Según el Artículo Nº 44 del capítulo sobre comercio en servicios del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, ambas partes acuerdan no imponerse derechos de aduana por las transmisiones electrónicas entre países¹. Este compromiso, que abarca ‘el comercio por medios electrónicos’, desde una lectura optimista simplemente cubriría la compra de productos en portales de Internet. No obstante, una perspectiva crítica indica un considerable beneficio para los países de la Unión Europea, en perjuicio del futuro de la industria digital del Mercosur, y la restricción de este último bloque en un debate central de la política internacional contemporánea: la gobernanza del flujo transfronterizo de datos².

Para entender lo que está en juego, hay que remontarnos a 1998, cuando los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron no imponer impuestos aduaneros a las transmisiones electrónicas entre fronteras. Esta moratoria se tomó para fomentar el desarrollo de las empresas de Internet en un momento en el que se desconocían las potenciales ramificaciones de la industria. Desde entonces, bianualmente los países han renovado este compromiso, aunque cada vez con más recelo. En efecto, 20 años después, la situación es muy diferente. Como bien detallan varios artículos al respecto de ALAI³, hoy sabemos que las promesas de una Internet descentralizada y horizontal están lejos de alcanzarse. Por el contrario, las desigualdades digitales son considerables. Pocas empresas de Internet (ej. GAFA, y BAT), concentradas en aún menos países, dominan el flujo transfronterizo de datos—que antes se llamaba transmisiones electrónicas entre fronteras— en cada vez más cantidad de industrias. Nuevos modelos de negocios basados en datos permiten que empresas como Uber, Netflix, Airbnb, Rappi, etc., operen globalmente en jurisdicciones donde a veces ni siquiera tienen presencia física o se presentan legalmente como PYMEs. Si bien estas empresas no dejan de ofrecer servicios de valor, los instrumentos de política pública pensados desde la óptica nacional están siendo insuficientes para regular los impactos económicos, fiscales, políticos y sociales de estas empresas.

Estos ejemplos son sólo la punta de lanza de la Cuarta Revolución Industrial en curso, que gracias a la Inteligencia Artificial, el 5G, la fabricación aditiva, la Internet de las Cosas, la robótica, etc., augura un crecimiento significativo de estos modelos de negocios transnacionales basados en datos. En este escenario emergente, el flujo transfronterizo de datos será cada vez más relevante, ya que en muchos casos no será necesario que un producto físico o un individuo cruce las fronteras de otro país. Por ejemplo, la manufactura aditiva, de la cual la impresión 3D es un caso, es considerada una amenaza al comercio mundial de bienes⁴, ya que le permitiría a una empresa en Europa fabricar productos a pedido en una planta del Mercosur, sin la necesidad de que el producto cruce las fronteras. Sólo bastará con la transmisión digital del archivo de diseño asistido por computadora (CAD) al lugar donde se ‘imprima’ el producto. Del mismo modo, la llegada del 5G facilitará que trabajadores puedan ofrecer todo tipo de servicios a la distancia, por ejemplo, se podrá operar máquinas de la construcción, como una grúa, a miles de kilómetros de distancia y en tiempo real⁵. Esto implica que la oferta de productos y servicios cada vez dependerá menos del cruce de bienes o personas a través de fronteras gracias al flujo transfronterizo de datos, que los sitúa en el centro de las disputas de la economía global.

Sin duda este nuevo mundo que se avecina ofrecerá múltiples oportunidades, pero también generará innumerables desafíos para el diseño de políticas públicas en países del Sur Global, que suelen ser importadores netos de estos servicios. Por ejemplo, según las estimaciones conservadores de un informe reciente de la UNCTAD, los países menos desarrollados son los más perjudicados por la moratoria al libre flujo de datos entre fronteras, ya que pierden hasta 10 mil millones de US$ en impuestos frente a los 289 millones de los países desarrollados⁶. Con respecto al Mercosur, el informa estima que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pierden 186, 109, 260 y 6 millones de US$ respectivamente. A estas cifras hay que añadir las críticas a la agenda de liberalización del comercio electrónico por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil, que denuncian que beneficiará fundamentalmente a pocos países y sus empresas transnacionales, en detrimento de los países menos desarrollados⁷. Por estos motivos, las normas sobre la gobernanza global del flujo transfronterizo de datos están en disputa. Por ejemplo, en la reunión del G20 de Osaka, la India se negó a firmar un compromiso sobre el ‘libre flujo de datos con confianza’ propuesto por Japón, y bendecido por Trump. En cambio, India pide discutir cómo generar riqueza a partir de los datos teniendo en cuenta las demandas de los países menos desarrollados⁸. De igual modo, dado que el vencimiento bianual sobre la moratoria a las transmisiones electrónicas entre fronteras vence a fines de este año, la India y Sudáfrica afirman que es el momento ideal para repensar significativamente como abordar este tema⁹, en vez de seguir extendiendo la moratoria como pretenden los países desarrollados.

En este contexto, si el Mercosur acepta el artículo 44º del tratado con la Unión Europea, sus países miembro estarían claudicando su poder de negociación en ámbitos multilaterales, justo en un momento donde otros Estados reclaman repensar el sentido de la moratoria a las transmisiones electrónicas entre fronteras más en líneas con objetivos de desarrollo. Esto dificultaría que los países del Mercosur se sumen a reclamos que buscan preservar espacios para implementar políticas públicas digitales soberanas y en línea con una Internet ciudadana. A mi juicio, se trata de un error estratégico, que expone a los países de la región aún más al nuevo colonialismo digital¹⁰, cuyas cadenas será difícil de romper.

- Maximiliano Vila Seoane es investigador posdoctoral de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina.