Alianza Cívica abandona mesa y luego vuelve a sentarse. Irreductibles del caos en pugna interna reviven el cadáver de la Unión Azul y Blanco y piden más sanciones internacionales.

El domingo 10 de marzo, la Alianza cívica por la justicia y la democracia, Acjd, que se ha autoproclamado representante de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, anunció que abandonaría la mesa de negociación hasta tanto el gobierno no brinde "muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis" iniciada en abril de 2018.

Para la oposición esto significa libertad de “presos políticos”, cese de la represión y los secuestros, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los “presos políticos” y cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos".

La decisión llegó menos de 24 horas después de que la Conferencia episcopal de Nicaragua rechazara la invitación hecha por el gobierno y la misma oposición al Cardenal Leopoldo Brenes, para que acompañara la negociación, junto al Nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a un representante de la iglesia evangélica.

El papel de la jerarquía católica

La jerarquía católica nicaragüense aclaró en un comunicado que “deben ser los laicos los que asumen directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación”.

Una decisión que, lejos de significar la voluntad de los obispos de distanciarse de la negociación para “acompañar como pastores estos momentos cruciales de la patria”, dedicándose “a la oración y al ministerio de la palabra”, parece más que nada ocultar una fuerte irritación por no haber sido ratificados en el rol protagónico de mediadores, desempeñado el año pasado en el marco del primer desastroso proceso de diálogo.

En aquella ocasión, los obispos se polarizaron a favor de una de las partes - la Alianza Cívica - y trataron de imponer al gobierno una agenda (road map) que rozaba peligrosamente con la constitución, desvirtuando en su esencia los principios de imparcialidad y neutralidad que son propios del papel de un mediador.

Además, avalaron abiertamente el levantamiento de tranques (barricadas) en todo el país como medida de presión contra el gobierno. Una ‘herramienta’ que muy pronto fue convirtiéndose en instrumento y lugar de violencia, chantaje y muerte.

De esta manera, la conferencia episcopal contribuyó de manera determinante al fracaso de aquel intento de buscar una salida negociada y pacífica a la crisis que ha dejado un saldo dramático de víctimas y ha dividido aún más la sociedad.

El abandono de la mesa por parte de la Alianza Cívica estaba en contradicción también con el anuncio hecho por la Organización de Estados Americanos, Oea, de querer enviar a Luis Ángel Rosadilla como delegado del secretario general Almagro y garante internacional de la negociación. De igual manera chocaba con la apertura mostrada pocas horas antes por el gobierno.

En un comunicado del 9 de marzo, el gobierno aceptaba incluir en la agenda de la negociación los principales puntos propuestos por la oposición, entre otros, el fortalecimiento de las instituciones electorales para tener en Nicaragua elecciones libres, justas y transparentes”; justicia y reparación para las víctimas; liberación de personas detenidas en el contexto de hechos delictivos acontecidos el año pasado que aún no han sido juzgados, y revisión de expedientes de los que ya tienen sentencia condenatoria.

También pidió realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense.

La decisión tomada por la Alianza Cívica el pasado domingo parece responder principalmente a presiones internas de los sectores más radicales de la coalición.

Aquellos que el año pasado echaron más leña al fuego promoviendo el levantamiento de barricadas en todo el país, boicoteando de manera sistemática cualquier avance en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis, buscando como imponer una ruptura del orden constitucional a través de la renuncia inmediata y sin condiciones del gobierno y todas las instituciones, la instalación de un supuesto “gobierno de transición”, y el llamado a elecciones generales irrespetando los plazos previstos por la ley electoral y la Carta Magna.

Esos mismos que inundaron las redes sociales -con el apoyo de medios ‘independientes’ y medios ‘mainstream’- con mentiras y verdades a medias, polarizando aún más la sociedad y alimentando un ambiente de intolerancia, enfrentamiento y violencia.

La pérdida progresiva e incontenible de consenso en la sociedad nicaragüense, sumado a la casi inexistente capacidad de convocatoria y movilización, obliga estos sectores a aferrarse a la presión internacional y a una crisis económica inducida para obligar el gobierno sandinista a capitular.

Pero ¿qué hay de real en el mantra cotidiano de los irreductibles del caos?

Contrastando información

El tercer informe de la Comisión (parlamentaria) de la verdad, justicia y paz (CVJP) dice que "tras un proceso riguroso de investigación, análisis y verificación" se determinó que el número de personas fallecidas en el marco de la crisis socio-política del año pasado asciende a 253, en su mayoría hombres (243) y menores de 35 años (175). Del total de muertes, 220 se encuentran directamente relacionadas al conflicto, 27 en fuego cruzado y 6 de forma indirecta.

Al menos 9 nombres retomados de listas publicadas por organismos de derechos humanos, incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, no existen. También hay una diferencia de 14 fallecidos entre las dos listas (CVJP y GIEI/OEA).

Otro dato importante, que desmonta en parte de la teoría de la "masacre de opositores pacíficos y desarmados" planteada por grupos de oposición, organizaciones internacionales de derechos humanos y retomada por la OEA y la OACNUDH, es que del total de fallecidos, 31 pertenecen a "grupos autoconvocados", 48 tienen supuesta afiliación sandinista, 22 son policías y para los restantes 152 no hay información cierta

140 personas fallecieron a consecuencia de los tranques levantados por los grupos de oposición, 31 en protestas por la reforma de la Seguridad Social, 27 en fuego cruzado, 13 fueron asesinados (causas ajenas a la protesta) y 11 resguardando bienes públicos y privados.

El 56% de las muertes (141) ocurrió entre mayo y junio de 2018, al anunciarse la instalación de la Mesa de Diálogo y al multiplicarse los tranques “como forma de coacción contra el gobierno”.

La inmensa mayoría de fallecidos eran obreros (60), trabajadores por cuenta propia (57) y desempleados (40). También fallecieron 7 estudiantes de secundaria y 8 estudiantes universitarios.

Ese último dato -8 estudiantes fallecidos- contradice la postura de los medios 'mainstream' y los 'medios independientes' de la oposición, que durante meses han posicionado nacional e internacionalmente la 'noticia' de que en Nicaragua hubo un gigantesco levantamiento estudiantil “pacífico, autoconvocado y desarmado”, que luego fue reprimido con violencia por las fuerzas policiales y paramilitares, provocando una “masacre de estudiantes”.

La CVJP detectó también la presencia en las principales cárceles del país de 438 privados de libertad en el contexto de los hechos violentos del 2018. Nuevas visitas realizadas en enero del nuevo año confirmaron que 76 personas ya fueron declaradas no culpables, quedando un total de 362 privados de libertad. "Ninguno presentaba evidencia de lesiones corporales, y ninguno expresó haber sido objeto de torturas, tratos crueles o inhumanos", se lee en el informe de la comisión parlamentaria.

Suma casi 28 millones de dólares el valor de los daños ocasionados por las “protestas pacíficas” a instituciones, propiedades y edificios públicos en el 55% de los municipios (84 de un total de 153).

A pesar de las repetidas solicitudes, ninguna de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han visitado y han organizado misiones en Nicaragua quiso reunirse con la CVJP para cotejar datos, cifras, nombres y apellidos de fallecidos y heridos. Ninguna de las denuncias de militantes o simpatizantes sandinistas que sufrieron secuestros, torturas, vejaciones, tratos inhumanos durante la crisis fueron tomadas en cuenta, ni citadas en los voluminosos informes sobre los derechos humanos en Nicaragua publicados por dichas organizaciones.

Esos mismos informes que luego sirvieron de base para imponer sanciones internacionales contra el gobierno nicaragüense y algunos de sus funcionarios.

“Todo o nada”

Para crear un ambiente de diálogo, a finales de febrero fueron otorgadas medidas alternativas a la detención a más de cien privados de libertad acusados de diferentes delitos en el marco de los enfrentamientos del año pasado.

Una oposición cada vez más conflictiva y dividida, que carece de arraigo popular, representatividad y legitimidad, tuvo que dar marcha atrás y sentarse nuevamente a la mesa de negociación.

La decisión fue tomada la noche del 13 de marzo, tras dos largas jornadas de reuniones con delegados del gobierno, el nuncio apostólico y el enviado especial de la OEA. Entre los acuerdos alcanzados destaca el compromiso del gobierno de liberar a “un núcleo apreciable de personas que permanecen detenidas a raíz de los hechos acaecidos a partir de abril de 2018”. El acuerdo fue cumplido este 15 de marzo, otorgando medidas alternativas a la detención a 50 privados de libertad.

La decisión de la Alianza Cívica de volver a la mesa de negociación desencadenó la reacción de los sectores más radicales de la oposición.

Algunas siglas que integran un no muy bien definido ‘movimiento estudiantil’ (las filas en estos días fuera de las universidades donde miles de estudiantes se matriculan para el próximo año académico, arrojan serias dudas sobre la representatividad de supuestos dirigentes estudiantiles que, dentro y fuera de Nicaragua, hablan en nombre de miles de coetáneos) y de una aún menos definida articulación de movimientos sociales y sociedad civil, decidieron apartarse de la negociación y revivir el cadáver de la Unidad Azul y Blanco, llamando a una movilización para este sábado 16 de marzo.

El resultado: un gigantesco circo mediático para uso y consumo de agencias internacionales y fuertes ataques contra el nuncio apostólico, por contribuir a dar una oportunidad al diálogo y la paz.

Ya lo vimos el año pasado. Es cuento viejo. Cada vez que se le daba una oportunidad a la paz, los sectores opositores más radicales, sin representatividad y sin un proyecto alternativo de país, boicoteaban el proceso capitalizando políticamente la crisis. ¿Otra vez nos tocará asistir a autoataques, heridos y muertos?

Y mientras, entre obstáculos que a menudo parecen insormontables y un interminable tira y afloja, las partes sentadas en la mesa de negociación buscan como devolverle a Nicaragua la paz y la tranquilidad -que no quiere decir olvido e impunidad sino justicia verdadera y reparación para todas las víctimas- los irreductibles del “todo o nada” eligen el camino más fácil del enfrentamiento prolongado, del odio, de la ruptura del orden constitucional y de la injerencia internacional, venga de donde venga.

Lamentablemente son muchos los que todavía les creen.

Fuente: KaosenlaRed

https://kaosenlared.net/nicaragua-la-oposicion-del-todo-o-nada/