El ciclo de gobiernos progresistas, iniciado con Hugo Chávez en 1999, encontró una década y media después, un intento sincronizado por parte de las derechas continentales por reagruparse. Éstas confeccionaron una serie de acciones tácticas más sofisticadas, que buscaron articular presión judicial, económica y mediática para desmontar, entre otras cosas, la centralidad del Estado en los asuntos económicos. Buscaron, sobre todo, desarmar una inédita institucionalidad de cooperación regional que había encontrado su punto más alto en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en 2014.

El “No al ALCA” de noviembre de 2005 debe comprenderse a partir de cuatro hechos puntuales que coadyuvaron a su realización: el primero, cuando la III Cumbre de las Américas, en la ciudad de Quebec en 2001, había asumido un preacuerdo en relación al ALCA, donde todos los países –con la sola excepción de Venezuela– se habían comprometido a su firma en 2005, en Buenos Aires. El segundo hecho, el golpe que Venezuela recibe en abril de 2002, que acelera un proceso de radicalización en aquel país y que, sobre todo, refuerza la visión de que ninguna nación podía sostener un proceso de ampliación democrática de manera individual. El tercero, mayormente reconocido, fue la llegada a los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, de tres dirigentes que calibraron una misma sintonía –en general– en materia de integración y sobre aquel diagnóstico. El cuarto y último, la firma de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en diciembre de 2004, que asomaba no solo como a una ruptura de los patrones neoliberales, sino porque se presentaba como un organismo “antiimperialista” y “anticapitalista”, que planteaba un acercamiento inédito entre naciones sudamericanas y caribeñas, sobre principios ideológicos muy definidos¹: complementariedad económica y cooperación solidaria entre los países, para consolidar tratos especiales y diferenciados en relación a los niveles de desarrollo de las economías nacionales, pero apuntando a una amplia integración –inclusive no esencialmente comercial y económica– política, cultural, social y científica².

Si el ALBA era por entonces una agenda alternativa al ALCA, el “No al ALCA” se va a transformar en el hecho que posibilitó finalmente la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008 y luego de la CELAC en 2010. Estos serían ensayos más amplios que buscaban romper con los tradicionales modos de integración –fungidos a partir de la división internacional del trabajo y del lugar de nuestras economías como proveedoras de productos de bajo valor agregado– y bajo la premisa de reponer la discusión sobre el desarrollo.

Recursos naturales y militarización como ejes de la integración

Sabemos que América Latina ha realizado muchos esfuerzos por concebir nuevos modos de integración, no sin dificultades. UNASUR y CELAC impulsaron grandes debates sobre cuestiones sustanciales como, por ejemplo, la defensa de las democracias, a sabiendas de su fragilidad en cuánto éstas afecten los intereses de las elites políticas y económicas (así aparece, inclusive, en la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional de CELAC, de 2011³).

También sobre el rol que la región debía ocupar en un naciente mundo de características multipolares y entonces, de múltiples esquemas de integración; el no menor debate sobre cómo se iba a relacionar la región con China en los próximos años en materia de infraestructura y explotación de recursos naturales. Otro de los puntos salientes, fue la búsqueda de crear una nueva arquitectura financiera, a los efectos de protegerse de fondos especulativos, al mismo tiempo que la necesidad de contemplar un límite a la hegemonía del capital financiero, buscando abrir paso a la inversión productiva⁴; en consecuencia, el inicio de las dificultosas negociaciones para la creación del Banco del Sur.

Importante fue el rol de UNASUR buscando convertir los recursos naturales en el eje central a partir del cual pensar el esquema de integración, relacionado a la necesidad de diagramar una política común de defensa, a partir del Consejo Suramericano de Defensa (en tiempos de una denunciada injerencia de los Estados Unidos en Bolivia). También el de CELAC, en cuanto a las críticas hacia los mecanismos tradicionales de “integración” como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), o la Organización de los Estados Americanos (OEA) en pos de buscar desmilitarizar la región, como modo fundamental de protección de los recursos naturales, a la vez que consagrar América Latina como zona de paz.

Entre otros debates, lugar central ocuparon también las históricas causas de liberación como la de Puerto Rico, la incesante condena al bloqueo a Cuba y el incesante rechazo a la injerencia a Venezuela. Claro que también, la cuestión Malvinas, que por primera vez se convirtió en una causa regional, dado el foco del conflicto puesto en el saqueo de los recursos naturales, además de denunciar el colonialismo británico asociado a los intereses norteamericanos en relación a la militarización del Atlántico Sur, como llave para el ingreso al continente Antártico (principal reserva de agua dulce del planeta).

Desmontar la institucionalidad emergente: indicadores de la desintegración

Desde la VII Cumbre de las Américas en abril de 2015 en Panamá, el escenario regional empezó a dar cuenta de algunas fisuras que marcaron el pulso de la actual fase de desintegración. Aunque la presencia de Cuba –luego de su expulsión de la OEA en 1962 por “incompatibilidad con el Sistema Interamericano”– prologaba un encuentro histórico, sin embargo, la clave de época se jugaría en otro terreno: fundamentalmente la calificación planteada por parte de Estados Unidos a Venezuela como “Amenaza a la Seguridad Norteamericana”, sería el hito central sobre el cual se organizó el nuevo ciclo injerencista.

Se planteaba en ese mismo tono el conflicto de Argentina con los fondos especulativos en lo que era un significativo golpe de mercado, y el ya iniciado proceso de impeachment en Brasil; como pudimos ver temas determinantes a la hora de golpear a los tres países más importantes de América del Sur y clave para comprender el fin de los gobiernos de Cristina Fernández y Dilma Rousseff, al mismo tiempo que el ritmo de asedio internacional que adquirió, desde entonces, la situación de Venezuela y que hoy expresa una profundización de la intervención y el intento de golpe.

Algunos prontos indicadores de la desintegración fueron, por ejemplo, la parálisis de UNASUR frente al golpe de Estado en Brasil (y hoy en Venezuela), la crisis que presentó Mercosur en torno a la posición por parte de Argentina, Brasil y Paraguay buscando expulsar a Venezuela o, por ejemplo, la aceptación del gobierno argentino en cuanto a “remover los obstáculos” que impidiesen la explotación británica en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, como se conoció en el acuerdo del 13 de septiembre de 2016 entre Gran Bretaña y Argentina.

Las visitas de Barack Obama a Cuba y Argentina en 2016 dejaron al descubierto el programa trazado para esta etapa por parte del Departamento de Estado norteamericano⁵: además de la cuestión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, se planteaba la instalación de bases militares y la cooperación en materia de seguridad hemisférica. Desde marzo de 2016, el conocimiento sobre la intención de emplazar una nueva base militar en el Atlántico Sur (Tierra del Fuego) irá caracterizando la escena injerencista, a las que actualmente se suman otras en Neuquén, Jujuy y Misiones (conocidas “rutas” del petróleo y del litio, y el Acuífero guaraní).

En vistas de la recomposición, frente a Brasil y Venezuela, Argentina mostró credenciales neo-coloniales: en ambos casos reconociendo rápidamente al gobierno golpista (Brasil) o hace unas semanas al “autoproclamado” Juan Guaidó (Venezuela). Además, como motor en la promoción de un grupo de países que –además de salir de UNASUR– debían consolidar un espacio de presión a Venezuela y de crítica a las instancias regionales, como finalmente fue el “Grupo de Lima”. Los giros políticos de Argentina, Brasil, Chile y Ecuador finalmente pusieron en jaque a UNASUR.

En continuidad con el mencionado Decreto sancionatorio de Obama de 2015, se puso en marcha la “Orden Ejecutiva” propuesta por Donald Trump en agosto de 2017, que implicó la prohibición de refinanciar los bonos de la deuda contraída con el país del norte, un conjunto de sanciones a las transacciones privadas con el Estado venezolano o con PDVSA, sumado al embargo de armas por parte de la Unión Europea, a cierres unilaterales de cuentas del Estado en el exterior, cancelación de pagos, depósitos y contratos.⁶

Una serie de ejercicios militares norteamericanos en zonas estratégicas (Amazonía brasileña, Patagonia y nordeste argentino y costas de Chile) se realizaron frente a la pasividad de una CELAC que en otrora había hecho programa de la denuncia de este tipo de acciones. UNASUR además, operó desde enero de 2017 sin Secretario General, por falta de acuerdo, así como tampoco una agenda de trabajo. Finalmente, seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Perú) suspendieron su participación en el organismo a partir de abril de 2018.

Las derechas regionales cuando acceden al gobierno, a sabiendas del rol estratégico de la institucionalidad regional, hacen programa urgente de su desmonte. Sobre todo, cuando la conformación de esta inédita arquitectura latinoamericana, como hemos visto, buscaba custodiar la defensa de las soberanías nacionales, los recursos naturales del continente y la ampliación de las fronteras democráticas. Todo ello, como condición necesaria para finalmente discutir el desarrollo.

- Luis Wainer es sociólogo UBA / Mg. Estudios Latinoamericanos. Docente e investigador UNSAM-UNDAV-UNAHUR. Coordinador Área de Estudios Nuestroamericanos Centro C. de la Cooperación “Floreal Gorini”.