Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se manifestaron en contra de la iniciativa lanzada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, de ofrecer un “servicio cívico voluntario en valores” para jóvenes de entre 16 y 20 años, dictado por Gendarmería. Ofrecemos en esta nota los numerosos argumentos que fundamentan su rechazo.

El rechazo fue unánime. Esta iniciativa “tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”, según se detalla en la Resolución 598/2019, publicada este martes 16 de julio.

Allí se especifica que esto es debido a “la importancia que desde el Estado se impulsen medidas que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”. Se agrega que “desde el Ministerio de Seguridad, el compromiso con los jóvenes consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario”.

Respecto a la elección de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para que esté a cargo de esta tarea, la Resolución indica que la fuerza “viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad, tales como apoyo a distintas entidades públicas y privadas para el transporte y reparto de donaciones para establecimientos escolares en distintos puntos de nuestro país, por inundaciones, incendios y otros desastres naturales; (…) despliegue de grupos interdisciplinarios de profesionales de la salud, odontólogos, clínicos, pediatras, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros; las unidades que disponen de cocinas de campaña, brindan a distintas entidades y grupos comunitarios una asistencia gastronómica con comidas sencillas y ricas en calorías; el servicio de bandas con el que dispone la institución participa permanentemente en los distintos eventos públicos, sociales, institucionales, comunales, ejecutando marchas militares y música popular en los distintos puntos del país; (…) actividades de mantenimiento, arreglos y construcción de escuelas rurales, traslado de pobladores aislados y en situación de riesgo hacia los centros asistencia local, principalmente en el noreste de nuestro país, actividades de asistencia sanitaria en los barrios carenciados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gran Buenos Aires mediante un módulo sanitario y profesionales de la salud”.

Sin embargo, al ser consultada respecto a por qué era la Gendarmería la fuerza elegida para estas “capacitaciones”, la ministra Bullrich fue más allá y declaró: “Es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia, ni que hablar que la política”.

Orden y disciplina

Las críticas a esta propuesta no se hicieron esperar. Fueron automáticas y prácticamente unánimes. La Comisión Provincial por la Memoria caracterizó esta iniciativa como irresponsable y demagógica: “Pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”.

En el mismo sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron: “Luego de desfinanciar todos los niveles del sistema educativo, el gobierno decidió que la respuesta del Estado para les jóvenes que -como reconoció la ministra Bullrich en la presentación- no pueden ni estudiar ni trabajar va a quedar a cargo de una fuerza de seguridad militarizada. La iniciativa no generará trabajo, ni formación profesional útil. El gobierno especula con que el contacto con la Gendarmería inculque a les jóvenes disciplina y orden, como si el problema fuera de comportamiento y no socioeconómico, una especie de castigo o disciplinamiento anticipado. Se trata de otra medida que amplía espacios de intervención de las fuerzas de seguridad y armadas hacia ámbitos y tareas que no les corresponden. La decisión debe ser leída en relación con un enfoque del gobierno que instala el paradigma de la seguridad y el control en múltiples aspectos de la vida y que ahora decidió extenderlo también hacia la inclusión social”.

Para el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, “con esta medida el gobierno de Macri y Bullrich reafirma su plan de avanzar con el ajuste del FMI, fortalecer el aparato represivo, legitimarlo socialmente y disciplinar a la juventud. Siguiendo su política de reconciliación con los genocidas, una de las sedes del nuevo ‘servicio’ es Campo de Mayo, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y muerte durante la última dictadura militar”.

En un texto publicado en la Agencia Pelota de Trapo, Claudia Rafael se refirió a lo “voluntario” de la propuesta: “Adiestrar. Adoctrinar. Forjar ‘las potencialidades’ en aquello que Foucault definía como instituciones de encierro. Para –después de todo- vigilar y castigar. Eso sí: voluntariamente. Cuando nada es posible de ser elegido ¿qué es voluntario? ¿Qué es lo que se asiente y por qué cosas se opta en la vida cuando la calle y la ausencia de abrigo son una constante?”

Mano Dura

Eso es lo que para la CTA-Autónoma busca profundizar el servicio cívico: “Esta medida que no hace más que profundizar su política represiva y de ‘mano dura’ en vez de dar soluciones a los problemas de fondo como el hambre, la pobreza, la desocupación y la falta de acceso a la educación y a la salud”.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha aseguraron que esta iniciativa retrotrae a los momentos más terribles de la historia argentina y promueve el regreso de un servicio militar para adoctrinar y reprimir a los jóvenes: “Este proyecto forma parte de la política de mano dura que impulsa Patricia Bullrich, quien durante el gobierno de Mauricio Macri se ha encargado de otorgarle mayor poder a las fuerzas represivas y a su vez la impunidad necesaria para garantizar su accionar. Tal fue el caso del saludo del presidente al policía asesino Luis Chocobar, el encubrimiento de la responsabilidad de la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, y los numerosos casos de gatillo fácil que quedan sin condena”.

Antecedentes de la “institución más valorada”

“Las niñas y los niños no necesitan ingresar a la Gendarmería, necesitan respeto a su identidad, derecho a la educación, la salud, la familia, el descanso y el deporte.  Otro país es posible….y no será mezclando niñas y niños con represores que se logrará”, afirmaron desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Fueron varias las organizaciones que, ante la designación de la Gendarmería Nacional Argentina para capacitar a los jóvenes, recordaron su negro historial contra el pueblo argentino.

La Liga mencionó que la creación de destacamentos juveniles de GNA y fuerzas policiales es un “viejo objetivo de quienes tienen para cada problema una acción represiva y como único futuro para los jóvenes piensan en transformarlos en integrantes de una fuerza represiva”: “La Gendarmería Nacional se constituyó como una fuerza fronteriza pero hace demasiados años que fue sacada de la frontera para cuidar centros clandestinos durante la dictadura militar y para ocupar barriadas populares en gobiernos constitucionales. Nunca lo aprobamos, ni antes ni ahora. No son gendarmes lo que se necesitan en las barriadas populares sino viviendas dignas para todas y todos, escuelas, hospitales, fuentes de trabajo digno, empleo pago y espacios para el deporte y la recreación. Las niñas y los niños tienen el sagrado derecho a jugar, es decir, a ser niñas y niños”.

Claudia Rafael afirmó que se trata de la “misma gendarmería que tuvo clara responsabilidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado”, que es “aquella que el 29 de enero de 2016 arremetió a balazos de goma y plomo contra la murga de la Villa 1-11-14”, dejando once heridos, varios de ellos niños.

“La misma que exactamente dos años atrás reprimió a los trabajadores de la planta de PepsiCo Snacks de Florida que estaban luchando por su reincorporación. O que, en agosto de 2017, mató de un balazo por la espalda a un joven de 18 años que junto a otro huía después de un intento de robo.

La misma gendarmería –para entender que hay lógicas estructurales que van mucho más allá en el tiempo- que en marzo de 1996 baleó a ocho jóvenes en una esquina de Palermo Viejo y que, después, fue condenada a ocho años de cárcel”, enumeró.

Tras conocerse la Resolución 598/2019, el sitio La Izquierda Diario volvió a difundir un artículo de Claudia Ferri, que había sido publicado el 29 de agosto de 2017.

Allí se enumera el accionar de la Gendarmería en oscuros y dolorosos momentos de la historia argentina, como la Masacre Pilagá, el Operativo Independencia, la Noche del Apagón; también los primeros piquetes en rutas del sur del país durante los años noventa, como fue el Cutralcazo, donde la GNA “intervino en la mayoría de estos conflictos como fuerza de choque del gobierno nacional para desalojar las rutas nacionales y resguardar el ‘orden interno’.

En el inicio del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando reprimió una protesta en el Puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, matando a dos personas y dejando 28 heridos de bala.

Más cerca en el tiempo, en junio de 2014 cuando fue la fuerza encargada de reprimir las protestas de trabajadores despedidos de la autopartista Lear. Un año antes, había sido la encargada del llamado Proyecto X, a partir del que espiaba a dirigentes sociales y se infiltraba en movilizaciones. Tampoco se debe olvidar el Operativo Centinela, en el que la GNA asumió el nuevo rol de “combatir el delito”, trasladando a parte de su personal al conurbano y a los barrios pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El civismo de Gendarmería

El Espacio de Comunicación Anti-represiva Mucho Palo Noticias consideró que la medida anunciada en la Resolución 598/2019 es una variante de una similar puesta en marcha durante los años de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar: “En 1979 la imagen de la Gendarmería, que en ese momento aún dependía del Ejército, se encontraba devaluada. Como parte de un plan para mejorar su imagen y legitimar su accionar, se nombró como jefe al genocida Antonio Domingo Bussi, que venía de sembrar el terror como interventor en la Provincia de Tucumán.

En este contexto, y en el marco a su vez de la campaña propagandística que desarrolló en el país el gobierno militar, se puso en marcha el llamado ‘Plan de Acción Cívica de Gendarmería Nacional’, que tenía como objetivo una especie de integración de la fuerza represiva en la vida civil, mediante tareas como la reparación de edificios públicos como hospitales y escuelas, la donación de alimentos y materiales de construcción, y distinto tipo de presencia en la ciudadanía que buscaba mejorar la imagen que tenía la institución en la sociedad.

En el marco de dicho plan, se llegó a crear una ‘Gendarmería Infantil’, que era un espacio similar de capacitación, separado de la educación escolar, con la diferencia de que era para niños y sólo para varones, y que tenía como objetivo inculcar y promover en los infantes valores vinculados a lo militar y lo nacional.

Cabe destacar que dicho espacio, con modificaciones, siguió existiendo hasta el año 2012, cuando fue cerrado por decisión el Gobierno Nacional, no sin protestas por parte de las familias allegadas a la vida militar y a la Gendarmería en particular, fervientes defensores de sus valores.

Hoy tal vez no exista la necesidad de mejorar la imagen de la Gendarmería Nacional, ya que tal vez se encuentre pasando por uno de sus mejores momentos, al menos para un amplio sector de la opinión pública. Pero el Gobierno con esta medida intenta capitalizar esa buena imagen con la que cuentan sus fuerzas represivas, lograda con la ayuda invaluable de los medios hegemónicos, para realzarla y fortalecerla”.

La gran educación

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) sumó su rechazo a que sea la Gendarmería la encargada de dictar las “capacitaciones” del servicio cívico: “Es una institución que no está preparada ni proyectada para asumir tareas que competen a las instituciones educativas como es la formación profesional y cívica de los jóvenes. (…) El único lugar apropiado para la formación de nuestros niños y jóvenes son las escuelas y los colegios del sistema educativo. (…) (Los) jóvenes que no estudian ni trabajan no eligieron ese destino y son en realidad víctimas de las políticas impiadosas con que el gobierno nacional castiga con la exclusión a los hijos e hijas de los sectores más postergados de nuestro pueblo. (…) En lugar de insistir con propuestas discriminatorias que ya fracasaron anteriormente, lo que debería hacer el Ministerio de Educación es asignar los recursos necesarios para garantizar las políticas de inclusión educativa que con los sucesivos recortes fueron eliminándose sistemáticamente a partir del 2016”.

En igual sentido, el Frente de Organizaciones en Lucha remarcó que es la educación pública la institución encargada de fomentar la educación cívica de las y los adolescentes y de crear las oportunidades para su desarrollo, y que en la actualidad se encuentra totalmente vaciada y en condiciones de precariedad extrema: “La mayor parte de los docentes percibe salarios por debajo de la Canasta Básica Familiar, las escuelas se caen a pedazos, no tienen calefacción, los comedores escolares no dan abasto y reciben mercadería en malas condiciones, y sin ir más lejos el año pasado toda la comunidad educativa sufrió la terrible perdida de Sandra y Rubén por el estallido de una garrafa, producto de la desidia estatal y del abandono que viven los establecimientos escolares. (…) Exigimos el incremento del financiamiento de nuestros espacios de niñez y juventud, como así también nuestros jardines populares, donde participan más de 1000 niños/as y adolescentes, y desde donde promovemos talleres culturales, deportivos, comedores y merenderos. Es desde estos ámbitos que se garantizan los derechos de acceso a la recreación, la educación y la alimentación, que deberían ser cumplidos por el Estado”. 

Según el último informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó 9% en términos reales, y si se ejecuta lo que se presupuestó para 2019 la caída será del 19% en 3 años. A su vez, el poder adquisitivo del salario docente bajó 14% entre 2015 y 2018 con fuertes disparidades entre las distintas provincias.

Las garantías del Estado

La Comisión Provincial por la Memoria hizo referencia a su vez a que en la Resolución 598/2019 se menciona que el Estado debe impulsar medidas que ofrezcan oportunidades a jóvenes conforme a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En este sentido, consideró: “Son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El espíritu de esta ley, en consonancia con las normativas y recomendaciones internacionales, aboga por resolver teniendo siempre presente el interés superior del niño a partir de la intervención social del Estado. (…) El Estado debe garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; para tales fines es necesaria la existencia de recursos económicos y humanos suficientes, y políticas sociales integrales que contribuyan al abordaje de la pobreza estructural y la desigualdad, en clave de promoción y protección de derechos.

Las políticas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en manos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería son un claro retroceso para nuestra democracia. Pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia”.

Ejemplo vecino

El Ministerio de Educación de Brasil anunció la semana pasada que tiene la intención de construir para el año 2023, 108 escuelas de educación básica cívico-militar. Se trata de instituciones no militarizadas, pero con un equipo militar de reserva en el papel de tutores.

No sorprende que el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, defienda este modelo y prometa en su plan de gobierno que en dos años habrá "un colegio militar en todas las capitales de los estados".

1ero de agosto en las calles

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el lanzamiento del Servicio Cívico Voluntario en Valores es un “sinceramiento conservador dirigido al núcleo duro de votantes de Cambiemos”, que se basa en dos aspectos: “el inmediato, para ‘cohesionar a la sociedad’ militarizando su convivencia y diseñando juventudes sometidas, acríticas y quietas; y un segundo objetivo, que es el de desclasar a lxs pibxs, para transmitirles valores de la clase dominante y eventualmente, sumarlos al aparato represivo”.

Agregaron que la inscripción a este programa comenzará el 1ro de agosto, lo que calificaron como un gesto de cinismo, ya que se trata del aniversario de la muerte de Santiago Maldonado a manos justamente de la misma fuerza que ahora pretende dictar estas capacitaciones para jóvenes de entre 16 y 20 años.

En este sentido, manifestaron: “Para combatir este decreto, de la misma forma que hicimos en diciembre de 2018 contra el 956 que legalizó el gatillo fácil para las fuerzas federales, el 1ro de agosto tenemos que ser miles en las calles. Y demostraremos un repudio contundente de todo el campo popular a las medidas represivas de este gobierno que impone sus políticas de miseria y hambre a través del estado de excepción”.

Miércoles 17 de Julio de 2019

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/gobierno/26960-rechazo-un%C3%A1nime-2