Si bien no han trascendido oficialmente las causas de la decisión, la exposición mediática que el comandante en jefe ha tenido recientemente, con un alto grado de apoyo y admiración [sic] tanto en filas del Ejército como así también la población […] no habrían sido del agrado del presidente […] que consideraba[n] que se estaba realizando proselitismo, lo cual está prohibido para los militares en actividad.” Un acierto al final en medio del sesgo ideológico, que surge enseguida: “[…] la reunión se suponía iba a tratar temas de la reforma de la Ley Orgánica Militar, situación que también generaba desencuentros entre los militares y el gobierno, pues básicamente todo el análisis de las modificaciones se había realizado sin tener en cuenta las opiniones de los mismos afectados por los cambios y quienes se supone son los profesionales en el tema.”

Portillo remata su artículo con una confusión radical entre profesionalidad militar y profesionalidad económica, financiera. La decisión presupuestaria no pertenece al ámbito castrense sino a la política económica general de la nación. Tengamos en cuenta que una jubilación baja de población sin armas anda por los 10 mil pesos y se puede obtener cuando uno ha cruzado los 60 años, y que una jubilación baja de hombres armados anda por los 25 mil pesos y es obtenible desde los 38 años... a la edad en que algunos civiles empiezan a tener un trabajo reconocible para la jubilación.

Con un agravante; la oficialidad joven armada, con menos de 50 años, puede tener jubilaciones entre 50 mil y 100 mil pesos, mientras que las jubilaciones de los ciudadanos sin armas se pueden lograr con edad ya madura, y se la considera ya excelente si alcanza los 50 mil pesos…

Son estas diferencias odiosas y lesivas para la sociedad civil las que se escamotean.

La nota va ahondando su ombliguismo y paranoia: “Tanto la reforma en el sistema de retiros militares como la Ley Orgánica Militar son vistos desde la oposición como modificaciones motivadas por revanchismos”. Aquí la primera sorpresa: ¿a santo de qué invoca Portillo a “la oposición”? Indudablemente la nota está permeada por las elecciones inminentes. Porque se trata de diferencias entre el gobierno y cuerpos armados, institucionales, del país. Hasta ahora, no había aparecido el personaje introducido por Portillo; la oposición. Es evidente que algunos conectados con la nota quieren malquistar gobierno y oposición. Malquistados ya están, se podría decir. Es cierto: pero es evidente que se le quiere otorgar “un papel” en el presupuesto militar, a lo que hoy es oposición.

¿Y de qué revanchismos habla? Revanchismos “políticos desde filas de la izquierda uruguaya, que gobierna el país desde hace varios lustros.” ¿No se ha dado cuenta Portillo que el gobierno del Frente Amplio es todo menos revanchista? ¿Qué ha sido conciliador hasta extremos sólo comparables, con los del Pacto del Club Naval?

Portillo analiza los motivos del gobierno para la destitución de GMR. Que éste acusó a la justicia de actuar al margen del derecho, “sin dar garantías a los acusados, aplicando un criterio de culpable antes del proceso […]”.

Portillo discurre así sin la menor vergüenza respecto de la conspiración de silencio que mantuvo la corporación militar a lo largo de todos estos años de democracia, prolongando la del tiempo de la dictadura y hasta burlándose del “poder civil” cantando errado y haciendo dar pasos en falso a la presidencia y a los jueces y no una sino varias veces. Frente a los malos tratos, torturas y asesinatos cometidos bajo tutela militar y la falta bastante generalizada de responsables, ¿qué le queda al aparato judicial sino avanzar con cierta vehemencia?

Si la comandancia del ejército en lugar de proteger a militares incursos en delitos aberrantes hubiera optado por defender a la justicia y a la verdad histórica estaríamos en otra situación.

Pero de pronto no podíamos pedirle peras al olmo. A la justicia no vamos a llegar implorando a quienes podían burlarse de ella.

Portillo avanza invocando la soga en la casa del ahorcado. Nos recuerda que hubo “decisión por voto popular en dos ocasiones de mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que otorga protección a militares y policías que operaron durante la dictadura.”

Hubo decisión y dos veces, es cierto. Pero no por voto popular. El plebiscito de 1989 otorgó efectivamente un 57% de votos a quienes aprobaban no enjuiciar a los militares y fuerzas represivas en general actuantes durante la dictadura (1973-1984). Y un 43% del electorado, minoría, entendió que había que ejercer justicia con los delitos ocurridos en ese tiempo.

En 2009 se llevó a cabo un nuevo plebiscito. Y un 48% de la población entendió que los militares debían rendir cuentas, como cualquier hijo de vecino. Pero a diferencia de la instancia de 1989, con voto amarillo ganador y verde, perdedor, aquí hubo, por picardía del gobierno (presidencia Mujica) una única boleta, partidaria de acabar con la impunidad. Si se hubiera puesto a votación otra boleta queriendo mantener ‘el abandono a la pretensión punitiva del estado’, en 2009 dudo que hubiese alcanzado el 15 %.

Pero los paniaguados de siempre salieron a “contar” el 52% como “la mayoría” que quería “mantener la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que otorga protección” a los delitos cometidos por “militares y policías que operaron durante la dictadura.”

Luego de este penoso recorrido por el pensamiento militar vigente, en 2019, nos encontramos el remate, la perla editorial que nos permite verificar cuán poco ligadas siguen, todavía, nuestras fuerzas armadas con la más elemental democracia.

En un pie de artículo se nos informa: “Todos los derechos reservados. Este artículo no puede ser fotocopiado ni reproducido por cualquier otro medio sin licencia otorgada por la empresa editora”. Significativa limitación a la circulación de ideas, que se rige, en principio por el respeto de las citas, la remisión a fuentes, etcétera. Y remata: “Queda prohibida la reproducción pública de este artículo, en todo o en parte, por cualquier medio, sin permiso expreso y por escrito de la empresa editora”.

Esta última frase, insensata, generalizándose cortaría todo lo que se conoce como debate, diálogo, crítica… todo quedaría supeditado a que el autor de un texto admitiera que se lo citara, se lo mencionara, se lo publicara. Sería la liquidación final de la libertad de expresión.

Ese mundo, sí que no lo queremos. Porque es asfixiante, porque es necio, porque nos inmovilizaría espiritualmente y no nos dejaría avanzar. Ni como seres humanos ni como sociedad.

Tampoco lo admite la Constitución de la República.

Luis E. Sabini Fernández es docente del área de Ecología y DD.HH. de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, periodista y editor de Futuros.

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