Sobre el tema de las sanciones de Estados Unidos, popularmente conocidas como "Nica Act" hay dos dimensiones a tomar en cuenta. Una es la dimensión moral, que hace que esa ley sea ampliamente rechazada por la población nicaragüense. Según la última encuesta de M&R, 7 de cada 10 personas están en contra de ella mientras casi 9 de cada 10 consideran que afectará a todo el mundo y no solo al Gobierno. "Miseria humana", el calificativo que le dio el presidente Daniel Ortega a quienes apoyan esa ley, es compartido por amplios grupos de la ciudadanía.

Con respecto a la otra dimensión, la de los daños que las eventuales sanciones puedan causar al país, hay que advertir, primero, que el objetivo de los golpistas es el de infundir pánico en la población. Además, cabe señalar que estos daños son muy difíciles de cuantificar por el contexto extremadamente fluido en la región y en el mundo, como el hecho de que los Estados Unidos han entrado en un año largo electoral, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la profunda crisis de legitimidad del neoliberalismo en la región.

Sin embargo, sí se puede aportar algunos datos que pongan en su verdadera dimensión el tema de las sanciones. Por un lado, el objetivo de los golpistas es sembrar la zozobra y el pánico entre la población para que esta se rinda ante las pretensiones de los golpistas.

Por otro lado, es importante resaltar que Nicaragua no está atada de pies y manos, sino que tiene alternativas y recursos con los que enfrentarlas, más allá de los niveles de conciencia de la población que, como lo muestra el estudio de M&R antes mencionado, así como el estado de ánimo en la sociedad en general, está marcado por un fuerte nacionalismo, antiintervencionismo y antiimperialismo.

La Propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, que es la versión de la Nica Act aprobada a fines del año pasado fusionó dos propuestas: La de Ileana Ros-Lehtinen, y la del senador Bob Menéndez.

El objetivo de esa ley es que el Gobierno sandinista se autoderroque. En teoría, la ley establece que mientras Nicaragua no adelante las elecciones, no reforme su sistema electoral y no "respete los derechos humanos", los Estados Unidos sancionarán a funcionarios sandinistas y vetarán todo préstamo al país en los organismos multilaterales en los que están representados. En la práctica, esto significa que las sanciones seguirán en pie hasta tanto el pueblo decida lo que los Estados Unidos quieren que decida.

Con respecto a las sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, la ley solo es de carácter propagandístico, porque ninguno de ellos tiene intereses financieros en los Estados Unidos ni en los paraísos fiscales. El verdadero daño contra el país está en el veto que los Estados Unidos puedan ejercer contra los préstamos a Nicaragua y es en ese sentido, que es importante tener una dimensión más realista de lo que podría suceder para que no caigamos en la campaña de miedo promovida por el golpismo.

Lo cierto es que la principal fuente de préstamos al sector público del país es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el cual los Estados Unidos no están representados. El BCIE ha manifestado públicamente que no está apoyando ninguna política de sanciones contra Nicaragua en materia de préstamos y es muy difícil creer que sus miembros vayan a ceder ante eventuales presiones estadounidenses, entre otras cosas porque esto pondría en riesgo la estabilidad del propio banco, regido por criterios estrictamente económicos.

Para tener una idea de en cuánto afectaría la "Nica Act" a las fuentes de financiamiento del país, veamos las cifras del Banco Central:

La cooperación externa, es decir, la cantidad de préstamos hacia Nicaragua en 2018 fue en total de 1,041.3 millones de dólares. De ese dinero, 657.6 millones, un 63.2%, fueron préstamos al Estado Nicaragüense. La mayor parte (85.1%) de esos préstamos, un total de 559.5 millones, fueron de organismos multilaterales. Pero la mayor parte de esos fondos vienen del BCIE, que como explicamos anteriormente, no participa en las sanciones estadounidenses contra Nicaragua.

De todos los préstamos que recibió el Gobierno de Nicaragua en 2018, el 56%, o sea 318.6 millones, son del BCIE. En realidad, lo que viene a ser afectado por la "Nica Act" serían los préstamos del BID (105.4 millones) y del FMI (71.1 millones), que en 2018 representaron 176.5 millones de dólares, un 27% de toda la ayuda al sector público y tan solo un 17% de todo el financiamiento recibido en 2018.

Hay otras fuentes de financiamiento externo de Nicaragua que no son afectadas por eventuales sanciones de los Estados Unidos, por ejemplo:

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) que en 2018 le prestó 29.1 millones de dólares a Nicaragua; Corea del Sur, que prestó 29 millones; Taiwán, que prestó 18 millones y diversos países de la Unión Europea que prestaron 16.5 millones.

De toda la cooperación externa de más de 1.000 millones, solo 109 fueron donaciones, el resto fueron préstamos.

Entonces, de ponerse en práctica las sanciones contempladas en la "Nica Act reforzada", ciertamente el daño sería serio, pero el país no está desarmado para enfrentarlo. Es cierto que los préstamos del BID/FMI son altamente concesionales, pero por otro lado Nicaragua ha estado por muchos años desarrollando una base económica propia en previsión de eventualidades.

Nicaragua tiene hoy las relaciones internacionales más diversificadas de todos sus 200 años de historia independiente. Los aliados internacionales que tiene son sólidos y hay varios con grandes perspectivas, como la India en el Asia o muchos de los países del Oriente Medio con recursos que aportar. Además, tiene una producción de alimentos y un nivel de organización social que le permiten hacer frente a amenazas mucho más serias que la "Nica Act".

Con una apreciación objetiva de las realidades, de las amenazas y de las fortalezas, y con una conciencia clara de quién se es que hacia dónde se quiere ir, los pueblos son invencibles.

Fuente: https://managuaconamor.blogspot.com/2019/06/nicaragua-no-esta-desarmada-para.html