La «limpieza» no es sino la forma que históricamente ha asumido la represión en Guatemala, en momentos y condiciones particulares, para librarse de quienes, desde los estamentos y círculos de poder, se perciben como enemigos del sistema y su régimen político. Se utilizó en los años 60, 70 y 80, especialmente durante los procesos electorales para dejar «limpio» el escenario a quienes serían los nuevos inquilinos del guacamolón (Casa Presidencial). Por ello, los años electorales se conocieron como años de «limpieza», en los que la represión, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros, se incrementaban.

En otras palabras, por «limpieza» se entiende la eliminación de opositores políticos, luchadores y dirigentes sociales que cuestionan y luchan contra el estado de cosas y las injusticias de un sistema que, con la careta de la democracia, es tan injusto como perverso y criminal.

Poco a poco este capitalismo perverso fue desvelando su verdadero rostro. Como afirmé en mi artículo ¿Retorno al pasado? publicado el 6 de junio del año pasado en la revista gAZeta, «La particular agresividad de su expansión ha hecho que surjan nuevas formas de sobre explotación de la fuerza de trabajo, nuevos despojos de los bienes comunes y públicos y su mercantilización; alguna nueva forma de acumulación» de capital, con el extractivismo como una de sus características particulares, constituyendo una amenaza para los territorios y los bienes de pueblos y comunidades.

Es en ese contexto de la ofensiva y expansión del capitalismo que han surgido nuevas formas de lucha y resistencia y, por supuesto, nuevos sujetos sociales que asumen la defensa del territorio y de los bienes naturales como el centro de su lucha. Si por algo se distingue la llamada lucha de resistencia contra el extractivismo y el despojo de territorios es porque en el centro de la lucha se encuentra la comunidad como nuevo sujeto social.

En las últimas décadas, en Guatemala, como en casi todos los países de América Latina y el Caribe, las comunidades y pueblos enfrentan la feroz ofensiva del despojo capitalista. Capitales nacionales aliados, en condición de subordinación, con capital transnacional, se apoderan de sus bienes y territorios con el apoyo abierto y encubierto del Estado. Frente a ello, como afirmo en ese mismo artículo, hay nuevas formas de lucha anticapitalista; una de ellas es la que protagonizan los movimientos de resistencia y defensa del territorio que, como respuesta, se enfrentan a dos formas principales de represión: la criminalización de luchadores y dirigentes, y los ataques y asesinatos selectivos.

La criminalización es una forma de represión por la vía «legal», que involucra a varias instituciones del Estado: Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Organismo Judicial a través de los tribunales. Según datos de Udefegua , entre 2008 y 2017 se registró un promedio mensual de 13 casos de criminalización. En los últimos años hemos visto cómo varios dirigentes comunitarios defensores del territorio han sido encarcelados y encausados penalmente; algunos de ellos fueron condenados en procesos amañados y viciados, mientras que otros tuvieron que ser absueltos sencillamente porque no hubo pruebas contra ellos. En estricto sentido, son presos políticos víctimas de este sistema.

Pero también se enfrentan a los ataques y asesinatos selectivos. De acuerdo con los datos de Udefegua, en el período 2008-2017 se produjeron 4 264 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellas defensoras del territorio, y 205 asesinatos. Solo en 2017 se produjeron 493 ataques (209 contra mujeres), de los cuales 166 fueron actos de criminalización, y 52 asesinatos. Del 1 de enero al 8 de junio de 2018, Udefegua registró 135 agresiones, de las que 76 corresponden a actos de criminalización, 13 asesinatos y 2 intentos de asesinato contra miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC). Cinco personas asesinadas eran dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y 3 del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Ese año fueron asesinados, en total, 6 miembros de Codeca.

De junio de ese año a la fecha, las agresiones y asesinatos han aumentado. El último caso de asesinato ocurrió este 8 de abril en La Libertad, Petén, en contra de Leonel Nájera Trigueros, miembro de Codeca y parte del equipo de campaña del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Es el tercer asesinato contra miembros de Codeca en lo que va del año; además de la desaparición de una de sus miembros, Carina Mazariegos, el 19 de marzo.

Estas cifras son solo los datos fríos de una realidad que cada vez es más preocupante, tanto porque es la evidencia de que quienes cuestionan y luchan contra manifestaciones concretas del capitalismo salvaje, como el despojo, son blanco de ataques, asesinato y desaparición forzada (tal el caso de Carina Mazariegos, hasta que la investigación del Ministerio Público no pruebe otra cosa), cuanto porque ha ido en aumento en la medida en que la resistencia y lucha de comunidades y pueblos es un escollo para la acumulación capitalista. Es incluso más preocupante tomando en cuenta que la persecución y represión en las distintas manifestaciones que se señalan líneas arriba, y otras que puedan darse, se producen contra miembros y dirigentes de organizaciones que aparecen en las listas de la oligarquía, cámaras empresariales y grupos corporativos, fundaciones que se hacen llamar antiterroristas y cuerpos represivos del Estado, como los principales enemigos del «desarrollo», eufemismo este con el que se enmascara el capitalismo en su fase más agresiva conocida hasta ahora.

Preocupa, sobre todo, porque no sería extraño que ese aumento de agresiones y asesinatos termine siendo, pasada la alharaca de las elecciones, una campaña de «limpieza» con el propósito de dejar la mesa limpia a quienes, como resultado de la contienda, asuman en enero del próximo año la administración del Estado. Una campaña de limpieza que estaría dirigida contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente defensoras del territorio, y personas que cuestionan y luchan contra este sistema de explotación, despojo y corrupción. Curiosamente, el aumento de asesinatos de defensores del territorio coincidió con la llegada de Degenhart al Ministerio de Gobernación y el cambio en la cúpula de la Policía Nacional Civil, en una nueva manifestación de ese pacto entre burguesía, mafias y estructuras criminales.

Termino reafirmando algo que escribí en el artículo que ya he citado, porque creo que los asesinatos de defensores del territorio muestran claramente que se trata de actos de organizados con ese propósito, a la usanza de los antiguos escuadrones de la muerte:

En estos últimos asesinatos hay una clara diferencia respecto a los ocurridos con anterioridad: el modus operandi. Se encuadran en la típica forma de operar de los escuadrones de la muerte: seguimiento y control de la víctima previo a perpetrar el hecho, un vehículo con hombres armados que la sigue el día del asesinato hasta cometerlo, que luego desaparece sin dejar rastro. Tienen todas las características de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos armados que, probablemente, estén integrados por elementos de fuerzas de seguridad del Estado y de los grupos armados privados de grupos empresariales afectados por las luchas sociales. Todo ello ocurre en circunstancias en las que la oligarquía, el Cacif y el Estado identifican a Codeca y al CUC, en ese orden, como su principal enemigo.

Nos encontramos en un momento en el que la represión y, con ello, los asesinatos selectivos pueden ir en aumento y fácilmente dar el paso a los asesinatos colectivos y masivos. Es la contrainsurgencia aplicada a los movimientos y luchas sociales que cuestionan seriamente el modelo económico y el sistema político fuertemente penetrado por las mafias. No es que la historia se repita; es utilizar mecanismos y métodos del pasado que fueron eficaces al terrorismo de Estado, para enfrentar y reprimir las luchas sociales de hoy.

Fuente: revista gAZeta