En los últimos años hemos observado el deterioro de la economía colombiana y como este ha recaído en las capas con menor poder adquisitivo en la sociedad, con múltiples reformas tributarias, en tanto se intensifica la reducción de la presión fiscal a los grandes capitales afectando el recaudo y zanjando aún más el déficit fiscal en Colombia. (Gómez & Galindo, 2018)

Este déficit fiscal es de aproximadamente 20 billones de pesos, teniendo en cuenta que la más reciente reforma tributaria denominada Ley de Financiamiento en el año 2018, en vez de generar mayor recaudo ocasionó un incremento del déficit derivado de las políticas de reducción y deducción de impuestos al gran capital que es de aproximadamente 10 billones de pesos, bajo el argumento de la teoría del derrame donde a mayores ventajas al capital mayor será la inversión y la calidad de la economía, teoría que ha sido varias veces rebatida y que muestra su ineficacia a 29 años de su constante recursividad por parte del Estado colombiano. (Gómez & Galindo, La ley de financiamiento: La ley del Embudo en Colombia, 2018)

El Gobierno colombiano ha manifestado en los últimos días la flexibilización de la regla fiscal y la reducción del gasto social. Bajo este panorama, el Gobierno colombiano ha manifestado en los últimos días la flexibilización de la regla fiscal y la reducción del gasto social, anudado esto a la aprobación de gran parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que contiene entre otros: el incremento exponencial del poder ejecutivo, los procesos de austeridad fiscal, artículos con contenidos referentes a una nueva reforma tributaria y una mayor margen por parte del gobierno a la privatización de empresas públicas. (Gómez & Galindo, 2019)

2. Regla fiscal, austeridad y autoritarismo en Colombia

En los últimos días hemos escuchado de parte del gobierno y más concretamente del ministro Alberto Carrasquilla, la necesidad de la flexibilización de la regla fiscal en Colombia, que se presenta desde las Instituciones Financieras Internacionales como el proceso de blindaje de las economías ante la volatilidad del comercio internacional y la reducción del desequilibrio estructural de nuestras economías.

Volatilidad y desequilibrio que no son explicadas y que pierden de vista las relaciones económicas internacionales y las diferentes formas de sumisión de las economías periféricas con relación a las economías metropolitanas. La actual flexibilización de la regla fiscal y de las metas anuales, se pueden evidenciar en el siguiente gráfico y parten de la elasticidad de 0,3 % del PIB aproximadamente 3 billones de pesos para el año 2019 y del 0,1% aproximadamente 1 billón de pesos para el año 2020, concatenado con la pretensión de desplazar la meta de un déficit de 1% del PIB para el año 2022, consagrada en la ley de la regla fiscal, hasta el año 2024. (Avila Ricardo, 2019)

Gráfica 1 Revisión de metas fiscales como porcentaje del PIB.

Gráfica elaborada a partir de (Ávila Ricardo, 2019)

Esta flexibilización está marcada por el aumento exponencial del servicio de la deuda pública. Esta flexibilización está marcada por el aumento exponencial del servicio de la deuda pública, originada por el deterioro de las condiciones internacionales de intercambio a partir del año 2014, que para el periodo 2018-2019 tuvo un incremento de 38,6% como se evidencia en el siguiente extracto.

“Es importante recordar, que el presupuesto general total pasó de $233,6 billones en 2018 de $258,9 billones con un incremento de casi 11%, dentro de este, el rubro de funcionamiento pasó de $146,6 billones en 2018 a $157,1 billones en 2019, es decir, tuvo un incremento de 7,2%, por otro lado, el rubro de inversión cayó de 2018 a 2019, pasando de $39 billones a $35 billones (9,4%), por último, el presupuesto destinado a la deuda aumentó 38,6%, pasando de $47,9 billones en 2018 a $66,4 billones el próximo año” (DataiFX, 2018)

Este desequilibrio presupuestal fue superado parcialmente por el aplazamiento de aproximadamente 12 billones de pesos del servicio de la deuda pública en el Presupuesto General de la Nación para el año 2019, lo cual ocasionó un respiro para el gobierno de Iván Duque, cuya popularidad no ha superado el 50% e incluso se evidencia un deterioro de su popularidad con mínimos de hasta el 30% y de tasas de negatividad de 61% para el mes de marzo del año en curso. (KienyKe, 2019)

Este aplazamiento del pago del servicio de la deuda pública conlleva a un episodio de bola de nieve, donde se aplaza el problema en el tiempo aumentando su masa y generando un mayor impacto para los años subsiguientes. Este aplazamiento del pago del servicio de la deuda pública conlleva a un episodio de bola de nieve, donde se aplaza el problema en el tiempo aumentando su masa y generando un mayor impacto para los años subsiguientes. Es así como para la planeación, construcción y discusión del Presupuesto General del año 2020 se atestigua un mayor desequilibrio presupuestal donde se pretende implementar una reducción drástica del gasto e inversión social y la flexibilización de la regla fiscal como resultado del declive acelerado de la economía colombiana y su dirección macroeconómica.

Paradójicamente en los últimos días se ha presentado el borrador del Presupuesto General de la Nación para el año 2020 en el cual se plantea la reducción de aproximadamente 12 billones de pesos en los rubros de inversión, golpeando directamente los recursos dirigidos al gasto y la inversión social, y por ende lesionando profundamente la garantía de la satisfacción de los derechos sociales, económicos, políticos y ambientales del pueblo colombiano.

“El recorte total se acercaría el próximo año a los $12 billones, según el borrador de esta iniciativa, elaborado por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda, que no obstante podría tener ajustes durante el trámite legislativo, sobre todo por cuenta de los ingresos y rentas nuevas que traiga consigo el Plan Nacional de Desarrollo (PND)” (Ortega, 2019)

Según el borrador del Presupuesto General de la Nación para el año 2020 los sectores más golpeados son deporte y recreación, planeación e inclusión social y reconciliación. Según el borrador del Presupuesto General de la Nación para el año 2020 los sectores más golpeados son “[…] deporte y recreación, planeación e inclusión social y reconciliación (donde están el Departamento de prosperidad social, el ICBF, la Unidad de Victimas y el Centro de Memoria Histórica) (…) estas ramas tendrían recortes de 59,5% y 52,9% y 48,4% respectivamente.” (Londoño Vélez, 2019)

Como se evidencia en el anterior extracto los sectores más golpeados son:

I. El sector de Deportes y Recreación donde millones de colombianos ven socavados sus sueños de ser grandes deportistas debido a la baja inversión y acompañamiento desde el Estado colombiano a las y los deportistas en el país, propiciando, entre otros, el germen para el incremento de la delincuencia y la violencia en el país.

II. El sector de Planeación que tiene como fin la planificación técnica del devenir del país, es por esto, que la reducción de su inversión deja a la deriva y en manos autoritarias el destino de proyectos neurálgicos para el pueblo colombiano. Esta reducción del presupuesto va en vía de las políticas de concentración de poderes por parte del poder ejecutivo consagrada en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. (Gómez & Galindo, El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia, 2019)

III. El sector de inclusión y reconciliación social que tiene como fin cerrar las brechas de desigualdad en el país, donde Colombia se posiciona como el segundo país más desigual de la región superado tan solo por Haití (La Republica, 2017) y sobreponerse a partir del acuerdo de Paz, al pasado violento y excluyente de nuestra nación. La reducción dramática de un 48,4% del presupuesto para este sector evidencia latentemente la intensión del gobierno de Iván Duque de hacer trisas el acuerdo de paz y con ello cerrar la puerta a la reconciliación, verdad y justicia para el pueblo colombiano, mientras se perpetúa e incrementa las violencias físicas, estructurales y simbólicas.

El Presupuesto General de la Nación, según el anteproyecto, pasará de 258,994 a 257,154 billones de pesos para el año 2019 y 2020, es decir una reducción de 1,84 billones de pesos, mientras que el servicio de la deuda pública aumenta un 6,4% pasando de 51,312 a 54,631 billones, un incremento de 3,319 billones de pesos, lo cual grafica la lesividad del sistema de la deuda pública.

Este escenario se oscurece cada vez más si observamos la reducción de sectores neurálgicos, como ya se evidenciaron anteriormente, como es el caso de los sectores de Minas y Energía con una reducción del 41,7%, Agropecuario con 40,1%, Órganos de Control con 36,7%, registraduría con 35,8% entre otros. (Avila Ricardo, 2019) y que muestra como el servicio de la deuda pública absorbe recursos destinados para la satisfacción de los derechos del pueblo colombiano donde se está violando la constitución bajo la ruptura de la progresividad de estos.

Esta flexibilización de la regla fiscal, la reducción del gasto social y de la inversión se acompaña con la tentativa de privatizar empresas estatales como es el caso de la propuesta de venta del 8,5% de las acciones de Ecopetrol, empresa petrolera estatal, con el fin de recaudar aproximadamente 10 billones de pesos, para garantizar así, el pago continuo del déficit estructural de la nación que se ha visto incrementado a partir del deterioro de las condiciones internacionales de intercambio.

Privatizaciones que son contempladas y reconfiguradas en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de generar mayor discrecionalidad del ejecutivo y por ende mayor autoritarismo en el país, como se puede evidenciar en el siguiente extracto del análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

“A su vez, en el artículo 43 se faculta al Poder Ejecutivo representado en el Ministerio de Hacienda para enajenar las participaciones accionarias de las entidades estatales que no superen el 49% del total accionario de la empresa y/o entidad. Un cambio con referencia al artículo 162 de la ley 1753 que contemplaba la enajenación solo para la participación de hasta el 10% (…) Este artículo contemplaría la privatización o venta de activos estatales con el único fin de cumplir con la regla fiscal ante la negativa social de la pasada reforma tributaria que pretendía gravar la canasta familiar” (Gómez & Galindo, El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia, 2019)

La economía colombiana está a la deriva de los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales. Es así como la economía colombiana está a la deriva de los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales y el secuestro parcial de los poderes estatales por parte de la fracción más retardataria en el país encabezada por Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque y su partido el Centro Democrático, quienes pretenden infligir mayores cargas tributarias a las capas con menor poder adquisitivo, reducción de gasto e inversión social, aumento del autoritarismo y propuestas de privatización de los entes públicos, entre otros procesos totalmente onerosos para el pueblo colombiano.

Conclusión

Ante el ataque que se observa desde el Gobierno colombiano a los derechos fundamentales de la sociedad colombiana en el país los movimientos sociales y plataformas políticas se han articulado bajo el rechazo del Plan Nacional de Desarrollo y otras propuestas legislativas regresivas del gobierno Duque. Los ataques a los Derechos y servicios fundamentales no se detienen allí, sino que se anudan a la falta de voluntad llegando al irrespeto por parte del gobierno colombiano de dialogar con los sectores sociales que ven vulnerados sus derechos, como se vio ante la silla vacía en el dialogo con la minga indígena en días pasados.

Se hace necesaria la confrontación y unidad de las fuerzas populares, para redirigir el devenir del país y construir una sociedad basada en la dignidad, justicia y reconciliación, y no en la explotación, opresión y despojo del pueblo colombiano.

Bibliografía

Ávila Ricardo, P. (2 de Abril de 2019). El comité de Regla Fiscal es independiente pero podría ser más autónomo: Perry. Portafolio, pág. 8 y 9.

DataiFX. (6 de septiembre de 2018). Carrasquilla plantea aplazar deudas para aumentar inversión en presupuesto de 2019. Obtenido de DataiFX: https://www.dataifx.com/noticias/carrasquilla-plantea-aplazar-deudas-para-aumentar-inversi%C3%B3n-en-presupuesto-de-2019

Gómez, J., & Galindo, C. (4 de Noviembre de 2018). La ley de financiamiento: La ley del Embudo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/La-ley-de-financiamiento-La-ley-del-Embudo-en-Colombia

Gómez, J., & Galindo, C. (17 de Febrero de 2019). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Una hoja de ruta austeritaria de desarrollo en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/John-Freddy-Gomez?lang=es

Gómez, J., & Galindo, C. (7 de Marzo de 2018). El sistema de la deuda en Colombia. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/El-Sistema-de-la-Deuda-en-Colombia

KienyKe. (5 de abril de 2019). Cae la aprobación de Iván Duque al 30%. Obtenido de KienyKe: https://www.kienyke.com/politica/popularidad-ivan-duque-encuestas-colombia-yanhaas

La República. (16 de noviembre de 2017). Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/segun-el-banco-mundial-colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-2570469

Londoño Vélez, S. (9 de abril de 2019). Presupuesto 2020 tendría recortes de casi $12 billones. Portafolio, pág. 7. Obtenido de Portafolio.

Ortega, C. (8 de abril de 2019). Presupuesto 2020 tendría recorte de casi $12 billones. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/presupuesto-2020-tendria-recorte-de-casi-12-billones-528347

Fuente: http://www.cadtm.org/La-economia-colombiana-a-la-deriva