Las decisiones judiciales acerca de la extradición de Jesús Santrich se han colocado en el centro de la coyuntura política y profundizan los desencuentros entre el gobierno, los partidos independientes y los partidos de oposición en torno al tema de la paz y el cumplimiento de los Acuerdos suscritos por el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, sobre la negación de la extradición de Jesús Santrich motivada en que con el material probatorio entregado por los Estados Unidos en su solicitud de extradición, indictment, como con el precario material de la fiscalía general de Colombia, la JEP no pudo establecer si el presunto delito de narcotráfico se habría cometido después del 1 de diciembre de 2016 caso en el cual procedería o bien a su investigación o juzgamiento en Colombia o la extradición a los Estados Unidos. La JEP en consecuencia ordenó a la fiscalía proseguir las investigaciones y al mismo tiempo concedió la libertad a Santrich que seguiría estando bajo la jurisdicción de la JEP. Solo que con la libertad, Santrich podría posesionarse en el Congreso de la República adquiriendo fuero parlamentario y su proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Había que impedir por todos los medios que esto pudiera ocurrir.

El gobierno de Duque empeñado en la extradición de Santrich a cualquier costo y por cualquier vía barajó varias posibilidades. La primera declarar la conmoción interior que le permitiría la extradición de Santrich por vía administrativa quebrantando con ello el Estado de derecho pues abiertamente desconocería una decisión judicial de un tribunal competente como en este caso es la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que por demás ha contado con el respaldo de la rama judicial en sus actuaciones. Duque no llegó hasta traspasar es línea delgada de desconocer una decisión judicial legitima. A ello también contribuyó el anunció del Procurador General Fernando Carrillo de interponer un recurso ante la Sección de Apelaciones de la JEP señalando que había caminos institucionales para controvertir la decisión de primera instancia de la JEP que profirió la providencia. El camino de Duque se estrechaba pues claramente mostraba alternativas institucionales para resolver la situación. A pesar de las presiones del Uribismo, Duque no se decidió por el quebrantamiento del Estado de derecho aunque, y esto es grave, si consideró la posibilidad de hacerlo.

Descartada esa primera opción había que proceder rápido pues el Tribunal de Bogotá concedió el derecho de habeas corpus y ordenó la libertad de Santrich, el gobierno contando con el beneplácito de las autoridades carcelarias del INPEC retraso el cumplimiento de la orden del tribunal de Paz y del tribunal de Bogotá mientras la fiscalía general profería una nueva acusación pretextando la existencia de nuevas pruebas que incriminan supuestamente a Santrich en la comisión de delito de narcotráfico logrando que un juez de garantías lo cobijara con una medida de aseguramiento que permitió nuevamente la captura de Santrich impidiendo de paso su posesión en la Cámara de Representantes.

El proceso penal sigue su curso y se trasladó por ahora a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a donde fue remitido por la juez de control de garantías que le dio tres días hábiles al tribunal para que resuelva sobre la competencia de la fiscalía para seguir investigando o para que la Sala Penal asuma la competencia para su investigación y juzgamiento. Entretanto queda claro en la providencia de la JEP que una parte de las pruebas fue lograda de manera ilegal mediante la puesta en marcha de un operativo de entrampamiento en que agentes de la DEA conjuntamente con la fiscalía de Colombia montaron un operativo ilegal para incriminar a Santrich y esto es lo que ahora tendrá que examinar tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Sección de Apelaciones de la JEP. Es claro que en este caso tanto el gobierno de los Estados Unidos como la fiscalía de Colombia han recurrido a todos los medios para deslegitimar las actuaciones de la JEP ocultando y no entregando al tribunal de Paz las pruebas que dice tener para acusar a Santrich. Desde la propia fiscalía se filtró a los medios de comunicación un video que sería la prueba reina para incriminar a Santrich en el delito de narcotráfico. Este video nunca fue puesto a disposición de los jueces de la JEP.

Con las supuestas pruebas rodando por los medios de comunicación y orquestada desde esos mismos medios se intentó proyectar y vender la idea que el país se encontraba en una profunda crisis institucional producto de las actuaciones irresponsables de la JEP que buscarían el debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico y la cooperación judicial con los Estados Unidos. Aprovechando esta supuesta crisis institucional el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señalado de graves actuaciones ligadas al escándalo de corrupción de la firma brasilera Odebrecht y a otros muchos casos, presentó renuncia irrevocable a su cargo aduciendo que la JEP estaba tomando decisiones antijurídicas. En su carta de renuncia llama a la movilización ciudadana para condenar esas decisiones antijurídicas en que supuestamente estaba incurriendo la JEP. Por supuesto que no hubo tal movilización social. Por el contrario, pasados apenas unos cuantos días y aceptada su renuncia por la Corte Suprema de Justicia, el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, que había sido postulado por Duque y nombrado por la Corte para que se ocupara de tres de las 21 líneas de investigación en el caso de Odebrecht pide en su informe final que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue a Néstor Humberto Martínez como ya lo había solicitado el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Con ello queda claro que la renuncia de Martínez estaba motivada en realidad por sus actuaciones en procesos penales que estaban bajo su responsabilidad como fiscal general. Se rumora que la Corte Suprema de Justicia tomaría la decisión en el curso de esta semana de apartarlo de todas las líneas de investigación del caso de Odebrecht. Así pues quedaba al desnudo que la llamada por los grandes medios “profunda crisis institucional” no es más que una crisis inducida por el gobierno, por la Embajada de los Estados Unidos y en general por el bloque de los enemigos de la Paz que a toda costa quieren hacer trizas los acuerdos y devolvernos a la guerra.

Provocada la crisis el presidente Iván Duque intenta ganar a los partidos independientes y a la Partido de la U declarado oficialmente de gobierno pero distanciado del mismo por el tema de los acuerdos de Paz. Desde el lunes de la presente semana inicia una serie de reuniones con los directores de los partidos para tratar de convencerlos de reformar los acuerdos de paz de manera unilateral, acabar o introducir reformas estructurales a la JEP que indudablemente es el centro de los acuerdos, hacer posible la extradición sin practica de pruebas, en síntesis, hacer trizas los acuerdos que ha sido la consigna del uribismo al cual pertenece. De manera decidida tanto el liberalismo como el partido de la U, rechazan la solicitud de Duque mientras Germán Vargas Lleras jefe del partido Cambio Radical se limita a señalar que no apoyará una propuesta de convocatoria de una Asamblea Constituyente. Duque no convoca a los partidos de la oposición y no responde a una solicitud pública que le ha hecho en medio de la crisis auto provocada el partido FARC-EP para discutir el futuro de los acuerdos de Paz.

El impasse se mantiene. La correlación de fuerzas hasta ahora muestra un bloque de parlamentarios opuestos a introducir modificaciones sustanciales a los acuerdos de Paz. El gobierno no tiene rumbo. O mejor el rumbo escogido de hacer trizas los acuerdos de paz, de apoyar los intentos golpistas en Venezuela y de alinderarse incondicionalmente con el gobierno de Trump, no son suficientes para recomponer la gobernabilidad rota o profundamente debilitada.

Entre tanto todo este manejo truculento dado a los acuerdos de Paz afecta la confianza en los mandos medios y en la base de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Iván Márquez jefe negociador en nombre de las FARC-EP en los diálogos de La Habana en reciente comunicación dirigida a los excombatientes señala que fue un error haber entregado las armas ante los evidentes incumplimientos del Estado, señala que el proceso está en una profundas crisis y viene aplazando su comparecencia ante la JEP donde debe responder por diversos delitos. Ante esta comunicación, Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, desautoriza estas declaraciones de Iván Márquez con lo cual en la práctica queda protocolizada la división de las FARC-EP. En cierta forma los esfuerzos del Centro democrático de Uribe y de los enemigos de la Paz, logran provocar una división que se hace ahora evidente. Todo ello debilita el proceso a pesar que hasta ahora la inmensa mayoría de los 13 mil combatientes se han mantenido en el cumplimiento de los acuerdos. Aún no se sabe las consecuencias que esta división tenga en los mandos medios y en la base de la guerrillerada. Por supuesto que a los únicos que alegra esta división es a los enemigos de la Paz. Márquez hasta ahora no ha llamado al rearme lo cual sería un error garrafal y daría nuevas municiones tanto al gobierno como a los enemigos del proceso de paz.

Bogotá mayo 23 de 2019

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur