En Guatemala, hubo voces vehementes movidas por pasiones ideológicas, políticas e intereses económicos que negaron sistemáticamente que se haya cometido genocidio en el país pero la justicia demostró lo contrario, respetando el debido proceso se comprobó plenamente que durante el conflicto armado interno, los militares cometieron genocidio dirigido en contra de la población maya Ixil.

Este 10 de mayo, se cumple seis años desde que el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la Juez Yasmín Barrios, dictó en 2013 la histórica sentencia por crímenes de lesa humanidad, concretamente genocidio y crímenes de guerra. Los acusados fueron, el general José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado y el coronel José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, el primero condenado a 90 años de prisión y el segundo absuelto por falta de méritos.

La demanda original fue interpuesta hace 18 años por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y víctima de las políticas contrainsurgentes, pero aunque tarde, las familias y las víctimas consiguieron justicia. En 2013, el Ministerio Público (MP) intentó sin éxito, procesar por crímenes de lesa humanidad a los ex dictadores guatemaltecos generales Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores.

Lucas García, eludió la justicia exiliado en Venezuela, Mejía Víctores, estuvo prófugo y luego falleció, pero Ríos Montt, fue condenado por el citado Tribunal de Mayor Riesgo A. Sin embargo, debido a que las élites económicas temían que se desataran investigaciones en su contra, presionaron y lograron que la Corte de Constitucionalidad (CC) de aquella época por mayoría de sus Magistrados, ordenara anular la sentencia y retrotraer el proceso para repetir el juicio. Uno de los Magistrados que votó a favor de anular dicha sentencia, es Roberto Molina Barreto, actual candidato a vicepresidente de la República, compañero de fórmula de la señora Zury Ríos Sosa, hija del dictador Ríos Montt. La candidatura de la señora Ríos Sosa aún es incierta, debido a recursos legales pendientes de resolver por la CC.

El nuevo juicio fue realizado en el Tribunal de Mayor Riesgo B, que en 2018 dictó una nueva sentencia ratificando por segunda ocasión que sí hubo genocidio en Guatemala, el Tribunal determinó que 1,771 indígenas ixiles fueron ejecutados extrajudicialmente como parte de un plan de exterminio que los militares realizaron en el área ixil entre 1978 y 1985. En esos años, los pobladores de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul en el departamento de Quiché sufrieron los horrores de la guerra. Los militares arrasaron aldeas, reprimieron a la población civil, provocaron el abandono de sus territorios y el desplazamiento de miles de sobrevivientes, las mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales y los prisioneros de guerra sometidos a tratos crueles e inhumanos. La sentencia mostró las consecuencias sociales, traumas y profundos daños psicológicos, culturales, económicos y sociales que provocó el genocidio entre la población. Además, el despojo de sus tierras y bienes les imposibilitó el acceso al desarrollo, educación, salud, trabajo y salarios dignos, por tanto, se incrementaron la miseria y los índices de pobreza.

Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y la acusación de los Fiscales del MP, el Estado de Guatemala a través de las políticas contrainsurgentes aplicadas por el ejército, eliminó al 33 por ciento de los mayas ixiles, entre las víctimas el 38 por ciento eran niños menores de 12 años, el resto fueron adolescentes, adultos mujeres, hombres y ancianos.

Para no olvidar, importa conocer la historia de atrocidades.