La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha elaborado un documento denominado “Agenda País 2019-2024”. Ahí está contenido el programa del próximo gobierno, que los sectores dominantes de la economía exigirán al próximo gobierno, sea quien sea el que gane.

La “Agenda País 2019-2024” es un documento en que se trazan objetivos de corto y mediano plazo para 4 áreas de trabajo del próximo gobierno: educación, Caja de Seguro Social y salud pública, institucionalidad y crecimiento económico. Podemos avizorar dos fuertes motivos de conflicto: la reforma a la Caja de Seguro Social y el tema de los subsidios a los pobres frente a las exoneraciones e incentivos fiscales empresariales.

La CCIAP propone dividir la CSS en dos entidades, pasando el programa de salud, maternidad y riesgos profesionales a un Sistema Integrado de Salud dirigidos por el MINSA, dejando la entidad solo con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Culpa a la “transición demográfica” del déficit actuarial del sistema de Beneficio Definido, cuando en realidad es culpa de la reforma de Martin Torrijos de 2005, que dividió el sistema de jubilaciones pasando a los jóvenes a un sistema mixto.

En Panamá no hay una inversión de la pirámide generacional en que hay más viejos que jóvenes; tampoco es cierto que haya exceso de beneficiarios, pues estos han disminuido en 9% entre 1998 y 2016; ni hay una disminución de cotizantes, pues estos han aumentado 52% entre 1998 y 2016; tampoco hay una disminución de los aportes a las cuotas, las que, por el contrario, aumentaron 72% entre 2007 y 2017. El problema es la Ley de la Muerte impuesta por el PRD en 2005, la cual hay que derogar.

En concreto en la página 19 propone la CCIAP: “Seguimiento y monitoreo de los beneficios de los subsidios y/o becas. Se debe eliminar toda ayuda que no responda a necesidades reales y que solo tiene fines partidistas”. Es decir, eliminar todos los programas sociales de ayuda a los más pobres, que ellos llaman “subsidios”. Pero no menciona los subsidios a los ricos, como las exoneraciones fiscales e incentivos al sector privado que más bien sugieren ampliarlos, que son los que hacen un gran déficit en los ingresos del Estado. Tampoco se habla de la corrupción y las licitaciones amañadas.

Pretende que el estado subsidie: el turismo, con B/. 20 millones para el Fondo de Promoción;  la industria, que se impleméntela Ley 25 de 2017 que dicta medidas de fomento a la industria; el comercio, propone eliminar la burocracia y regulaciones que les afectan.

Sobre la construcción, proponen modificar los códigos de edificación (Reglamento Estructural-REP 2014, y Reglamento de Seguridad Humano-NFPA) porque consideran que “aumentan los costos de manera injustificada”, y revisar los Parámetros de Densidad y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Panamá.

Respecto a la electricidad, proponen convertir ETESA en sociedad anónima (privatizar) y construir la Cuarta Línea de Transmisión, que nos costará 500 millones de dólares y sólo servirá para que lucren exportando energía los dueños del sector.

En vez de depositar falsas esperanzas en las elecciones y expectativas irracionales en el “nuevo” presidente(a), los sectores populares debemos empezar a organizarnos para enfrentar el conjunto de medidas antipopulares planificadas por la Cámara de Comercio, verdadero poder político detrás del Ejecutivo.