México vive una crisis de derechos humanos. Así lo estableció Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al culminar una visita de cinco días a México, del 5 al 9 de abril. Mira con optimismo la llegada del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien representa “un cambio de paradigma: uno que asume la centralidad de los derechos humanos”.

La ex presidenta de Chile puso como ejemplo de este cambio la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, con el que se busca “develar la verdad, proveer justicia, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de estas violaciones” de los derechos humanos.

En un encuentro final con la prensa, comentó la situación concreta de los desaparecidos, los defensores de derechos humanos, los periodistas, las mujeres víctimas de tortura sexual y feminicidio, los migrantes y los indígenas, así como de encarcelados injustamente.

Bachelet se refirió a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y la muerte de seis más, en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando viajaban rumbo a la ciudad de México para asistir a un aniversario del 2 de Octubre, y cuyo autobús fue secuestrado. Un caso emblemático, plagado de “graves irregularidades”, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que echó por tierra la versión histórica del anterior gobierno.

Durante su visita se reunió tanto con el Presidente y otras autoridades, como con padres y familiares de asesinados y desparecidos, además de miembros de organizaciones de la sociedad civil. “Como les dije a altos cargos gubernamentales, no se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado”.

Si alguien sabe de estas cosas es una persona como ella, quien perdió a su padre, fallecido en prisión durante la dictadura militar chilena. “Un dolor que no me es desconocido”, dijo, emocionada.

“El caso Ayotzinapa reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40,000 personas desaparecidas, un cuarto de ellas mujeres. A la par, existen 26,000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores”, calificó la hoy funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, “debo señalar que tan trascendental como resolver los casos abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252,538 desde 2006”.

Dio su respaldo a la creación de la Guardia Nacional, “efectiva y respetuosa de los derechos humanos”. Pero quedó en el aire su respuesta en torno a la conveniencia de un mando civil o militar de la Guardia Nacional.

“Más grave aún es el hecho de que sigan produciéndose nuevas desapariciones, tal y como estableció en 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así como que en la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla”. De ahí su compromiso con familiares de las víctimas: “Hago mía su reivindicación de contar con un sistema de efectivo de búsqueda de todas las personas desaparecidas, nacionales y extranjeras, así como su exigencia de justicia”.