Diversos gobiernos progresistas y de izquierda elegidos democráticamente en numerosos países de la región en los años 2000 compartían el ideal de impulsar una efectiva agenda de integración regional que contara con un involucramiento activo de la ciudadanía. Estos gobiernos denominados ‘progresistas’ entendieron el regionalismo como modelos socialmente inclusivos y equitativos, que incluyeran a una ciudadanía comprometida en estos procesos, en un progresivo tránsito del enfoque neoliberal ‘despolitizado que desconfía de la democracia (‘democracia restringida’) a nuevas concepciones desarrollistas fundadas en un más activo papel del Estado en la agenda social que promueve la democratización de los acuerdos regionales. Con tales pretensiones crecieron desde entonces las expectativas en cuanto a la posibilidad de superar la notoria ausencia democrática en esta área tan importante.

En estas notas pretendemos focalizarnos puntualmente en los cambios y recomposiciones más relevantes en la articulación entre democracia e integración regional en el período de ‘progresismo’ latinoamericano, de modo que nos permita identificar los límites del mismo proceso democratizador.

Los límites de la democratización

Los avances en la dinámica democratizadora de los acuerdos regionales impulsados por los gobiernos ‘progresistas’ parecieran haber chocado con los propios límites de la democracia liberal, colocando en cuestión al conjunto de ese proceso. Estos pueden esbozarse en los siguientes puntos.

En primer lugar, si bien los gobiernos progresistas avanzaron en la politización parcial de la agenda regional de integración, promoviendo una “democratización” en las relaciones exteriores y en los esquemas de integración, no lograron desplazar a los temas comerciales y económicos expresados en los tratados de libre comercio debido a que fueron subvaluados. Son estos tratados los que irónicamente han sobrevivido hoy a la dramática debacle de los principales esquemas de integración, evidenciando el ‘retorno a la despolitización’ absoluta de los acuerdos regionales aún existentes.

En segundo lugar, ese proceso de politización no está disociado de un marcado rol protagónico de los gobiernos y un relegamiento a un segundo plano de la incidencia de los movimientos sociales y sindicales, en tanto el grueso de los acuerdos era de carácter intergubernamental. Tendieron a privilegiar acuerdos construidos ‘desde arriba’ que sólo colateral y débilmente contribuyeron a impulsar y profundizar mecanismos de democratización, aunque no por ello menos importantes. En las condiciones actuales las posibilidades de esta limitada democratización social han quedado prácticamente descartadas.

En tercer lugar, los dos cambios anteriores, además de la necesaria legitimación interna de los gobiernos democráticos, vienen asimismo asociados a visiones claramente nacionalistas que dan continuidad a patrones de acumulación que descansan principalmente en las ‘ventajas comparativas’ (materias primas o industrias relacionadas a ellas) y retoman una visión tradicional de la soberanía nacional. Contradiciendo así a la misma integración regional al incrementar la competencia entre los países, cuyas expresiones políticas serán las disputas de liderazgo en los esquemas de integración, los diferentes niveles de democratización alcanzados según sean los acuerdos (donde sobresale el MERCOSUR) o, simplemente, las dificultades para alcanzar compromisos consensuados (por ejemplo, en torno al Banco del Sur o la implementación del Sucre en el ALBA). En los tiempos actuales estas posturas nacionalistas se han visto fortalecidas, traduciéndose en el abandono de ciertos acuerdos o reformulación de otros, dejando en claro el carácter ‘instrumental’ de la democracia en el capitalismo latinoamericano.

En cuarto lugar, los avances en los procesos de democratización de la integración no niegan que se genere un mayor vigor y desarrollo de las organizaciones ciudadanas y de trabajadores en sus acciones de incidencia sobre las negociaciones, particularmente cuando estuvieron asociados con movilizaciones y protestas sociales autónomas, como lo evidencia la creciente movilización de la Alianza Social Continental (ASC - Hemispheric Social Alliance) en contra del ALCA hasta detener su instalación en 2005 con el apoyo de gobiernos de izquierda y de orientación progresista (Cumbre de las Américas). En ese año los movimientos sociales y organizaciones sindicales se posicionaron en un plano protagónico, situación que perdura hasta la Cumbre de Cochabamba. Sin embargo, luego de ese pico de participación no encontramos un correlato similar en negociaciones de acuerdos de libre comercio o de esquemas de integración a nivel regional y subregional.

Tras ese extraordinario período de ascenso democrático se produce un significativo declive de la participación y de la realización de Cumbres sociales paralelas y de la capacidad de interlocución con los gobiernos. Contribuyeron a ello organizaciones abocadas simplemente a apoyar la legitimación de ciertas negociaciones o políticas gubernamentales, y no una efectiva participación y empoderamiento de los pueblos latinoamericanas.

Algunas reflexiones adicionales

Ciertamente algunos de los límites arriba puntualizados requieren de una explicación adicional. Por ejemplo, la especialización nacional (en materias primas) según las ventajas comparativas que caracteriza a casi todas las economías de Sudamérica no es una estrategia deliberada impulsada por un gobierno determinado, sino el resultado lógico de la asignación dictada por los propios mercados “libres”, bajo la asunción de la inmovilidad internacional del capital. De allí la ausencia de políticas sectoriales activas (por ejemplo, de industrialización) durante los gobiernos democráticos, a pesar del retorno a un rol más protagónico del Estado y la nueva preeminencia que adquieren la soberanía y el interés nacional en la formulación de políticas y estrategias de cada país.

Estos gobiernos al reconocer al mercado como único mecanismo en la asignación interna de recursos no tienen problemas en aceptar la despolitización en la toma de decisiones en aspectos claves, entendiendo que refuerza el funcionamiento neutro y óptimo del mercado. Por ello la autonomía del Banco Central y en la elaboración del Presupuesto nacional, así como la independencia del poder judicial. Mientras los gobiernos progresistas promovían las estrategias de despolitización en el ámbito nacional, buscaban ‘politizar’ parcialmente los compromisos de integración regional reducidos ahora solo a acuerdos de carácter intergubernamental.

En ese sentido la politización actúa como una de las formas más potentes de movilización ideológica con la finalidad de ‘legitimar’ políticamente acuerdos elaborados desde entes estatales despolitizados. La tarea de las cancillerías es buscan preferentemente la participación de organizaciones sindicales y de la ‘sociedad civil’ que avalen sus negociaciones y esquemas de integración. De este modo, la despolitización opera como límite de la democracia al restringir institucionalmente los espacios soberanos de decisión de los pueblos en cuestiones claves.

Por lo mismo, los avances en el proceso de democratización de la integración regional no pudieron superar esa armazón intergubernamental, no pudiendo aproximarse siquiera a la constitución de una verdadera ciudadanía regional, de carácter social y supranacional que posibilitara la construcción de una arquitectura de integración regional sostenible.

El ascenso de los gobiernos de extrema derecha en América del Sur en estos tres últimos años ha significado la reversión de esos procesos democratizadores, evidenciando los límites de la democracia y su naturaleza instrumental. Esa reversión habría que colocarla en el contexto de la grave crisis del multilateralismo y de la OMC en particular. No solo porque los actuales acuerdos de esta región ven que su máximo referente institucional está apagándose, sino además su propio sostén ideológico está en cuestión. Irónicamente son los mismos creadores de la ideología del libre comercio (Gran Bretaña y Estados Unidos) quienes desechan sus ventajas (comparativas), dejando sin fundamento ‘teórico’ a sus fieles seguidores. Sin duda, esta situación ayuda a explicar la creciente fragmentación que padece la integración latinoamericana y la consecuente polarización geopolítica.

En este marco, si los gobiernos están dispuestos a deshacerse de la democracia en los acuerdos regionales, las organizaciones sindicales y sociales son fundamentales a la hora de revertir esa situación si éstas conciben a la democracia como un ‘fin’ y apuntan a representar las demandas e intereses legítimos de sus pueblos.

Claudio Lara Cortés

Centro de Estudios, Formación y Capacitación Mega II

Este trabajo es parte del Boletín Integración regional. Una mirada crítica, N°4/5, mayo de 2019, editado por el Grupo de Trabajo Integración y Unidad Latinoamericana del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO).

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