El Estado Colombiano, en calidad de miembro activo de la Organización de Naciones Unidas, ha suscrito y ratificado en su totalidad las declaraciones (DUDH de 1948), tratados, pactos y protocolos (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), convenciones (Viena) y convenios de DDHH y del DIH (Ginebra), entre otros, de obligatorio cumplimiento. Además es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) que le impone responder por sus actos ante la Corte (CID) y la Comisión (CIDH). Esta ejemplar conducta le ha permitido beneficiarse de múltiples aportes de cooperación a proyectos tales como el de la misión de apoyo a la paz (MAP-OEA).

A pesar de este inigualable cúmulo de compromisos internacionales, por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el gobierno parece seguir la tesis de que para él no hay límites, ni a su poder, ni a su voluntad de acción, guiada por los intereses propios del partido del gobierno, que suplantan los del pueblo constituyente y creador del poder del Estado. Su escaso afán por resolver las demandas de la población están basados en la idea de que la sociedad no es una relación de personas, sino una masa inconexa útil para experimentar sus cálculos políticos que dan lugar a escándalos, equivocaciones reiteradas y mensajes poco comprensibles de la manera de gobernar, que unas veces parece producida en la ingenuidad y otras en la astucia de quién cree tener un poder infinito y a salvo de ser auscultado.

El gobierno actúa como si en esta sociedad no hubiera seres humanos conscientes y trata de ponerlo todo a su alcance para usarlo a su favor, a como dé lugar, según se desprende de sus sorprendentes declaraciones y proposiciones, que impiden saber -o al menos imaginar- qué tipo de ser humano es el que existe para el gobierno y sobre el que fija sus políticas y decisiones, en todo caso, apartadas de los mandatos de protección, preservación y realización de los derechos humanos, que incluyen la defensa de la vida, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos, con el aval y acompañamiento de todas estos órganos, entidades y mecanismos internacionales.

Al presidente, al cuerpo de gobierno y a los directivos de todas las instituciones, corresponde la tarea ética y política de honrar lo pactado en materia de derechos humanos, es decir, crear, organizar y dar al servicio instrumentos, mecanismos, políticas, recursos y leyes adecuadas que garanticen la prevención y protección efectivas a todos los integrantes de la comunidad llamada nación, es decir la totalidad de su población. Un deber esencial del Estado es preocuparse por preservar la tranquilidad ciudadana, liberarla de miedos y violencias y conjurar en todo tiempo y lugar cualquier intento (de partido, grupo o sector) por polarizar y enfrentar a la sociedad, porque ello pone en riesgo la estabilidad, la paz y la armonía que produce el bienestar colectivo. Existe también la obligación de mantener la soberanía evitando injerencias e intromisiones de otros Estados, empresas o particulares y preservar las riquezas colectivas y el orden constitucional. Hay igualmente responsabilidades del estado frente a los otros Estados, naciones y territorios, conforme a las reglas de los derechos de autodeterminación de los pueblos, entendiendo que entrometerse crea riesgos que fácilmente alteran la paz y promueven múltiples y variadas formas de violencia.

En las condiciones actuales el gobierno parece no atender nada distinto a su propio interés que está debilitando los sistemas y conquistas sociales e impidiendo avanzar hacia la humanización y la convivencia alentada por el fin del conflicto armado y el abandono de la guerra que degeneró en barbarie. Actúa como un ente autónomo, independiente y soberano y olvida responder por la vida digna de todos sus habitantes y de ofrecer garantías para la realización de los derechos reconocidos ya consignados uno a uno en la constitución, con arreglo al pacto social vigente. Este andamiaje teórico, ya probado y comúnmente aceptado, al gobierno le resulta ajeno a sus responsabilidades y hace caso omiso de su deber de respetar y hacer respetar los derechos, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la declaración universal de derechos cuando anuncia que “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”. Es clara y contundente que el Estado no es portador de derechos, con lo cual el gobierno por incumplimiento o negación estaría entrando en los planos de ilegitimidad e ilegalidad que puede ser tratada en tribunales dadas las reiteradas acciones contrarias a derechos.

Los hechos políticos y sociales solamente ocurridos en la primera semana de mayo de 2019, anuncian que en derechos humanos se reinició el camino de una dolorosa tragedia sin responsables, que dejará otro retroceso profundo previsible con el regreso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que comprometen tanto el ministro de defensa como al soldado que arremete con sadismo contra su víctima (caso Dimar Torres, excombatiente); las dilaciones, cohechos y fraudes en el seno del Congreso de la República, para hundir la integridad del mecanismo esencial del pacto de paz (JEP); el complot de Estado para derrocar al gobierno vecino, con dedicación exclusiva de cuatro altos funcionarios (Vicepresidenta, Canciller, Embajador en la OEA, Embajador en Estados Unidos); la intromisión abierta del Embajador de Estados Unidos invitando a los congresistas a decidir en contra del acuerdo de paz alcanzado; el asesinato sistemático y planeado de líderes sociales y el silencio de todo el Estado; la intromisión del canciller ante la CIDH tratando de impedir una audiencia citada legítimamente por la JEP a un año de funciones. Sin duda algo anda mal, en materia de derechos, gobernabilidad y justicia, de lo que es estrictamente responsable el gobierno y el partido de gobierno, cuya temeraria retorica ahonda la polarización, afecta la ética, la política, la verdad y la justicia, ofende la inteligencia y redescubre odios que impiden la vida con dignidad, que es la única que puede llevar al fin de la barbarie y abrir el camino efectivo de la paz.