Este 24 de junio se cumplen 50 años del inicio de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado.  La reforma agraria peruana es considerada como una de las más pacíficas y profundas a nivel mundial, con expropiaciones rápidas de cientos de haciendas; y redistribución de tierras a cientos de miles de trabajadores, aparceros y comuneros a lo largo de todo el territorio nacional. Se puede decir que más que una reforma tradicional (que hubieron antes y en otros países), fue un cambio radical en las relaciones sociales, económicas y jurídicas en el campo peruano, un cambio que ha marcado (para bien y para mal) a la agricultura y sociedad peruanas de las últimas cinco décadas.

La reforma agraria peruana pertenece más a la generación de mis padres (que tuvieron participación tardía en el proceso reformista en su momento), y es considerada hoy por algunos como la fuente de todos los problemas del agro, mientras para otros como un proceso revolucionario de carácter progresista y casi intachable.  Lo cierto es que fue un periodo de cambios irreversibles que abrieron nuevas relaciones sociales y económicas, nuevas oportunidades y nuevos problemas agrarios.  Al parecer ni los propios militares sabían muy bien hacia donde iría el proceso, y mucha de la dinámica provino de la activa participación de trabajadores y comuneros, actores centrales del proceso de expropiaciones en las que el gobierno militar era aliado.  La dinámica fue compleja y diversa en el territorio y la sociedad rural (en la sierra sur incluso hubieron tomas comuneras de tierras en los 1970s y 1980s que tuvieron una lógica propia). Lo cierto es que el agro peruano fue profundamente transformado, y en la práctica desapareció una casta de hacendados costeños y gamonales serranos que eran parte de los sectores dominantes de ese entonces.

Luego del intenso periodo inicial de expropiaciones de haciendas, se pasó a la difícil organización y gestión de formas asociativas (cooperativas, EPS, SAIS) de las ex haciendas impulsadas por el régimen para evitar la fragmentación productiva y la destrucción del capital colectivo. Vinieron años de serias dificultades para estabilizar este nuevo modelo, que finalmente sería descalabrado con el regreso del Arq. Fernando Belaunde al poder a inicios de los 1980s.  Parte del problema fue que las formas asociativas fueron impuestas a los agricultores, y con serias deficiencias de diseño, gestión y organización.  Además, prevaleció un contexto macroeconómico de extracción de excedentes agrarios en favor de la industrialización urbana.  Para el gobierno conservador de Belaúnde fue relativamente fácil derribar al frágil sistema de cooperativas, decretando su parcelación y creando un nuevo sector de pequeños productores costeños (parceleros) y de valle en la sierra que hasta el día de hoy pueden considerarse como los principales "herederos" de la reforma agraria velasquista.

La historia de los años siguientes es más cercana a mi generación.  La extrema y despiadada violencia senderista y el total descalabro económico del primer gobierno de Alan García terminaron postrando aún más a la pequeña agricultura, una agricultura que ya venía descapitalizada y que sería abandonada a su suerte ante procesos de descomposición económica y social en esa nefasta década de los 1980s.  Este contexto generó las condiciones para que aparezca la contra-reforma agraria liberal iniciada en los 1990s por el gobierno de Alberto Fujimori y que se sustentaría en un proceso de reconcentración de tierras (y agua) desde una burguesía ligada a intereses urbanos, mayormente financieros y de servicios.  Este sector identificó en las tierras más ricas de la costa como oportunidad para recomponer negocios en el agro en base a una expansión agrícola financiada por el Estado mediante grandes proyectos de irrigación. El proceso se consolidó con la apertura comercial y la firma de tratados de libre comercio en los 2000s, así como con apoyos directos para la "industria naciente" (donde destaca la famosa Ley Chlimper, o de Promoción Agraria, que hoy se acerca a los 20 años y quiere ser extendida con el mismo argumento que no es otro que el del privilegio).   Apareció así una nueva casta de agroexportadores costeños, que opera unas 200,000  hectáreas bajo riego y unos 300,000 empleos en la costa, y que se ha convertido en actor clave del llamado "boom exportador" de frutas y hortalizas.

El problema es que este modelo agrario funciona bien sólo para los agroexportadores y sus ganancias, pero a costa de bajos salarios y condiciones precarias para los trabajadores agrícolas.  Pero incluso yendo más allá, no hay mucha evidencia de que las zonas agroexportadoras estén generado procesos de articulación y dinamización de territorios y de otros sectores de la agricultura.  En gran medida, los más de dos millones de pequeños agricultores (muchos de ellos herederos o hijos de los herederos de la reforma agraria) han sido totalmente excluidos de este modelo que ha ido consolidando un extremo dualismo agrario, incluso más marcado que el existente antes de la reforma agraria, dualismo que hoy es uno de los problemas estructurales de nuestra agricultura.

Luego de casi tres décadas de modelo liberal, las contradicciones y problemas para desarrollar el conjunto del agro nacional se han hecho evidentes en el reciente paro agrario, que ha abierto un nuevo e histórico momento en la agricultura peruana.  Se ha puesto en tela de juicio a la extrema desprotección a la pequeña agricultura familiar frente a la desleal importación de alimentos subsidiados, instrumento que ha sido utilizado sistemáticamente por el modelo liberal para erosionar a la pequeña y mediana agricultura orientada básicamente al mercado interno, es decir, a la alimentación de los peruanos.  El Estado neoliberal ha renunciado a generar cualquier política de protección y apoyo a este enorme y vasto sector social que hoy llamamos agricultura familiar, y se ha limitado a darle facilidades y gollerías a la agroexportación y a su voracidad por nuevos grandes proyectos de irrigación en la costa.  

Luego de cincuenta años, los desafíos de encontrar una senda de desarrollo agrario de amplia base social y territorial en nuestro país siguen vigentes; y quizás enfrentarlos hoy sea más urgente que nunca.  La reforma agraria vino para cambiar y quedarse en el tejido social agrario, pero pareciera que las élites económicas se siguen resistiendo a integrar a este tejido como parte del desarrollo capitalista moderno, desterrándolos más bien a la pobreza y marginalidad.  Las soluciones tendrán que venir de un modelo económico y social distinto, desde la propia agricultura familiar y las comunidades campesinas, desde las provincias; y con un modelo de Estado distinto, realmente descentralista y que promueva y se haga cargo de la dinámica económica de los territorios rurales.  Por eso este 24 de junio nos encuentra otra vez con el agro peruano en fase de transición. Quizás no habrá una nueva reforma agraria pronto, pero sí esperamos nuevas políticas y condiciones para encontrar la auténtica senda del desarrollo agrario y rural que nuestros agricultores se merecen.

-Eduardo Zegarra es investigador principal de GRADE

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