Las sucesivas derrotas del gobierno de Iván Duque Márquez en torno a los obstáculos interpuestos por su gobierno a los Acuerdos de Paz suscritos el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, ha exacerbado los ánimos del ala más extrema del uribismo encabezada por el propio expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La negativa del poder judicial a la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, Jesús Santrich, quien finalmente se posesionó en la Cámara de Representantes este martes 11 de junio tras la decisión del Consejo de Estado que le mantuvo su curul y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgarle la libertad previa vinculación a una investigación penal por los delitos de narcotráfico le permitió al ex negociador de las FARC-EP, posesionarse finalmente en el Congreso de la República en medio de las protestas del gobierno y del partido Centro Democrático.

Las seis objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fueron hundidas en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional y en la JEP, los militares sometidos a dicha jurisdicción, comienzan a aportar pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales que comprometen a los altos mandos y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez en crímenes de lesa humanidad que cayeron bajo esta jurisdicción. Como bien lo señala Héctor Riveros[i] lo que aceleró la andanada de ataques y la promoción de un referendo para derogar la JEP y los acuerdos de Paz, tiene relación directa con lo que ocurre en la JEP. Allí el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte narró la forma como se implementaron las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare y señaló directamente al excomandante general del Ejército, Mario Montoya Uribe, de haber impartido órdenes para incrementar el número de bajas lo que condujo al asesinato de civiles para presentarlos como guerrilleros dados de baja en operaciones militares. La fiscalía general de la Nación ha estimado en cerca de 4000 los civiles asesinados bajo esta modalidad mientras el periódico inglés The Guardian calcula que fueron 10 mil los civiles asesinados.

También ante la JEP se rindieron testimonio por parte de los militares bajo esta jurisdicción sobre los crímenes ocurridos en el departamento del Cesar que comprometen al teniente coronel Julio Hernán Mejía Gutiérrez en crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en ese departamento. Mejía Gutiérrez es un militar de las entrañas del uribismo que publicó un libro “Me niego a arrodillarme” en que a pesar de ser condenado por la justicia ordinaria a 19 años de cárcel por crímenes cometidos en su jurisdicción alega su inocencia y defiende sus ilegales actuaciones. Estos hechos son los que precipitan la reciente andanada de los sectores extremos del uribismo en contra de los acuerdos de Paz y en particular en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Conocidas estas declaraciones de los militares en esta jurisdicción, sectores extremistas del uribismo encabezadas por el periodista Herbin Hoyos, presentaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la solicitud para recoger firmas para un referendo de iniciativa ciudadana que tiene como propósito la derogatoria de la JEP y en general de los aspectos nodales del acuerdo de Paz, al tiempo que proponen la eliminación de las Altas Cortes y la creación de una sola Corte revocando a todos los actuales magistrados para dar paso a un nuevo nombramiento. Esta iniciativa tiene pocas probabilidades de éxito pero sirve a los propósitos electoreros del uribismo de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. Tiene pocas probabilidades pues una vez conseguidas las firmas, cerca de dos millones, el referendo deberá ser convocado mediante una ley que deberá ser aprobada por el Congreso de la República y antes de la convocatoria a las votaciones debe ser revisado por la Corte Constitucional, dos trámites muy difíciles de lograr en las actuales circunstancias políticas del país.

La salida desesperada del referendo muestra que a pesar de contar con el gobierno los enemigos de la paz encabezados por Uribe y Duque muestran una evidente debilidad para llevar adelante sus propósitos obstruccionistas. El debilitamiento de los enemigos de la paz, que quieren reflotar el conflicto armado a como dé lugar, es evidente no solo por las derrotados sucesivas en el Congreso y en el poder judicial sino por el debilitamiento de su convocatoria a la movilización callejera que fue años atrás una de las fortalezas del uribismo. Este martes 18 de junio el propio Uribe convocó a una movilización en la plaza de Bolívar de Bogotá para condenar el reciente fallo de la Corte Constitucional que echó abajo dos artículos del Código Nacional de Policía que prohibía absolutamente el consumo de sustancias psicoactivas en los parques y espacios públicos. A la convocatoria solo concurrieron unas 200 personas pese a que en la plaza estaba Uribe quien hizo uso de la palabra al lado de una de sus más fervientes seguidoras y dirigentes la senadora, Paloma Valencia.

Tampoco las tienen todas consigo en el seno de las Fuerzas Armadas y de Policía. Las filtraciones sobre las órdenes impartidas por el comandante general del ejército, Nicacio de Jesús Martínez, primero a la Revista Semana que no las publicó y posteriormente al diario estadounidense The New York Times quien si las publicó muestran que aún en el alto mando militar no todos están dispuestos como lo hicieron en el pasado a seguir a ciegas órdenes que vulneran los derechos humanos y ponen en serio riesgo la seguridad jurídica de los militares. Hay una resistencia a volver a las prácticas ilegales del reciente pasado de actuar conjuntamente con los grupos paramilitares que tiene a cerca de 2000 militares sometidos a la JEP en dónde deberán confesar la verdad para ser acreedores de los beneficios judiciales contemplados en los acuerdos de Paz.

A lo anterior hay que agregar las investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia en donde está pendiente la fijación de fecha para una indagatoria a Álvaro Uribe Vélez por la manipulación de testigos en un proceso en contra del senador de la oposición Iván Cepeda Castro. Pero también cursan allí otras 13 investigaciones abiertas en contra de Uribe, tres de las más graves, en delitos declarados por la Corte Suprema como delitos de lesa humanidad, las masacres del Aro y la Granja en el municipio de Ituango, Antioquia y el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, cuando Álvaro Uribe era gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Como si fuera poco el Consejo de Estado debe decidir si abre formalmente una investigación por pérdida de investidura de senador a Álvaro Uribe por haber participado en el trámite y la votación de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Como se recordará en el año 2017 Uribe se había declarado impedido para participar en el trámite y la votación de la Ley Estatutaria, impedimento que fue aprobado en aquella ocasión.

En síntesis los recientes ataques y movidas para oponerse al avance y cumplimiento de los acuerdos de paz, lejos de reflejar una fortaleza lo que muestran es un debilitamiento de los sectores que se oponen al cumplimiento de los acuerdos de Paz. La caída de los índices de popularidad de Uribe que hoy se ubican en el 34% , también los bajos niveles de aprobación del gobierno, el éxito de campañas ciudadanas para que Uribe se retire de la vida pública así como la iniciativa de lograr un millón de firmas para que la justicia resuelva favorablemente la aprobación de las 16 curules para las víctimas de los 172 municipios más golpeados por la guerra entre el Estado y las FARC, muestran un lento avance y repunte de la movilización ciudadana por la Paz mientras muestran un debilitamiento de las posturas que quieren perpetuar el conflicto armado en Colombia.

El futuro de la construcción de la paz está en la movilización ciudadana, en la independencia del poder judicial y en la resistencia de los partidos de oposición y de los partidos independientes. Los enemigos del proceso se están debilitando y por eso es de esperar nuevos intentos por desestabilizar la institucionalidad democrática del país, “hacer invivible la República” que era la consigna de Laureano Gómez en los años cincuenta del siglo XX.                       

Bogotá, 20 de junio de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur