En el Congreso de la República de Guatemala sigue predominando una alianza que articula intereses empresariales, militares y políticos que persiguen consolidar normas que garanticen privilegios, impunidad y represión.

Esta agenda legislativa, profundamente regresiva, está integrada por propuestas de iniciativas legislativas que ni por asomo buscan beneficiar a las grandes mayorías sociales y a los sujetos más vulnerables. Menos aún están dirigidas a resolver los graves problemas nacionales.

Tales iniciativas se dirigen a proteger y beneficiar intereses de poder económico, por ejemplo a empresas vinculadas con la distribución eléctrica, la seguridad privada y las vallas publicitarias. En ese sentido, han sido planteadas reformas que penalizan y aumentan las penas para aquellas personas que incurran en lo que ha sido tipificado como «robo de fluidos», sin considerar las causas que orillan a comunidades enteras a huelgas de pago que cuestionan el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica y proponen una política alternativa de «nacionalización de la energía» para garantizar ese derecho. Antes que solución al problema, se opta por una política exclusivamente represiva, que busca garantizar las enormes ganancias empresariales, mientras se obvia el problema histórico de falta de acceso a energía y los abusos que padecen, en especial, sectores rurales en condiciones de pobreza.

Con el mismo sentido se promueven reformas a la ley que regula los servicios de seguridad privada para disminuir los requisitos, calidades y controles de su funcionamiento, es decir, para proteger un negocio altamente lucrativo, cimentado en un mecanismo de privatización de la protección que no resuelve, sino que, por el contrario, impide la gestión de una política coherente de seguridad ciudadana. Por otro lado, se promueven una mayor liberación para la colocación de estructuras de vallas publicitarias en espacios públicos y la extensión de plazos en los permisos correspondientes.

En esta agenda legislativa también se busca reformar la Ley Constitutiva del Ejército con el objetivo de garantizar aumentos presupuestarios y mejoras económicas para el segmento de oficiales que controla el aparato castrense, aun cuando esto implique afectar otros rubros estratégicos e indispensables como los de educación y salud.

En cuanto a los intereses de estructuras criminales, se han propuesto reformas a la Ley de Extinción de Dominio con el objetivo de dificultar que bienes capturados a estructuras del narcotráfico pasen a ser propiedad del Estado. Asimismo, se busca reformar la Ley de Antejuicio para evitar que funcionarios sobre quienes se interponen solicitudes para que se allanen los procesos de investigación en su contra no pasen por la Corte Suprema de Justicia y se vayan directo al Congreso. Complementariamente, se busca permitir la excarcelación, la detención domiciliar e incluso la indemnización de personas privadas de libertad, claramente para beneficiar a militares, empresarios y políticos capturados por casos de corrupción, crimen organizado y financiamiento electoral ilícito a partir de 2015. Por último, y tan grave como lo anterior, se busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el propósito de amnistiar a violadores de derechos humanos y a responsables de crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

Para cerrar el círculo legislativo vicioso, se pretenden aprobar leyes de control y represión contra la protesta social y la defensa de derechos. Así pueden interpretarse aquellas iniciativas que buscan la anulación del derecho a la negociación de pactos colectivos en un contexto donde los derechos de la clase trabajadora son violados cotidianamente, sin que existan mecanismos eficaces para su protección. En ese orden de ideas, se busca penalizar los conflictos laborales y sancionar a los trabajadores en caso de que incurran en acciones que serían tipificadas como ilegales. Se busca, al mismo tiempo, incorporar nuevos tipos penales y aumentar penas en lo relativo a la usurpación agravada y a la alteración de linderos, lo cual lleva una dedicatoria a organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos de posesión y propiedad o que ocupan fincas como mecanismo para exigir derechos laborales violados. Se pretende también calificar de terroristas acciones de protesta de calle cuyo fin suele ser demandar derechos y atención a problemas sociales desoídos y negados por el Estado.

Estas tentativas legales, profundamente antidemocráticas y regresivas, se complementan con políticas del mismo tipo instituidas por el Organismo Ejecutivo y otros órganos estatales.

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